Territorio y retórica política

El Consell de la Generalitat, tras múltiples anuncios y dilaciones, conoció en su reunión del pasado 14 de noviembre el anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOT), elaborado por la nueva Consellería de Territorio y Vivienda.

Lo que sorprende es que, existiendo ya una LOT desde 1989, el gobierno del Partido Popular se haya dedicado a prometer y después a posponer la elaboración de una nueva sin haber siquiera desarrollado y aplicado de forma efectiva la existente. Hasta tal punto ha llegado el retraso que la presentación del nuevo texto fue incluso objeto, en septiembre de 2000, de una resolución del pleno de las Cortes Valencianas por la que instaba al Consell a dar prioridad a su redacción. Desde que accedió al poder, hace ya ocho años, la pretendida necesidad de un nuevo texto legal ha sido el argumento utilizado por el PP como coartada para eludir el desarrollo y aplicación de la Ley vigente.

Durante ese tiempo, el Consell y el Grupo Popular en el Parlamento valenciano han puesto repetidamente de manifiesto su nula voluntad de impulsar una protección adecuada de los espacios más amenazados de nuestro territorio. Especialmente reveladora de ese desinterés fue la actitud de los populares frente al éxito ciudadano de la Iniciativa Legislativa Popular para la tramitación de una proposición de Ley reguladora del proceso de ordenación y protección de l'Horta como espacio natural protegido. Aquella iniciativa, aún a pesar de haber obtenido más de 117.000 firmas acreditadas, fue rechazada por el gobierno popular y su grupo parlamentario en noviembre de 2001 con la misma excusa: que ya estaban trabajando en una Ley de Ordenación del Territorio que habría, no sólo, de "salvar" la huerta, sino también de abordar el conjunto de problemas que aquejan al territorio valenciano.

En los últimos meses de la legislatura 1999/2003 se presentó un proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y del Suelo No Urbanizable con un evidente fin electoralista pues, tal y como el propio Consell sabía, el texto no podía alcanzar a ser tramitado por expiración del periodo de sesiones. Pero, en lugar de retomar aquel proyecto, nos sorprenden ahora con un nuevo texto elaborado por la Conselleria de Territorio y Vivienda, que más parece una declaración de intenciones que un texto legal.

Nos encontramos ante un texto retórico y meramente programático, que abusa de formulas del tipo "se procurará", "se fomentará", "se podrá", es decir expresiones sin eficacia jurídica real que, en la mayor parte de los casos, no incorporan obligaciones para las administraciones que puedan ser exigibles por los ciudadanos y ciudadanas.

El anteproyecto, de forma sorprendente, renuncia a regular el suelo no urbanizable, como si éste no formase parte esencial del territorio, incorporando la referencia, más difusa, a la protección del paisaje, en un intento de emular a normas europeas que, en cualquier caso, debieran ser tomadas como referente obligado en su integridad y no de manera meramente superficial como hace el texto de la Consellería.

De otra parte, ninguna de las determinaciones del anteproyecto está sujeta a plazos concretos para su desarrollo y puesta en vigor, carece de previsiones presupuestarias que garanticen su viabilidad y pospone su efectividad a posteriores decretos del Consell que, por su propia naturaleza, serán normas que escaparán al control parlamentario y al debate público; un debate que debiera ser imprescindible en un tema de especial importancia como es la elección de un modelo de desarrollo para el territorio valenciano y los mecanismos para una gestión racional, sostenible y democrática del mismo.

El texto, en tanto no precisa plazo alguno para su desarrollo ni para la implantación y puesta en funcionamiento efectivo de los instrumentos de gestión que introduce, se convierte en un verdadero cheque en blanco para el Consell, el cual tendrá la facultad de decidir el cuándo y el cómo se aplica una ley singularmente imprecisa desde un punto de vista jurídico.

El anteproyecto evita, además, adoptar cualquier tipo de moratoria sobre las reclasificaciones de suelo en ámbitos territoriales especialmente amenazados como son l'Horta de Valencia y el litoral. Algo repetidamente demandado tanto por colectivos ciudadanos como por los grupos de la oposición parlamentaria y que, incluso, contemplaba el proyecto presentado en la legislatura anterior a las Cortes Valencianas.

Especial beneficiaria de la aprobación del anteproyecto presentado ahora sería la propia Consellería de Territorio y Vivienda que incorporaría a su organigrama un denominado Instituto de Estudios Territoriales y del Paisaje, con naturaleza mercantil, además de reservarse la gestión de la mayor parte de los instrumentos y políticas territoriales a aplicar, con lo que incidirá en las actuaciones de otras consellerías en razón a la transversalidad que se proclama en el texto. La misma Consellería de Territorio y Vivienda que ha confirmado que promoverá la reclasificación de 40.000 metros cuadrados de la escasísima huerta protegida que queda en la ciudad de Valencia, para dedicarlos a un fantasioso proyecto urbanístico que amadrina Consuelo Ciscar.

En resumen, el anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje resulta más una declaración de intenciones de naturaleza política que un verdadero texto normativo eficaz para afrontar los problemas del territorio valenciano y que debajo de su hábil retórica oculta una noción productivista del territorio como elemento de crecimiento económico. Su texto parece ignorar que es urgente abordar la protección de ámbitos como el litoral, l'horta o las comarcas del interior singularmente amenazados por presiones urbanizadoras y poblacionales, así como la necesidad de establecer una moratoria temporal que evite nuevas reclasificaciones de suelo no urbanizable, hasta tanto se elaboren los instrumentos de ordenación adecuados; carece de calendario y compromisos económicos concretos para su implantación y no articula espacios reales para la participación ciudadana en la definición de la estrategia y de las políticas concretas a adoptar para la sostenibilidad del territorio valenciano.

Antonio Montiel, Pedro Vila y Pep Trasancos son miembros de Associació PER L'HORTA