La doble llave

El arranque de las negociaciones entre los tres partidos catalanes con posibilidad de formar gobierno (CiU, PSC y ERC) confirma que el espacio abierto por las elecciones autonómicas es tan amplio como incierto. De creer las declaraciones de algunos portavoces socialistas, habría que excluir cualquier hipotético pacto entre CiU y PSC. La gran alianza de los dos principales partidos (que obtuvieron respectivamente 46 y 42 escaños el 16-N) implicaría la jubilación política de Maragall: es poco probable que Mas cediese la presidencia de la Generalitat a su rival socialista o que éste aceptase un puesto subalterno en el Gobierno de coalición. Ese melancólico acuerdo entre CiU y PSC, que han perdido votos a chorros respecto a la convocatoria de 1999, sería interpretado como el intento de proteger oscuros intereses partidistas, desde la ocupación de cargos públicos hasta el mantenimiento de redes clientelares.

También parece descartable un Gobierno en solitario de CiU apoyado por grupos parlamentarios capaces de formar mayorías diversas en función de las cuestiones debatidas. Aun ocupando el tercer puesto en el podio electoral, el impresionante avance de ERC (casi ha doblado sus escaños y sus votos) le ha convertido, sin embargo, en el gran protagonista de los comicios; sus 23 diputados le permitirían escoger de forma alternativa a CiU o al PSC como acompañante en el poder. Abandonada su consigna inicial de Gobierno catalán de concentración (del que sólo hubiese estado excluido el PP), Carod-Rovira quiere superar ese dilema electivo con un Gobierno tricolor en el que participarían tanto convergentes como socialistas; aunque aceptada por CiU, el PSC ha rechazado ya la iniciativa. Pero los propósitos últimos de los dirigentes de ERC en esa negociación a dos bandas con CiU y PSC continúan siendo un misterio: ¿está Carod-Rovira de verdad sopesando las ofertas de uno y otro partido antes de escoger o tiene decidido desde el principio cuál va a ser su socio y trata simplemente de subir el precio de sus servicios en la subasta con esas conversaciones?

En teoría, Artur Mas tiene el derecho consuetudinario a ser llamado en primer lugar para formar gobierno. El entendimiento de CiU con ERC haría realidad el frente nacionalista que Pujol pudo -pero no quiso- constituir durante la anterior legislatura. El PSC reclama en vano la primogenitura electoral con el argumento de que es el partido mas votado -por unas 8.000 papeletas- en las urnas. El origen de esa discrepancia entre escaños y votos se remonta al Estatuto de Sau de 1979, cuya disposición transitoria cuarta distribuyó los diputados entre las cuatro provincias catalanas -hasta que el Parlamento catalán aprobase su propia norma electoral- de forma tal que Barcelona designase 85 diputados mientras que Girona, Lleida y Tarragona escogiera 17, 15 y 18, respectivamente, en perjuicio de la circunscripción electoral mas poblada.

Si CiU no lograse formar gobierno, los socialistas podrían intentar un pacto tripartito con ERC e ICV. Aunque tal posibilidad formaba ya parte del horizonte de la campaña electoral del PSC, las urnas han modificado la eventual correlación de fuerzas dentro de ese hipotético Gobierno tripartito en perjuicio de los socialistas. No se trata sólo de que la frustración de sus expectativas de un desahogado triunfo electoral haya debilitado la posición del PSC para negociar desde una posición ventajosa. Todavía más importante es que ERC dispone de una doble llave que le permite formar mayorías alternativas con CiU y el PSC a su entero gusto: cualquiera que fuese la pareja elegida por Carod Rovira para abrir el baile, siempre podría amenazar a su socio de gobierno con una moción de censura para engañarle con su rival.

La alianza entre PSC, ERC e ICV permitiría al PP redoblar su ensordecedora tamborrada propagandística destinada a poner en duda la lealtad de los socialistas a la Constitución en vísperas de su XXV aniversario; la manipuladora utilización por el Gobierno de la condena del plan Ibarretxe -la valerosa alcaldesa socialista de Lasarte denunció con energía esa indigna provocación- en la clausura de la Federación Española de Municipios pone de manifiesto que el PP está dispuesto a sacrificar la unidad de las fuerzas democráticas contra el terrorismo antes que renunciar a la sectaria estrategia de imponer a los demás su monopolio de la ortodoxia constitucional.