La revisión de la concertada

La principal característica del sistema educativo español es su dualidad: su división en dos redes, la pública y la privada concertada, que en algunas comunidades (como Cataluña y el País Vasco) se reparten a la mitad los centros en la educación obligatoria. Y aunque la red pública cuenta con el 66,6% de los centros españoles no universitarios, la concertada con el 24,8% y la privada sin subvención con el 8,5%, la realidad es muy desigual en cada comunidad autónoma y la pública pierde cada vez más peso en las comunidades con mayor PIB regional. Además, si se tienen en cuenta los conciertos sólo en la educación obligatoria (de 6 a 16 años), los conciertos alcanzan el 33% del sistema educativo.

"No debe ser el mismo en un colegio del barrio de Salamanca que en otro del sur de Madrid"

Esta dualidad condiciona cualquier decisión que afecte a cambios y financiación del sistema educativo. Influye además directamente en cuestiones clave en la educación actual, como la escolarización de los inmigrantes, el reparto entre todos los centros del sistema del alumnado procedente de familias socialmente desfavorecidas y la apertura de los centros fuera del horario lectivo para dar una oferta de actividades extraescolares a precios asequibles.

Un elemento muy relevante a tener en cuenta a la hora de analizar posibles reformas de la actual situación es el hecho de que alrededor del 90% de los centros concertados pertenecen a congregaciones religiosas católicas. Esto complica la integración en ellos de niños de otras religiones. De hecho, el 82% de los estudiantes inmigrantes estudian en centros públicos, según CC OO.

Los centros concertados llevan años reclamando la revisión de las partidas de financiación que reciben, pero la red pública también habla de "desmantelamiento" y reclama más financiación y un apoyo explícito. Muchos centros concertados argumentan que con el dinero que reciben de los conciertos no tienen suficiente para mantenerse, motivo por el que cobran a los padres cuotas "voluntarias", generalmente a través de las asociaciones de padres o de fundaciones. Por los motivos de unos y otros, los principales expertos en educación españoles coinciden en que la situación necesita una revisión. Muchos resaltan que esta reforma debe ir acompañada de un plan de financiación para la escuela pública. Ambas cosas parecen, en cualquier caso, poco viables si no se produce un aumento considerable del presupuesto educativo.

El vicepresidente de la Confederación laica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), Ginés Martínez Cerón, recuerda que el sistema de conciertos "se ha desvirtuado a lo largo del tiempo". "Se crearon los conciertos para que formaran una red subsidiaria, de apoyo a la pública, donde fueran necesarias más plazas, y no como una segunda red. Pero se ha ido convirtiendo en un sistema que ya no pretende ser complementario de la pública, sino competir con ella, pero no en las mismas condiciones, porque es elitista". Martínez Cerón considera que la red concertada en general "no cumple con las condiciones que debe tener una red subvencionada con fondos públicos: no se garantiza la gratuidad (se cobra mediante diversos medios) y se rechaza una parte de la matriculación de alumnos inmigrantes, con necesidades educativas especiales o con problemas educativos".

"El dinero que se da para renovar muchos conciertos está contribuyendo a desmantelar la pública. No tendríamos nada que decir si ésta estuviera bien atendida. Hay que analizar a fondo la situación y, primero, atender las necesidades que están surgiendo a la red pública y ofrecer una oferta de calidad. Y, una vez solventadas esas carencias, atender a la concertada. Y si hablamos de integración de la inmigración en la sociedad debe hacerse también en la concertada. Pero no hay que olvidar que hay localidades en las que la Administración envía a muchos niños a centros concertados porque no hay plaza en los públicos. Esto afecta al derecho de las familias a elegir centro". añade Martínez Cerón.

El catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación y ex secretario de Estado de Educación con los gobiernos socialistas, Álvaro Marchesi, asegura que hay que modificar el sistema de conciertos "para tratar de forma diferente a los colegios que son diferentes". Marchesi propone establecer dos tipos de conciertos: uno básico, con los compromisos y exigencias actuales, y uno integral, "al que se sumarían voluntariamente los centros que aceptaran un control directo en la admisión de sus alumnos y la ausencia de cualquier tipo de cuotas adicionales a cambio de recibir por parte de la Administración educativa más medios humanos y materiales en función del proyecto educativo que pusiera en marcha". Marchesi no duda de que "un número significativo de centros concertados, sensibles a la equidad educativa, aceptarían este compromiso mutuo que exigiría el concierto integral".

El ex secretario de Estado de Educación justificó en la XVIII Semana Monográfica de la Educación, organizada por la Fundación Santillana la semana pasada, que el módulo de conciertos no debe ser el mismo para un colegio, por ejemplo, del acomodado barrio de Salamanca en Madrid que para otro en Villaverde, en la zona sur de la capital. "Mientras que los primeros reciben apoyo económico de las familias, los segundos no tienen esa posibilidad". Y añadió: "No es justo que la plantilla de profesores, el número de alumnos por aula y los gastos de funcionamiento de los centros sean los mismos para todos los centros. No es justo en los centros públicos, pero tampoco en los concertados".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, señaló que estarían dispuestos a una revisión de los conciertos que garantizase las mejores condiciones de escolarización y de la acción educativa de los centros concertados. "Estaríamos dispuestos a revisar la cuantía de algunos módulos siempre que estos centros cumpliesen con escrupulosidad las condiciones que la transferencia de fondos públicos supone. Es decir, que garantizasen el pago delegado para todo el personal de los centros concertados, la homologación de las condiciones de trabajo de los profesionales con los de la red pública, la gestión democrática de los centros, la transparencia del uso de los fondos públicos, la gratuidad de la enseñanza, y la mismas condiciones de escolarización para todo tipo de alumnado".

El secretario general de FETE-UGT, Jesús Ramón Copa, señaló que aunque los actuales conciertos no cubren la totalidad de gastos de los colegios concertados, la patronal de estos centros los está tomando "como excusa" para establecer una doble vía de financiación. "Lo ha reconocido abiertamente Jordi Pujol y algún representante de la patronal", aseguró. Y señaló también que con los módulos de conciertos actuales no se cubren los salarios y condiciones laborales del profesorado. "Pero esto a la patronal no le preocupa, porque simplemente quiere que le incrementen lo relacionado con otros gastos o que se extiendan indiscriminadamente los conciertos a niveles posobligatorios", añade Copa.