El Gobierno arrebata a la Generalitat la capacidad de vetar el trasvase del Ebro

Con el pretexto de adaptar la ley del trasvase (Plan Hidrológico Nacional) a una directiva europea, el Gobierno ha introducido una enmienda en la ley de acompañamiento de los Presupuestos que arrebata la facultad de vetar el trasvase del Ebro que había atribuido a un consorcio presidido por el Gobierno catalán. Esta prerrogativa fue una concesión del PP a CiU a cambio de que esta formación apoyara la ley del trasvase en julio de 2001. CiU lo considera "una traición al contenido de la ley y un fraude", por lo que se desvincula del PP y queda con las manos libres para negociar con ERC el nuevo Gobierno catalán.

La enmienda no figuraba en el paquete sobre la transposición de la directiva marco del agua que el Ministerio de Medio Ambiente sometió a aprobación del Consejo Nacional del Agua antes de las elecciones legislativas catalanas del pasado 16 de noviembre. Se introdujo después.

La nueva disposición añadida a la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) deroga un apartado de la norma según el cual el Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (CPIDE), presidido por CiU, era el organismo que debía definir el caudal ecológico del río aguas abajo de la toma del trasvase, lo que, en la práctica, le daba la llave para decidir el trasvase y su volumen. Con esta facultad y el voto de calidad de la presidencia del consorcio, CiU ha venido vetando el trasvase desde la constitución del CPIDE al fijar el caudal ecológico del Ebro en 135 metros cúbicos por segundo, cantidad suficiente para determinar que el río no tiene aguas excedentarias y, por tanto, es inviable el trasvase anual de 1.015 hectómetros cúbicos desde octubre hasta mayo hacia el norte (Barcelona) y hacia el sur (Valencia, Murcia y Almería).

"El régimen hídrico del río Ebro", añade la enmienda del PP, "se determinará de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Aguas y en su normativa de desarrollo para todas las cuencas intercomunitarias de España".

El Gobierno justifica el cambio con la necesidad de adaptarse a la legislación europea, que crea una nueva figura jurídica, la demarcación hidrográfica, como unidad de gestión del agua. Esta nueva normativa considera competencias del Estado "la gestión de aguas pertenecientes a las cuencas intercomunitarias". "La propuesta", añade la enmienda, "no supone incremento alguno de gasto público".

En la ley del trasvase se daba un año de plazo para la aprobación de un plan integral del delta del Ebro en el que el Ministerio de Medio Ambiente proyectaba invertir más de 450 millones de euros para mitigar el deterioro del delta y frenar la penetración de la cuña de agua salina en el río. La aprobación del plan corresponde al Consejo de Ministros, pero su debate en el consorcio fue bloqueado por CiU en julio pasado.

Los partidos aragoneses calificaron ayer de "fraude de ley" la maniobra del PP. En su opinión, es un abuso introducir en la ley de acompañamiento una enmienda por la que el caudal ecológico deja de ser competencia del CPIDE.

En opinión del presidente de la Chunta Aragonesista (CHA), Bizén Fuster, la enmienda es "un intento del Gobierno central de burlar la ley que ellos mismos aprobaron" y otorga al Gobierno central la "última palabra" sobre el caudal mínimo que establece el plan integral del delta. A su juicio, supone casi "un fraude de ley" con objeto "de que otros no puedan utilizar la ley para defender sus planteamientos" y es "reprochable", ya que supone una falta de respeto a las competencias de las comunidades autónomas.

El coordinador de IU en Aragón, Adolfo Barrena, denunció la actuación del Gobierno porque supone un "nuevo abuso" de la mayoría absoluta que tiene el PP para continuar adelante en su empeño de intentar demostrar que el trasvase se hará. Barrena explicó que el Gobierno ha incorporado a su normativa una directiva comunitaria, "pero con una trampa más", al utilizarla para introducir en la ley de aguas el término "demarcación hidrográfica" en sustitución del de "cuenca hidrográfica". Por ello, el plan integral del delta del Ebro, que hasta ahora era uno de los "principales escollos" para la obtención de fondos europeos, será aprobado según la ley de aguas y no por la del Plan Hidrológico Nacional, precisa Barrena.

El Partido Aragonés (PAR) afirma que esta iniciativa del Gobierno obedece a su "nerviosismo y al enojo producido ante las dificultades para sacar adelante el PHN, que contiene el trasvase del Ebro". El vicepresidente del PAR y portavoz en las Cortes de Aragón, Javier Allué, señaló en un comunicado que "lo único que le importa al PP es salirse con la suya, hurtando el debate, pase lo que pase con el futuro de Aragón y pase lo que pase con el delta".