Francia condena a la antigua cúpula de la petrolera Elf por malversación

El Tribunal Correccional de París condenó ayer a 30 personas por la malversación de 305 millones de euros en la petrolera Elf-Aquitaine, cuando era el primer grupo industrial de Francia, y a su principal ejecutivo, Loïk Le Floch-Prigent, lo había nombrado el presidente François Mitterrand. La sentencia considera indirectamente perjudicados a "todos los ciudadanos franceses", dada la naturaleza pública de Elf. Además de dictar 13 penas de cárcel, reparte entre ellos y los demás inculpados multas por valor de 19 millones de euros y les condena a pagar más de 100 millones en indemnizaciones a Total, heredera de Elf.

Los sentenciados tienen derecho a apelar, pero el fallo de ayer es firme. Hasta el punto de que dos de los ex directivos que permanecían libres, André Tarallo, de 76 años, y Alain Guillon, de 61, fueron arrestados en la misma sala de audiencia y conducidos a prisión, tras recaer sobre ellos penas de cuatro y tres años de cárcel, respectivamente. Terminan así ocho años de investigaciones conducidas principalmente por la juez Eva Joly, que valieron a ésta campañas y amenazas hasta hacerle renunciar a su puesto de magistrado y "refugiarse" en Noruega, su país natal.

El tribunal de París describe un sistema de desvío de fondos "cuidadosamente planificado, organizado y ejecutado" en la entonces empresa pública. "La importancia de los hechos, la multiplicación de las infracciones, su reiteración en varios años, la enormidad del perjuicio y la naturaleza de la sociedad justifica el pronunciamiento de duras penas contra los principales directivos", afirman los jueces.

Origen de la malversación

Loïk Le Floch-Prigent, de 60 años, ha sido condenado a cinco de prisión en firme y al pago de 375.000 euros. Esa condena se añade a otra de 30 meses por un fleco del mismo caso, juzgado por separado. El entonces presidente de Elf no sólo omitió el deber de supervisar una gestión cuidadosa, "sino que estuvo, personalmente, en el origen de la mayor parte de las malversaciones cometidas en perjuicio de la compañía petrolera francesa", según el tribunal.

Antes del proceso, el ex presidente de Elf publicó un libro plagado de insinuaciones sobre altas implicaciones políticas en Francia y en otros países, afirmando que todo el caso había sido "un asunto de Estado". En el juicio no aportó ninguna prueba, salvo la aseveración de que cumplió órdenes del ex presidente de la República François Mitterrand. Sólo reconoció haber dedicado algún dinero a renovar su vivienda en uno de los barrios más elegantes de la capital y señaló que cinco millones fueron a partidos políticos, sin concretar.

Su principal colaborador, Alfred Sirven, de 76 años, ha sido condenado a otros cinco de prisión, así como a pagar un millón de euros. La sentencia le considera "cómplice y sobre todo encubridor, abriendo múltiples cuentas bancarias ocultas destinadas a recibir los fondos desviados en perjuicio de Elf". Sirven permaneció fugado tres años hasta que fue localizado en Filipinas en febrero de 2001, en una peripecia digna de la protagonizada en su día por el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán. En el juicio, Sirven reconoció haberse apropiado de seis millones, una pequeña fracción de la suma que circuló por sus cuentas.

El tercer personaje en importancia, André Tarallo, fue "cómplice" del ex presidente de la empresa y además se lucró del sistema establecido, "en lugar de oponerse a las desviaciones" provocadas por sus máximos jefes, según el tribunal. A diferencia del máximo responsable, que arribó a Elf de la mano del presidente de la República, Tarallo llevaba ya una veintena de años en la compañía "y se descarrió al final de su carrera, tras la llegada de Loïk Le Floch-Prigent a la cabeza de la empresa", escriben los jueces.

Tarallo era conocido como señor África por las relaciones establecidas con jefes de Estado de ese continente. Durante el juicio intentó justificar las cuentas de que disponía en Suiza con el argumento de que estaban destinadas a comprar un apartamento de 400 metros cuadrados en París para el jefe del Estado gabonés, Omar Bongo, y a instalar una fundación franco-africana en Córcega. El tribunal lo ha condenado a cuatro años de privación de libertad y a pagar dos millones de euros.

Elf-Aquitaine fue privatizada en 1994 por el Gobierno de Edouard Balladur, tras ganar las elecciones celebradas el año anterior. Tras un complejo proceso de fusiones, Elf pasó a formar parte del grupo TotalFinaElf. Recientemente, la dirección de este conglomerado eliminó de su denominación la referencia a Elf, lo que borrará en su futuro el rastro de la empresa por la que llegó el escándalo.