El Supremo mexicano pone fin a la impunidad de la guerra sucia

La histórica y unánime sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México de declarar imprescriptible la desaparición del izquierdista Jesús Piedra Ibarra, en 1975, sienta jurisprudencia y permite que puedan ser perseguidos y juzgados penalmente cerca de cien policías y funcionarios implicados en aproximadamente 275 crímenes cometidos durante la guerra sucia desde finales de los sesenta a principios de los ochenta.

Los magistrados del Supremo argumentaron que el cuerpo de la víctima no ha aparecido todavía y, por tanto, no procede la prescripción del caso. La Suprema Corte falló así sobre el primero de los numerosos expedientes analizados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por la presidencia de Vicente Fox hace un año.

Las organizaciones de derechos humanos aplaudieron la decisión del tribunal, y también lo hizo, aunque lamentando su tardanza, la principal promotora del esclarecimiento del expediente, Rosario Ibarra, de 76 años, madre de Jesús Piedra. "Los terroristas de Estado deben ser castigados", declaró. El siguiente paso sería la eventual detención de dos ex directores de la desaparecida Dirección General de Seguridad, vigente durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La dirigieron Luis de la Barreda (presidencia de Luis Echeverría, 1970-1976) y Miguel Nazar Haro (presidencia de José López Portillo, 1976- 1982), involucrado en la creación de las denominadas Brigadas Blancas, a las que se atribuye la mayoría de los asesinatos.

Siete decenios del PRI

El fiscal especial, Ignacio Gordillo, suma su primera victoria contra la impunidad después de haber sido criticado por los grupos de derechos humanos, que le imputaron un frágil compromiso con las indagaciones. Los delitos a examen se produjeron durante la hegemonía de siete decenios del PRI, hoy primer partido de la oposición en escaños, alcaldías y gobiernos regionales. Su concurso es necesario para la aprobación de las reformas pretendidas por el Ejecutivo.

"La sentencia es un golpe contra la impunidad, uno de los cánceres de México", según el analista Sergio Aguayo. "Éste es un dictamen histórico", agregó Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de la organización Human Rights Watch. "Elimina un obstáculo potencial para el procesamiento de centenares de casos de desaparición registrados en las décadas de los años 1960 y 1970" en México. La sentencia del Supremo siguió a la negativa de un juez federal, el pasado mes de abril, a ordenar la detención de los supuestos responsables de la desaparición de Piedra Ibarra, cuyo caso consideró prescrito. El extremista mexicano habría sido secuestrado en Monterrey el 18 de abril de 1975, como presunto jefe de un grupo guerrillero, y después torturado y asesinado en un cuartel. El Supremo subraya que la prescripción sólo es aplicable desde el momento en que son localizados los restos de la víctima.