El Senado aprueba por unanimidad la ley del Prado

La Comisión de Educación y Cultura del Senado aprobó ayer por unanimidad, y de forma definitiva, la ley reguladora del Museo del Prado, que no tendrá que volver al Congreso de los Diputados, ya que el Partido Popular (PP) rechazó las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición y el texto legal no sufrió modificaciones.

El director del Prado, Miguel Zugaza, y el presidente del patronato del museo, Eduardo Serra, presentes ambos en el debate, calificaron de "histórico" el día de ayer y subrayaron el consenso unánime alcanzado en torno a una ley que, según dijo Zugaza, supone "un paso de gigantes en el proceso de modernización" acometido por la pinacoteca y le facilita "los instrumentos de gestión adecuados" para asumir el reto que implica la ampliación del museo.

Eduardo Serra afirmó que, con esta ley, el Prado consigue los instrumentos que necesita "para poder estar a la altura de su inigualable colección", y justificó la urgencia con la que se ha tramitado esta iniciativa en que, al haberse aprobado ya, dará tiempo a que el estatuto esté elaborado -hay un plazo de tres meses para ello- "antes de que termine la legislatura, y eso posibilita la mayor participación de los grupos parlamentarios".

De puntillas

Los diferentes grupos de la oposición destacaron la importancia de la ley, aunque echaron en falta que el debate de la misma no haya tenido lugar en el pleno del Senado, sino que, como dijo la senadora Cristina Agudo (PSOE), la ley "más importante que pueda haber en materia de cultura" ha pasado "de puntillas" y "un poco a escondidas" por la Cámara alta.

La nueva ley, que entrará en vigor en los próximos días, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pone fin a tres años de debate desde que comenzaron las negociaciones sobre su contenido.

Antes de proceder al debate de las enmiendas parciales, la Comisión de Educación y Cultura, con competencias legislativas plenas, vio el veto presentado por Izquierda Unida (IU) al conjunto de la ley, defendido por José Cabrero con argumentos similares a los expuestos por Felipe Alcaraz en el Congreso. La propuesta fue rechazada.

La senadora socialista Cristina Agudo defendió las enmiendas de su grupo, la mayoría de las cuales reproducían el contenido de las que quedaron vivas en el Congreso y pedían, entre otros asuntos, que aquellos puestos relacionados con el derecho público sean desempeñados por funcionarios públicos y no por personal laboral. Josep Varela (CiU) lamentó que la ley no se haya debatido en el pleno. Pilar Aresti y Jesús María Laguna (PP) se encargaron de rechazar todas las enmiendas de la oposición y de afirmar que el deseo del Grupo Popular es que la elaboración del estatuto "sea transparente y cuente con la aportación de todos".