Disidentes cubanos inician protestas y huelgas de hambre en prisión
Al menos siete de los 75 disidentes encarcelados en Cuba desde marzo, acusados de "conspirar" con Estados Unidos y de atentar contra "la integridad e independencia del Estado", se encuentran plantados en una prisión de la provincia de Pinar del Río, en protesta por las condiciones "infrahumanas" en que cumplen condena, informaron en La Habana familiares de los prisioneros y activistas de los derechos humanos. Según el disidente Elizardo Sánchez, la mayoría de los opositores se hallan en celdas de aislamiento, "expuestos a plagas de insectos y de ratas", bebiendo agua no potable y con visitas familiares restringidas.
En Pinar del Río, los reos que se insubordinan rechazando el uniforme de preso y se quedan en calzoncillos son Héctor Palacios, Normando Hernández y José Daniel Ferrer (condenados a 25 años de cárcel); Diosdado González Marrero, Arturo Pérez de Alejo y Leonel Grave de Peralta (a 20 años), y José Ubaldo Izquierdo (a 16 años), todos arrestados y sentenciados en juicios sumarísimos el pasado marzo.
Gisella Delgado, esposa de Héctor Palacios, declaró que la protesta se inició el pasado 11 de noviembre, cuando los oficiales del penal impidieron que la familia entregara a José Daniel Ferrer un paquete con alimentos y medicinas, alegando que rebasaba los 13 kilos estipulados por el reglamento.
"Al quejarse la familia, se suspendió la visita y Ferrer inició una protesta que fue secundada por Héctor Palacios y otros prisioneros", afirmó Delgado, quien, junto a una docena de esposas de los disidentes presos, se reúne cada domingo en la iglesia de Santa Rita, en La Habana, para denunciar la situación de sus familiares.
El mes pasado, otros siete opositores encarcelados en Holguín se declararon en huelga de hambre por las malas condiciones en que cumplían condena. "Todos sobreviven en condiciones infrahumanas. Cuba no aplica las normas de la ONU para el trato a presos y detenidos ni permite el acceso de la Cruz Roja", afirmó Sánchez, denunciando que la dispersión de reos en cárceles alejadas a cientos de kilómetros de sus casas supone un castigo extrajudicial para sus familias.
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