Un salvoconducto de hace dos siglos

Un decimonónico convenio bilateral entre España y Uruguay puede ser el salvoconducto para que miles de inmigrantes del país suramericano salgan de la clandestinidad. El tratado, suscrito el 19 de julio de 1870 entre ambos países, es la base jurídica esgrimida por la juez de Alicante Teresa Serra Abarca para atender las demandas de regularización de este colectivo de inmigrantes de manera preferente, como ya ocurre en los casos de peruanos y chilenos.

Salvo situaciones específicas, la Administración rechaza desde 2002 las solicitudes de regularización de inmigrantes a través del Régimen General. Sin embargo, una sentencia del Juzgado número dos de lo Contencioso-Administrativo de Alicante revoca esta práctica para el supuesto de los inmigrantes originarios de Uruguay. La magistrada ha buceado en los anales de los convenios internacionales y ha desempolvado el tratado bilateral entre España y Uruguay y lo ha aplicado para obligar a la Administración a estudiar la demanda de estos trabajadores con carácter excepcional. Hasta el momento, el juzgado ha fallado en favor de dos inmigrantes uruguayas y está pendiente de resolver otras cinco demandas en este sentido.

"Me dijeron que cuando tuviera papeles me volverían a contratar"

En el apartado de fundamentos jurídicos, la sentencia establece la vigencia del convenio de Reconocimiento, Paz y Amistad de 1870, ratificado el 28 de enero de 1883, que consagra el derecho de los ciudadanos de ambos países a ejercer libremente la profesión u oficio en cualquiera de los dos territorios nacionales.

El fallo judicial, dictado a finales de octubre, obliga a la Administración a tramitar los permisos de residencia y de trabajo de los ciudadanos uruguayos que lo soliciten y adjunten una oferta concreta de empleo, en virtud del citado acuerdo. Con ello logran superar la barrera casi infranqueable en que ha convertido la Administración la petición de papeles si los inmigrantes no están en los cupos acordados con los países de origen.

Uno de los trabajadores pendientes de la resolución que adopte la juez Serra Abarca es Damián Drews, de 27 años y diseñador gráfico. Una visita de la Inspección de Trabajo fue la causa del despido de su último empleo. "Me dijeron que cuando tuviera papeles me volverían a contratar", manifestó ayer. Damián declaró sentirse "discriminado" porque "uno viene a trabajar y no a hacer mal a nadie".

Su compatriota Angélica Rodríguez, de 41 años y con sólida formación en el mundo empresarial, respira más tranquila desde hace unas semanas. Angélica es una de las dos uruguayas afincadas en Alicante que tras ver denegada su solicitud de regularización acudieron a los tribunales. Inicialmente, la mujer ha ganado la primera batalla. El juzgado de Alicante ha fallado a su favor y, ahora sólo resta el veredicto final del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El Estado ha recurrido el fallo de la juez.

De abuelos españoles, Angélica llegó a España el pasado año con la esperanza de una mayor promoción social y laboral. Sin embargo, las trabas legales no se hicieron esperar y la abocaron a la clandestinidad. "Estar sin papeles me ha ocasionado muchos problemas, porque siempre estás limitada", explica.

Los inmigrantes uruguayos han llevado la iniciativa judicial bajo el amparo del sindicato CC OO. José María Ruiz, secretario de Política Social y Empleo de CC OO en Alicante, denunció ayer que la Oficina de Extranjería de la ciudad deniega por sistema la tramitación de los papeles a los interesados uruguayos, a pesar de las sentencias que está dictando la juez Serra Abarca.