Las ausencias populares propician un empate a votos en las Cortes

Los socialistas estuvieron ayer a punto de ver prosperar su enmienda a la totalidad a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2004. Con los 41 diputados de la oposición en sus escaños y gracias a la ausencia de siete parlamentarios populares, el resultado de la votación de la enmienda arrojó un empate a 41 que obligó a repetirla. Finalmente, el empate persistió, lo que determinó que la enmienda no prosperara. La anécdota relegó a un segundo plano el debate de las dos enmiendas a la totalidad a la ley de acompañamiento.

La anécdota relegó a un segundo plano las enmiendas a la ley de acompañamiento

La ausencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de los consejeros de Presidencia, Alejandro Font de Mora, y de Bienestar Social, Alicia de Miguel, además de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y de los también diputados José Cholbi, Manuel Tarancón y Joaquín Soler propició el empate a 41 votos a la hora de votar la enmienda a la totalidad del PSPV a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2004. Faltaban apenas 20 minutos para las dos de la tarde cuando llegó el momento de la votación. Pero mientras que a la hora de votar la enmienda de Esquerra Unida-L'Entesa, poco después de las 11 de la mañana, en los bancos de la oposición faltaban siete diputados, cuando le llegó el turno a la de los socialistas, los 35 escaños del PSPV y los seis de EU estaban ocupados, mientras en el Grupo Popular seguían faltando esos siete parlamentarios.

El presidente de la Generalitat se encontraba de viaje en el País Vasco; el consejero de Presidencia, en Bruselas; la alcaldesa de Valencia estaba en Madrid, al igual que el senador José Cholbi, mientras que tanto Joaquín Soler como Manuel Tarancón excusaron su presencia por enfermedad. Mientras, en la agenda de Alicia de Miguel no figuraba ayer ningún acto a esa hora.

Tras la votación que arrojó el empate a 41 votos, el presidente de las Cortes, Julio de España, dijo que la enmienda del PSPV decaía y levantó la sesión matutina del pleno, por lo que casi todos los diputados abandonaron el hemiciclo. Sin embargo, el Reglamento de la Cámara establece que en caso de empate hay que repetir la votación sin abrir las puertas del hemiciclo y, si persiste la igualdad, el presidente abrirá un plazo para dar tiempo a que se incorpore algún diputado. Después se repite la votación y, si continúa el empate, entonces se entenderá rechazado el dictamen, moción, artículo, enmienda o proposición objeto de la votación.

Alertado por los representantes de la oposición en la Mesa, así como por los letrados, el presidente se vio obligado a reabrir la sesión por "necesidad legal". Los grupos tuvieron que llamar de vuelta a los diputados que ya se habían ido y la votación se repitió con los mismos protagonistas y con idéntico resultado. Entonces el presidente dio cinco minutos de plazo. Pero no llegó ningún diputado más del PP, por lo que la tercera votación también registró un empate a 41 votos y la enmienda del PSPV fue definitivamente rechazada, esta vez sí, de forma totalmente legal.

La anécdota, en principio fruto de la casualidad, dio pie a especulaciones entre los diputados de la oposición acerca de la posible intencionalidad del Grupo Popular, de mayoría zaplanista, de dar "un aviso" al Consell que preside Francisco Camps, seis de cuyos integrantes ocupan un escaño en las Cortes.

Lo sucedido relegó a un segundo plano el debate de las dos enmiendas a la totalidad a la ley de acompañamiento de los Presupuestos, que había ocupado toda la mañana y en el que unos y otros repitieron los argumentos que ya han esgrimido en otras sesiones en las que se ha debatido ese proyecto. Los portavoces de la oposición denunciaron la utilización "perversa" de esta ley para "colar" sin debate la modificación de hasta 17 normativas, para "aumentar los mecanismos tramposos y legalizar los artificios contables" del PP y para subir impuestos y tasas, por lo que será "perjudicial" para los ciudadanos, además de crear "inseguridad jurídica".

Mientras, tanto el consejero de Economía, Gerardo Camps, que presentó la ley, como los portavoces populares defendieron que el proyecto propiciará una gestión "más eficaz" del presupuesto, garantizará la "consolidación del crecimiento económico" y permitirá profundizar en el modelo de "progreso y cohesión social y económica" alcanzado en la Comunidad Valenciana, además de reducir la presión fiscal, lo que "alivia" los bolsillos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida de los valencianos.