500 policías desalojan a 115 familias ocupantes de unas viviendas municipales

Un insólito despliegue policial formado por medio millar de agentes sirvió ayer para desalojar a las más de 300 personas que ocupaban ilegalmente desde hace cuatro meses un edificio de protección oficial en el distrito de Usera. El inmueble, un bloque de 115 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), estaba terminado desde hacía más de un año y nunca se había habitado porque, según la EMV, "aún quedaban trámites administrativos para su adjudicación". Los expulsados aseguran que no tienen sitio donde dormir. "Ya era hora de que los echaran", afirman otros vecinos del barrio.

Trescientos agentes de la Policía Municipal, unos 200 policías del Cuerpo Nacional de Policía -en motos unos, a caballo otros-, ocho ambulancias del Samur, doce agentes de la Policía Judicial, un equipo de psicólogos, ocho camiones de mudanzas con 30 operarios y 115 familias desalojadas. Todos ellos circulaban a primera hora de la mañana de ayer por las inmediaciones de un perímetro que ocupaba la extensa manzana que rodea el 114 del camino de Perales, en el barrio de San Fermín (Usera).

Las más de 300 personas que hace cuatro meses empezaron a ocupar, de forma ilegal, las viviendas vacías salieron ayer de los pisos por orden del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. "Serían eso de las siete de la mañana cuando han llegado los policías y nos han echado por las escaleras sin dejarnos llevar nuestras cosas... los malditos", contaba Elizabeth, de 19 años, mientras cargaba con su niño en brazos.

Aunque la mayor parte de los desalojados aseguraron que no tenían adónde ir, la forma de vivir el desalojo fue muy diferente, según la situación de cada uno. Un grupo de jóvenes observaba los trabajos de la policía y de los operarios de las mudanzas con tono jocoso. "Dale un poco de agua al caballo, que se te va a morir", bromeaban algunos ante la impasible mirada de los policías montados. Pero el rostro de otros sí reflejaba el disgusto de quedarse sin la casa en la que han vivido durante cuatro meses.

Olga, de treinta años, viuda, con tres hijas, aseguró ayer que lo único que le movió a ocupar uno de los pisos fue la necesidad de una vivienda: "Llevo dos años pidiendo al Ivima [Instituto de la Vivienda de Madrid] una casa para poder vivir con mis hijas. Dos de ellas están en un internado privado porque mi suegra paga los gastos. El Ivima sólo me pedía papeles y más papeles. Por eso entré aquí", aseguró Olga mientras mostraba la documentación que ha enviado al organismo de viviendas sociales. Mientras hablaba, Olga se dio cuenta de que se había olvidado algo en la casa. "El camping gas, me lo he dejado dentro, y no es mío". El nerviosismo y la sensación de impotencia le llevaron al llanto.

A medida que las familias iban saliendo, los agentes municipales permitieron a muchos regresar al piso a por el resto de sus enseres. Toda la calle se llenó enseguida de maletas, somieres, colchones y también televisores y DVD que los desalojados fueron cargando en furgonetas y en los coches aparcados fuera del perímetro establecido por la policía.

La mayoría de los desalojados coincidió en destacar las deficiencias del inmueble, pese a ser un edificio de nueva construcción. "Tiene humedades, no tiene ni pila para fregar", decía Elena, una joven de 18 años que sostenía un recipiente de plástico con un pez dentro llamado Manolo. "Éste también se ha quedado sin casa...".

Algunos de los desalojados amenazaban ayer con cumplir el lema del movimiento okupa: Un desalojo, otra okupación. "Esta noche nos metemos en otro. Casas vacías hay de sobra".

El desalojo de las familias ha sido un alivio para otros vecinos de la zona. Muchos se alegraron por la operación, aunque lamentaron que la policía hubiese tardado tanto en llegar. "Estas personas no son pobres, se dedican a vender droga y tienen unos cochazos que ya los quisiera yo", afirmaba un señor de 63 años. "El que quiera una casa que la pague, como todo el mundo".