Un decreto libera los pisos de Badia y La Mina, que sólo podían escriturarse por 8.500 euros

Los propietarios de más de 8.000 viviendas de los barrios de La Mina, Badia del Vallès y algunos polígonos de Cornellà y de Reus, construidas todas ellas en la década de 1970 en régimen de protección oficial especial, verán revalorizado el precio de sus fincas con la entrada en vigor de un decreto de la dirección de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat aprobado el pasado 21 de octubre. Se trata de una vieja reclamación del Ayuntamiento de Sant Adrià y los titulares de los pisos, que no podían hipotecarse y que eran objeto de un mercado fiscalmente opaco de dinero negro.

Hasta ahora los propietarios de estos pisos no podían beneficiarse de créditos bancarios porque el valor mercantil de su vivienda no podía exceder legalmente los 8.500 euros (1,41 millones de pesetas) en los que están oficialmente valorados. La plataforma de entidades de La Mina considera muy positivo el decreto que les permite normalizar una situación que sólo beneficiaba a quienes disponían de dinero negro para acceder a pisos a precio de ganga.

Los 2.798 pisos de La Mina y los 5.372 de Badia del Vallès levantados a mediados de los años setenta estaban sujetos al conocido como cupo directo, que era una modalidad de protección oficial que se daba en aquel tiempo. El precio máximo al que podía escriturarse hasta ahora cada piso no podía superar legalmente los 8.500 euros, un importe a todas luces desfasado respecto al mercado inmobiliario, según reconoció ayer a este diario el director general de arquitectura y vivienda,Damià Calvet.

En la práctica, los contratos de compraventa sobrepasan ampliamente dicho importe, pero se escrituraban por el precio oficial, lo que era aprovechado por personas que disponen de dinero negro fruto de actividades delictivas o de negocios opacos para acumular propiedades. También quienes compraban los pisos para residencia habitual pagaban importes muy superiores y muchos se sentían estafados cuando, a la hora de escriturar, comprobaban que no podían declarar su verdadero precio. El decreto permite equiparar los pisos de estos polígonos a otros de protección oficial normal, por lo que podrán venderse por un precio promedio de unos 84.000 euros. El nuevo valor catastral incrementará también el importe del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

El Consorcio de la Mina,organismo que promueve la reforma del barrio y que integra a representantes de las principales instituciones catalanas, ve con muy buenos ojos la medida porque dará transparencia a las operaciones de compraventa.El gerente del consorcio, Joan Batlle, destaca que las personas que tenían previsto vender su piso podrán hacerlo de forma legal y las que lo deseen podrán solicitar un crédito bancario para sufragar mejoras en la vivienda. Muchos propietarios veían con preocupación cómo se deterioraba su piso sin decidirse a arreglarlo a la espera de que se clarificara la normativa.

Existen, sin embargo, algunos interrogantes sobre cómo puede incidir la medida en la vida del barrio, que inquieta a las entidades: ¿Se producirá una huida de propietarios de La Mina hartos de esperar una transformación social que no acaba de llegar? La proximidad de los espacios regenerados por el proyecto Fòrum, ¿dará lugar también a movimientos especulativos en La Mina?

En cualquier caso, estiman que normalizar la situación legal de la propiedad puede contribuir a normalizar también la vida del barrio.