Viviendas vacías e IBI
Leo con estupor, sonrojo e indignación los comentarios y críticas que hace la concejala del Ayuntamiento de Madrid Trinidad Jiménez a las medidas fiscales anunciadas por el nuevo alcalde (suplemento Madrid de EL PAÍS de 29-10-03), con respecto al IBI, y más concretamente al de las viviendas vacías. Según el alcalde, opinión que comparto, la subida del IBI en viviendas vacías incentivará el tan necesitado mercado de alquiler. Para la concejal socialista la medida es injusta y además no será un incentivo, sino un castigo para el alquiler.
Es sorprendente y triste descubrir que a una socialista la parezca un "castigo injusto" el gravar más la posesión de una vivienda vacía que la de una ocupada, sobre todo en los tiempos que corren, en los que alquilar una vivienda es una tarea ardua y muy gravosa.
Como sorprendente es leer sus comentarios sobre el uso de los ahorros. ¿A qué ahorros se referirá? ¿Sabrá cuál es la capacidad de ahorro de la mayoría de ciudadanos que votan a su partido? Quizá piense que sea suficiente como para invertir en vivienda. Puede ser, pero no es ésa la percepción que tiene el ciudadano medio. ¿A quién defiende, pues, con su crítica y comentarios? Dice también que la inversión en vivienda ha sido la única salida a los ahorros de los ciudadanos. ¿De qué ciudadanos nos habla? ¿Quién tiene, en realidad, capacidad para la compra de segundas y sucesivas viviendas en este país? ¿Acaso sus votantes?
No está de más recordar que en la Comunidad de Madrid, solo un 16% de los jóvenes tiene capacidad para adquirir una vivienda, y esos "privilegiados" invierten en la misma alrededor del 86% de sus ingresos (cadena SER, 29-10-03). Dice también que sería bueno premiar el alquiler con bonificaciones fiscales. ¿Será eso la tercera vía: proporcionar ahorros fiscales a quien más tiene?
Pienso que el alquiler, en un país en el que la adquisición de la vivienda se ha convertido en algo casi prohibitivo para una gran mayoría de ciudadanos, no hay que premiarlo, sino forzarlo, y para ello los poderes públicos están legitimados y moralmente obligados para tomar decisiones, en este caso fiscales, que lo propicien.
Es inaudito e irritante que una medida social de tanta importancia sea criticada con argumentos tan livianos por esa destacada dirigente socialista.
