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Gabriel Elorriaga considera el 'plan Ibarretxe' un "ultimátum" a los vascos

El secretario de Estado aprecia un "doble fraude" en la iniciativa

Javier Rivas

Gabriel Elorriaga, secretario de Estado de Organización Territorial y uno de los principales teóricos del PP actual, consideró ayer que el plan Ibarretxe supone un "doble fraude" -jurídico, pero también, y de mayor calado, político-, al tiempo que un "ultimátum" a los ciudadanos vascos, que ejemplificó en que los nacionalistas planteen: "Si usted quiere vivir en paz tiene que asumir mis postulados políticos".

Elorriaga abrió en Bilbao el congreso internacional que el Departamento de Derecho Constitucional de la UPV ha organizado bajo el lema 25 años de Constitución democrática en España y situó los planteamientos "rupturistas" del lehendakari en el contexto de una España que ha logrado, gracias a la Carta Magna y los estatutos, un punto de encuentro y convivencia estables forjados sobre el consenso. "La Constitución y el Estatuto [de Gernika] son quienes articularon y vertebraron por primera vez en la historia la realidad que hoy es el País Vasco", destacó.

El número dos de Administraciones Públicas tildó el plan de "fraude jurídico" con un argumento que han repetido no sólo el PP y su Gobierno, sino diferentes expertos: bajo la envoltura de una reforma estatutaria, "lo que se pretende es una derogación del marco constitucional". Pero sobre él situó como más importante el "enorme fraude político" que aprecia en la iniciativa de Ibarretxe. Y ello, porque se presenta como voluntad de acuerdo una "ruptura unilateral de los consensos alcanzados" y como avance a la pacificación, "la consecuencia de un proceso de deslegitimación constante, iniciado hace más de una década, de las instituciones democráticas y el marco jurídico de convivencia" del que los españoles se dotaron hace 25 años.

En ese sentido, Elorriaga resumió que el plan supone un desafío, pero "antes que nada a la sociedad vasca", ya que en términos de desafío al Estado "es una nimiedad", por la fortaleza democrática, económica y social de la España presente.

Tras su intervención, y en declaraciones a los periodistas, el también coordinador del próximo programa electoral popular recalcó que el Gobierno central reaccionará "de manera suficiente a cualquier intento de desbordamiento del marco de convivencia". Ya la noche del miércoles, en una cena con constitucionalistas, analistas políticos y periodistas, Elorriaga había dejado meridiano que el Ejecutivo de Aznar no dejará sin respuesta ninguno de los planteamientos que el tripartito avance en este proceso.

El rector de la UPV, Manuel Montero, presente también en la inauguración de las jornadas, lamentó que en los últimos años la Constitución haya sido puesta "en boca de todos", entre "el vilipendio" y "la adoración". De ahí derivó la necesidad de una reflexión académica como la que acoge este congreso internacional, que se extenderá hasta mañana. Montero enfatizó que la Carta Magna significa mucho más que la unidad de España.

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La opinión de un experto alemán

El catedrático alemán Peter Häberle, una de las principales autoridades del mundo en Derecho Constitucional, aprovechó su conferencia inaugural de las jornadas, dedicada al proceso constitucional en Europa, para, a su término, desgranar varias reflexiones sobre el plan Ibarretxe.

Häberle destacó que, desde el punto de vista jurídico constitucional, "no hay ningún estado federal ni por supuesto regional que incluya una cláusula de disgregación". Para el catedrático de las universidades alemana de Bayreuth y suiza de Saint Gallen, el concepto de "Estado libre" como tal no es inconstitucional, pero el plan Ibarretxe "debe responder a una pregunta crucial" que ya se le formuló al lehendakari durante su conferencia en Granada: "Qué dirían los vascos si las autoridades de otras comunidades autónomas también propusieran una desvinculación de España similar".

Ante un auditorio abarrotado de profesores de Derecho y numerosos estudiantes, este especialista añadió que cabe cuestionarse si el Gobierno central ha estado o no bien aconsejado al recurrir "tan temprano" al Tribunal Constitucional. A su juicio, "debe permitirse la discusión parlamentaria y pública sobre el Plan de Estado Libre, en tanto todavía no ha adoptado ninguna forma jurídica vigente". Pese a ello, precisó Peter Häberle, el Ejecutivo del PP "podría anticipar con cierta certeza varios potenciales incumplimientos de la Constitución de 1978".

En el contexto del Derecho Constitucional europeo, el catedrático alemán apuntó que los Tratados de la UE de Amsterdam, Maastricht y Niza establecen un "Espacio de seguridad, libertad y Derecho" que "puede ser puesto en peligro" por la iniciativa de nuevo Estatuto de Ibarretxe.

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Sobre la firma

Javier Rivas
Forma parte del equipo de Opinión, tras ser Redactor Jefe de la Unidad de Edición y responsable de Cierre. Ha desarrollado toda su carrera profesional en EL PAÍS, donde ha trabajado en las secciones de Nacional y Mesa de Cierre y en las delegaciones de Andalucía y País Vasco.

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