Más viejos y más dependientes

Eulalia P. E., de 92 años, vivía sola en casa, con plena autonomía, hasta que la primavera pasada sufrió un ictus cerebral. Desde entonces reside con su hijo y su nuera y, aunque conserva casi todas sus capacidades cognitivas, permanece inmóvil en una silla de ruedas, habla con cierta dificultad y depende para todo de su familia. Éste es un caso como tantos otros de envejecimiento y dependencia. En más del 80% de los casos, el cuidado de los ancianos recae en la familia.

España es uno de los países con mayor esperanza de vida, pero ello no lleva aparejada una mayor calidad de vida a los años añadidos. El aumento de las demandas asistenciales exige, según los expertos consultados, una urgente reforma de las estructuras sociosanitarias, dirigida a generalizar la atención geriátrica y a potenciar la ayuda domiciliaria. Así lo advertía ya el Defensor del Pueblo en su informe de 2001, elaborado a partir de sendos estudios de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y de la Asociación Multidisciplinaria de Gerontología. Según estos estudios, los mayores de 65 años acaparan el 77,4% de todo el consumo farmacéutico, entre el 40% y 50% de la ocupación hospitalaria y la mitad de todo el tiempo de la asistencia en atención primaria.

"La realidad exige un nuevo marco legal que regule la asistencia sociosanitaria, redistribuya los recursos y reorganice las actuales estructuras asistenciales", afirma Juan Rovirosa, director del hospital General Yagüe, de Burgos, y presidente del I Congreso Nacional de Asistencia Sociosanitaria, que, bajo el lema Envejecimiento versus dependencia, se celebró en octubre en la capital castellana, organizado por el Instituto de Gerontología Social Aplicada.

España no ha sabido responder todavía al reto sociosanitario que está imponiendo el envejecimiento, según los especialistas involucrados. A pesar de que todas las comunidades autónomas han potenciado en los últimos años sus servicios sociales y de salud a los mayores mediante servicios de hospital de día, ayuda a domicilio, teleasistencia y dotación de plazas residenciales públicas y concertadas, existen deficiencias y desigualdades territoriales. El programa Vida a los Años, iniciado por la Generalitat de Cataluña en 1986, fue pionero y le han seguido otras iniciativas, pero la demanda social ha ido por delante de la respuesta institucional.

El pasado 29 de agosto el Gobierno aprobó el Plan de Acción para las Personas Mayores 2003-2007, dotado de 1.100 millones de euros, que prevé 135 medidas, entre ellas facilitar ayudas económicas a las familias con mayores a su cargo y potenciar la formación de profesionales especializados en gerontología y de cuidadores. La Encuesta Nacional de Dependencias de 1999 señala que los bajos niveles de renta y formación cultural son per se factores de riesgo de dependencia. En este sector de población hay un 50% más de ancianos discapacitados que en el mismo grupo de personas con mayor renta y formación educativa.

"Son los más necesitados quienes tienen más dificultades para acceder a la ayuda social. Una fórmula para corregir esta situación de desigualdad sería el copago, mediante un sistema de gestión equitativo, que se defina en función de la riqueza personal y no de las pensiones", sugiere Rovirosa.

El geriatra Isidoro Ruipérez, presidente de la SEGG, indica que "todo problema sanitario en el anciano tiene un trasfondo social y a la inversa". Apuesta por la indisolubilidad de la atención sanitaria y social en este grupo poblacional bajo el principio de la equidad. "No hay que olvidar", insiste, "que la pobreza y la soledad representan el mayor riesgo de dependencia, por lo que los afectados deben acceder a estos servicios, y en algunos casos participar en sus costes en función de su riqueza personal".

El Informe del Defensor del Pueblo reconoce que la protección universal a la salud está garantizada por la Constitución española y regulada mediante la Ley General de Sanidad de 1986. Sin embargo, encuentra muchas más deficiencias en lo relativo a los servicios sociales. Pese a que subraya la importancia del Plan Gerontológico, el informe reconoce que, al carecer de rango de ley, no goza de la misma fuerza como instrumento de desarrollo de políticas sociales. El informe sugiere el replanteamiento de un marco general en el que se mueva el sistema protector de la Seguridad Social.

Según Javier Soldevilla, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica, España todavía está lejos de lograr el Estado de bienestar alcanzado, por ejemplo, por los países del norte de Europa. "La estrategia más generalizada", explica, "para hacer frente a este reto sociosanitario es potenciar todos los servicios asistenciales que mantengan a los ancianos en su entorno habitual. En los países nórdicos gran parte de esta responsabilidad es asumida por el Estado, mientras que en la cultura española sigue siendo un deber moral de la familia. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que los cambios en la estructura familiar están cuestionando la sostenibilidad futura de este modelo". Eduardo Rodríguez Rovira, jubilado y presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Mayores (CEOMA), considera que "es muy importante contar con los movimientos asociacionistas, que pueden alcanzar una gran fuerza de acción y ser un interlocutor válido ante las autoridades".