La presidencia de la UE ultima su oferta para el nuevo reparto de poder

La disposición del Gobierno español a negociar una fórmula de compromiso sobre el nuevo reparto de poder en la Unión Europea facilitó ayer que la actual presidencia de la UE, Italia, anunciara por fin que la próxima semana presentará una propuesta de acuerdo. Franco Frattini, ministro italiano de Exteriores, comunicó ayer la noticia a sus homólogos en Bruselas y acto seguido, la española Ana Palacio declaró que el Ejecutivo de Madrid "está dispuesto a estudiar todas las propuestas que se pongan sobre la mesa".

Dado el rechazo frontal que algunos gobiernos encabezados por Madrid habían expresado hasta ahora al reparto de poder recogido en el proyecto constitucional europeo, la presidencia italiana se había negado a proponer alternativas, con el consiguiente desgaste para el Ejecutivo de Silvio Berlusconi. El límite para hacerlo, en teoría, era la reunión de ministros de Exteriores convocada en Nápoles para los próximos días 28, 29 y 30, última cita ministerial previa a la cumbre de líderes de mediados de diciembre en Bruselas.

El anuncio de Frattini se hace ahora en un clima negociador. Alemania y Francia, los países más potentes de Europa y máximos defensores del texto constitucional, ya lanzaron la pasada semana su disposición a discutir con España una fórmula de arreglo. Por su parte, el Gobierno español ha reiterado su disposición a negociar desde que el mes pasado el propio presidente, José María Aznar, afirmó en Bruselas que "Niza no es la Biblia", en referencia al tratado firmado en esa ciudad en diciembre de 2000, cuya vigencia defienden a ultranza España y Polonia.

Fuentes oficiales italianas no desvelaron ayer en qué consistirá su propuesta, pero sí que "probablemente" se refiera a los tres capítulos más espinosos de ese reparto del poder: el peso de cada país en el Consejo de la UE, el reparto de escaños en el Parlamento Europeo y la composición de la Comisión Europea. "Quizás", agregaron, "se incluyan algunas opciones".

Los tres capítulos están directamente relacionados, pero el más preocupante para Madrid es el peso en el Consejo. En Niza, los Quince pactaron un reparto de votos con un sistema "ponderado", sin una referencia directa a la población de cada país. Así, a España y Polonia (unos 40 millones de habitantes cada uno) se les adjudicó 27 votos a cada uno, mientras que a los cuatro grandes países, Alemania incluida (82 millones), se les otorgó sólo dos votos más sobre un total de 345. Por el contrario, el proyecto constitucional propone que las decisiones en el Consejo sean válidas cuando estén apoyadas por una mayoría de países que representen al menos al 60% de la población (sistema de "doble mayoría"), pero el peso de cada país guardará una relación directa con la población. Con esta fórmula, los grandes países ganan peso y España ve dificultadas sus opciones para bloquear acuerdos.

Alemania y Francia ya han señalado su disposición a negociar con España una elevación de ese techo del 60% de la población. Si llegara al 66%, España conservaría un poder de bloqueo similar al que obtuvo en Niza. A la vez, Madrid exigirá recuperar más escaños en la Eurocámara (en Niza perdió 12) y, probablemente, mantener dos comisarios (en Niza se pactó que los grandes ya no tendrían dos). Hoy, sin embargo, la posición oficial española es que debe negociarse a partir de Niza, es decir, sobre variaciones del voto ponderado y no de la doble mayoría.

Con Polonia y España sólo están Estonia y Malta, dos de los más pequeños países de la futura UE. Pero algún apoyo táctico tiene en el Reino Unido, aliado de España durante el debate del texto constitucional. Ayer, el ministro de Exteriores británico, Jack Straw, declaró en Bruselas que la UE debe encontrar "un compromiso aceptable para todos", pero dijo "entender" la preocupación de gobiernos como el español y el polaco, y añadió que, si no se logra un acuerdo, es Niza el que está vigente y debe respetarse.