¿Es secesionista el 'plan Ibarretxe'?

Una de las críticas a su Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi que más irrita al lehendakari y al PNV es la que la define como un "proyecto para la secesión". Josu Jon Imaz, portavoz del Gobierno vasco, acusó días atrás a José María Aznar de mentir y ser "el único que habla de secesión y ruptura", cuando Juan José Ibarretxe pone el acento en los aspectos más amables de un plan "para la paz y la convivencia".

Efectivamente, la propuesta plantea, como indica en su preámbulo, "un nuevo modelo de relación [de Euskadi] con el Estado, basado en la libre adhesión". Un modelo que se sitúa, según han dictaminado cualificados juristas, al margen de la Constitución y del Estatuto de Gernika, al proclamar un impreciso sujeto constituyente, "el Pueblo Vasco o Euskal Herria", que sería titular de una soberanía diferenciada de la que el artículo 1.2 de la Carta Magna deposita en "el pueblo español". Es desde el ejercicio de esa soberanía autoconcedida en el plan Ibarretxe, y "de conformidad con el derecho de autodeterminación", como se plantea la opción de la libre asociación de la Comunidad de Euskadi al Estado español. ¿Es, pues, secesionista la propuesta aprobada el 25 de octubre por el Gobierno vasco? Por su declaración de intenciones, no. Pero incorpora los mecanismos precisos (la soberanía y el proclamado "derecho de la sociedad vasca a decidir libremente su propio futuro") para que pueda darse el paso a la independencia en un futuro más o menos inmediato.

El plan fija el derecho a "alterar íntegra o sustancialmente" la relación con España

Nadie reclama ejercer el derecho de autodeterminación para quedarse como está

La lógica del andamiaje jurídico-político construido por Ibarretxe lleva, según Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, a la conclusión de que la estación término del plan es la independencia. Nadie reclama ejercer el derecho de autodeterminación para quedarse como está. La experiencia internacional muestra que se trata de un camino sin vuelta atrás. Una vez que ese "Pueblo Vasco" se proclama soberano de forma unilateral, lo mismo puede ejercer la soberanía para asociarse a España como para separarse. La decisión de optar por una cosa u otra queda supeditada a motivos de conveniencia. Con la diferencia de que la primera opción sería revisable -el lehendakari ha recalcado que su "pacto de convivencia" con España tiene vigencia "para una generación", 15-20 años-, mientras que la segunda se barrunta irreversible.

La posibilidad de que la esbozada Comunidad de Euskadi se separe de España aparece regulada en el texto de la propuesta, disimulada por la intrincada sintaxis de sus redactores. El artículo 13 desarrolla el "Ejercicio democrático del Derecho a Decidir" de los ciudadanos vascos y deposita en "las Instituciones de la Comunidad de Euskadi" la potestad de regular y gestionar la realización de "consultas democráticas" por referéndum, competencia exclusiva del Estado. Las modalidades, procedimiento, condiciones de validez de sus resultados y su incorporación al ordenamiento jurídico los fijaría una futura ley del Parlamento vasco.

En su punto tercero, dicho artículo 13 señala: "Cuando en el ejercicio democrático de su libre decisión, los ciudadanos y ciudadanas vascas manifestaran, en consulta planteada al efecto, su voluntad clara e inequívoca, de alterar íntegra o sustancialmente el modelo y régimen de relación política con el Estado español (...) que se regulan en el presente Estatuto, las Instituciones vascas y las del Estado se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación para establecer las nuevas condiciones políticas que permitan materializar, de común acuerdo, la voluntad democrática de la sociedad vasca". El significado de la expresión "alterar íntegra o sustancialmente" el "Régimen de Libre Asociación" fijado en el artículo anterior (12) no puede ser otro, dice Blanco Valdés, que la independencia: el ejercicio de la soberanía no para la adhesión sino, en este caso, para la separación. "Se está regulando claramente el segundo tiempo de la secesión, obligando al Estado a negociar el modo de llevarla a cabo", apunta el catedrático.

No es una interpretación más o menos forzada. Bajo el mismo epígrafe de "Ejercicio democrático del Derecho a Decidir", el texto articulado del plan filtrado al diario Abc en julio, y que Ajuria Enea reconoció cómo uno de los borradores de trabajo, hablaba sin veladuras de "segregación". En este caso era el apartado 4 del artículo 12 el que obligaba a negociar a las instituciones vascas y españolas, en el supuesto de que "las ciudadanas y ciudadanos vascos, en el ejercicio democrático de su libre decisión, manifestaran su voluntad clara e inequívoca de proceder a la segregación del Estado Español".

Un partido declaradamente independentista como es Aralar, la formación encabezada por Patxi Zabaleta que se separó de Batasuna tras la ruptura de la tregua, ha destacado como uno de los aspectos más positivos de la propuesta el que recoge "el derecho a la independencia o a la secesión de España". "Se deja muy claro que, si nuestro pueblo hace la opción de la secesión, lo que hay que negociar con el Estado es el proceso de puesta en práctica de esa voluntad", subrayó el 31 de octubre el número dos de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia.

Blanco Valdés afirma desconocer que haya en el ámbito internacional un proyecto constituyente análogo, que a una propuesta de relación acompañe una cláusula de ruptura. Lo que intenta el texto en la práctica es dar rango jurídico y llevar hasta sus últimas consecuencias el debate suscitado en Quebec por los nacionalistas. La inspiración del soberanismo quebequés articula doctrinalmente el plan Ibarretxe, que viene a responder, en favor de las tesis nacionalistas, la cuestión formulada en el referéndum celebrado en 1995 en la provincia francófona de Canadá. "¿Aceptaría usted que Quebec pueda llegar a ser soberano, después de haber ofrecido formalmente a Canadá un nuevo tipo de asociación económica y política?", preguntó el Gobierno nacionalista del Partido Quebequés en la consulta, que perdió por menos de un punto (50,6% de votos negativos frente al 49,4% de positivos).

La propuesta del lehendakari da por contestada la pregunta al gusto del nacionalismo vasco -la consecución de la soberanía y del nuevo modelo de relación con España van en el mismo paquete- y deja la consulta a la sociedad vasca para un segundo momento: ya sea para ratificar el nuevo Estatuto Político de Euskadi o, en el caso de que éste no sea aceptado por las Cortes Generales, para "ir a una confrontación de legitimidades" entre el pueblo vasco y el pueblo español de resultados inquietantes.

La inspiración quebequesa del proyecto la reconoció tácitamente Ibarretxe en el debate de política general del 26 de septiembre. Al glosar cómo se iba articular en la propuesta "el derecho a decidir", adelantó el lehendakari: "De conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá, que interpreta el derecho internacional vigente, se incorpora el compromiso de no ejercer unilateralmente el derecho de autodeterminación y el reconocimiento explícito de la obligación de abrir un proceso de negociación y pacto con el Estado". Ibarretxe, sin embargo, hizo una interpretación muy particular de la opinión emitida en agosto de 1998 por la Corte Suprema de Canadá ante las preguntas que le había planteado el Gobierno federal dos años antes. El Tribunal rechazó que el derecho a la autodeterminación externa pueda ser exigido por Quebec, ya que sólo sería aplicable a los casos "de antiguas colonias, los pueblos oprimidos por una ocupación militar, o de un determinado grupo al que se le impide el acceso al autogobierno para conseguir su desarrollo político, económico, social y cultural".

Por contra, la obligación apuntada por la Corte Suprema de negociar los términos de la ruptura sería consecuencia de que una "mayoría clara" de quebequeses, de forma reiterada, haya respondido afirmativamente a una "pregunta clara" sobre la salida de Quebec de la federación canadiense. Blanco Valdés estima que el plan del lehendakari está lleno de interpretaciones forzadas y discutibles de textos legales: "La propuesta, en el fondo, está dirigida a dar una apariencia jurídica a lo que no es sino puro decisionismo político".