El Gobierno reduce la 'acción de oro' a una simple notificación

El PP ha presentado una enmienda al proyecto de ley de Acompañamiento de los Presupuestos para modificar la normativa de la acción de oro (golden share), que otorga derechos al Gobierno en las empresas privatizadas. La enmienda suprime la necesidad de autorización previa del Gobierno para determinadas operaciones sobre empresas privatizadas y se sustituye por una notificación.

Las compañías obligadas por esta normativa, aunque con algunas diferencias, son Repsol YPF (hasta el 6 de febrero de 2006), Telefónica (hasta el 18 de febrero de 2007), Endesa (8 de junio de 2007), Indra (23 de marzo de 2004) e Iberia (3 de abril de 2006). Desde el 1 enero del 2004 tendrán que informar a los órganos competentes (Comisión Nacional de la Energía, Comisión del Mercado de Telecomunicaciones o Comisión Nacional del Mercado de Valores) en caso de disolución voluntaria, escisión o fusión, venta de los activos estratégicos o participaciones sociales necesarias para cumplir su objeto social y cambio de dicho objeto social.

También tendrán que notificar la operación, siempre que tenga efecto en el mercado español, si se redujera la participación social pública en la empresa privatizada en un porcentaje igual o superior al 10% o si se adquiriera al menos el 10% del capital social de la compañía (el 5% en el caso de Endesa). El órgano competente contará con un plazo de dos meses -ampliable a tres en casos de excepcional trascendencia y complejidad- para oponerse a los acuerdos que le sean notificados, que en dicho periodo quedarán suspendidos.

El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte indicó que la nueva regulación de la acción de oro es similar a la existente en Bélgica, que ya fue aceptada por la Comisión Europea, y garantiza la adecuada prestación de servicios por parte de las empresas españolas privatizadas que operan en sectores estratégicos. Con este cambio en la acción de oro se acata la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de mayo pasado que consideraba que la legislación española restringe los movimientos de capitales dentro de la UE de forma desproporcionada.