El PP impide por ley que las comunidades puedan mejorar las pensiones no contributivas

El PP hizo valer ayer su mayoría en el Congreso para enfrentarse a la oposición y aprobar la ley que trata de impedir que las comunidades autónomas puedan mejorar las pensiones no contributivas. La norma, que contó con 154 votos, del PP y CC, y 120 noes, del resto de los grupos, la puso en marcha el Gobierno en febrero de este año después de que el Tribunal Constitucional reconociese el derecho de la Junta de Andalucía a complementar esas prestaciones. El PSOE y CiU han anunciado que acudirán de nuevo al alto tribunal, y Andalucía y Cataluña, que van a seguir mejorando las pensiones más bajas. De hecho, el presidente Manuel Chaves ha anunciado que hoy mismo un Consejo de Gobierno extraordinario aprobará un decreto para complementar con carácter inmediato las pensiones no contributivas y las de viudedad y estudiar cómo recurrir la ley.

Chaves aprobará hoy mismo las nuevas ayudas en un Consejo de Gobierno extraordinario

La aprobación definitiva de la Ley de Medidas Específicas en Materia de Seguridad Social en el Pleno del Congreso cierra un nuevo capítulo del contencioso que enfrenta al Gobierno central con las comunidades autónomas, lideradas en este caso por los socialistas de la Junta de Andalucía. El pulso se inició en diciembre de 1998 cuando la Junta que preside Manuel Chaves decidió dar luz verde a una ayuda para los beneficiarios de las pensiones no contributivas a través de una paga de 56,47 euros, abonada de una sola vez en 1999 a 100.000 andaluces.

Se trata de las pensiones más bajas del sistema que reciben los jubilados o inválidos que no han cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho los años suficientes para tener derecho a las prestaciones contributivas, y su cuantía actual es de 268,77 euros al mes por 14 pagas.

Con la ley aprobada ayer, el Gobierno del PP pretende perfilar "con toda nitidez" qué es el régimen público de Seguridad Social, que éste es competencia exclusiva del Estado y que sólo a él le corresponde decidir las subidas de todas las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas. Una norma cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros en febrero de este año, dos meses después de que el Tribunal Constitucional desestimase los conflictos de competencias promovidos por el Gobierno central contra el decreto autonómico andaluz. El Constitucional avaló las ayudas complementarias de la Junta a favor de los pensionistas por entender que se encuadraban en el ámbito competencial autonómico de la asistencia social y no en el de la Seguridad Social, exclusivo del Estado.

El fallo razonó que "nada impediría, desde la perspectiva de la legitimidad constitucional, que las comunidades autónomas con competencia en materia de asistencia social otorgasen ayudas de esta naturaleza a colectivos de personas que, aun percibiendo prestaciones asistenciales del sistema de Seguridad Social, se encontraran en situación de necesidad, siempre que con dicho otorgamiento no se produzca una modificación o perturbación de dicho sistema o de su régimen económico".

La resolución reconoció "la dificultad y complejidad" de "todo intento de deslinde de las fronteras entre la Seguridad Social y la asistencia social", pero resaltó que las ayudas recurridas por el Gobierno tienen "carácter complementario", son limitadas en el tiempo y se abonan a cargo de los presupuestos autonómicos.

Apoyándose en este argumento, el Gobierno del PP puso en marcha una nueva ley, aprobada ayer definitivamente en el Parlamento, en la que se precisa que "cualquier prestación de carácter público que tenga por finalidad complementar, ampliar, o modificar las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social, en sus modalidades contributivas y no contributivas, forman parte del sistema de la Seguridad Social". Se añade que se pretenden garantizar "los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad del sistema" para los pensionistas, cualquiera que sea su lugar de origen.

La diputada socialista Isabel López y Chamosa afirmó en el Pleno que la norma nació como fruto del enfado del Gobierno central ante el fallo del Constitucional que amparó el complemento a las pensiones del Ejecutivo andaluz. También mostró su oposición el diputado de CiU Carles Campuzano, quien denunció que la ley "impide el libre ejercicio de competencias por parte de los gobiernos autonómicos. En el criterio de ambos, se "vulnera" el reparto competencial, pues las comunidades tienen asumida la asistencia social y consideran que en esta materia se enmarcan cuestiones de prestaciones sociales.

PSOE y CiU estudian ya la presentación de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional. Así lo manifestó el socialista Ramón Jáuregui durante la tramitación parlamentaria de la norma, y Campuzano lo reiteró ayer en los mismos términos, apuntando que no duda de que, tal como queda redactado el texto de Seguridad Social, las autonomías recurrirán la ley una vez que entre en vigor.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña van a seguir adelante con el complemento de las pensiones no contributivas, además de las asistenciales y las mínimas de viudedad, tal como les avala el alto tribunal. El portavoz parlamentario del PSOE andaluz, José Caballos, afirmó en Sevilla que la aprobación de esta ley no impedirá que el Gabinete de Manuel Chaves mantenga su iniciativa "está amparado" por la sentencia del Constitucional. Hoy mismo se reunirá el Consejo de Gobierno.

Caballos afirmó: "Definidos unos colectivos con pensiones tan bajas como éstas y oponerse a que la Junta mejore estas pensiones con un complemento es sencillamente una actuación derechista y que demuestra la falta de sensibilidad social del PP". Añadió que se trata de ayudas a "pensiones de 26.000 y 40.000 pesetas, y de las de viudedad, de 50.000". Para este año, la Junta tiene previsto complementar las prestaciones no contributivas, las asistenciales y las mínimas de viudedad para un total de 300.000 ciudadanos. Lo aprobará hoy, para que entre en vigor con carácter inmediato.

El Gobierno andaluz, además, valorará la redacción de la ley ante un previsible "choque jurídico". "Merecerá la pena pelear política y jurídicamente contra una medida tan injusta y centralista", dijo Caballos.

Este malestar se comparte en Cataluña. "Con la aprobación de esta ley el PP perjudica la calidad de vida de las personas con riesgo a sufrir exclusión social y demuestra la involución autonómica que defiende", declaró a Efe la consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau.

La patronal, por el contrario, ha saludado la iniciativa del PP. "La ley es adecuada en términos de solidaridad", dijo José María Cuevas, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).