Referéndum a la vista

En el caso de que el Tribunal Constitucional decidiera admitir a trámite la impugnación de los acuerdos del Gobierno y de la Mesa del Parlamento vascos sobre la tramitación legislativa de la propuesta Ibarretxe, ¿qué reacción cabe esperar por parte de las autoridades vascas?

Ya hemos visto lo que ha ocurrido con la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. Cuando un tribunal de justicia adopta una decisión que manifiestamente no se ajusta a derecho, no solamente no resuelve el problema que pretendía resolver, sino que crea otro todavía mayor. Los incidentes en torno a la admisión a trámite de la querella contra el presidente y varios miembros de la Mesa del Parlamento vasco y las tensiones en buena parte de los plenos de dicho Parlamento son buena prueba de ello. La decisión judicial no sólo no ha pacificado, sino que ha crispado todavía más el ambiente.

Es de prever que algo parecido ocurra en el caso de que el Tribunal Constitucional decida que debe dar preferencia a la voluntad del Gobierno de la nación sobre la voluntad del constituyente y del legislador orgánico del propio Tribunal Constitucional y decida admitir la impugnación y ordenar la suspensión del debate parlamentario en torno a la propuesta Ibarretxe. Una decisión de esa naturaleza carecería de cobertura jurídica y no podría ser aceptada por los destinatarios de la misma.

Al Gobierno vasco no le quedan más opciones que o desobedecer la decisión del Tribunal Constitucional y continuar con la tramitación parlamentaria del proyecto o proceder a la disolución del Parlamento y a la convocatoria de nuevas elecciones, llevando el nacionalismo vasco como programa electoral el texto articulado que ha sido remitido al Parlamento.

No sé si alguien en el Gobierno ha reparado en que, con su manera de proceder, se le está dando al Gobierno vasco la posibilidad de que convoque de manera constitucionalmente irreprochable lo que materialmente sería un referéndum sobre la propuesta Ibarretxe. Una convocatoria de elecciones desencadenada por la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir el debate parlamentario de la propuesta, sería materialmente un referéndum sobre la misma.

¿Qué ocurre si hay una mayoría ciudadana inequívoca que se pronuncia a favor de la propuesta y sale de esas elecciones una mayoría parlamentaria y un Gobierno con el mandato de intentar hacerla efectiva? ¿Se ha pensado en los efectos que podría tener una campaña electoral, que materialmente sería un referéndum, en la convivencia en el País Vasco y en las posteriores relaciones entre el País Vasco y España?

Impedir la discusión parlamentaria de la propuesta Ibarretxe es un remedio peor que la enfermedad. No solamente se deslegitimaría al Tribunal Constitucional de manera difícilmente reversible, sino que se alterarían las reglas de juego de tal manera que se abrirían posibilidades insospechadas para poner en cuestión de manera jurídicamente inatacable los propios fundamentos constitucionales en los que descansa la estructura del Estado.

La propuesta Ibarretxe, si se actúa constitucionalmente por todas las partes, no tiene posibilidad alguna de prosperar. Aunque fuera aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento vasco tendría que ser aprobada después por las Cortes Generales y únicamente tras la aprobación de éstas podría ser sometida a referéndum. Con el proceder anticonstitucional del Gobierno, si lo hace suyo el Tribunal Constitucional, se puede estar abriendo una vía para que la propuesta Ibarretxe sea sometida a referéndum de manera inmediata y de manera completamente inatacable.