Los defensores universitarios abogan por equilibrar la balanza entre profesor y alumno

La figura del defensor universitario es obligatoria con la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU), aunque muchas de las instituciones docentes públicas del país ya contaban con este departamento. La mayoría de las universidades andaluzas no la tienen. Se trata de una especie de árbitro para conflictos dentro de la comunidad universitaria. La mayoría de reclamaciones proceden del alumnado y se dirigen al profesorado. Los defensores universitarios consideran que aún existe una posición de fuerza del docente y que su labor debe encaminarse a la "defensa del débil", el alumno, afirma Llorenç Gomis, que lleva ocho años al frente de este departamento en la Universidad Pompeu Fabra, y que la semana pasada se reunió en Córdoba, de martes a jueves, con otros 32 defensores universitarios.

La defensora universitaria de la Universidad de Córdoba, María Dolores Adam, recuerda que la mayoría de quejas se producen por la calidad de la docencia, las revisiones de exámenes, el incumplimiento de las horas de tutorías o que las prácticas se lleven a cabo con establece el plan de estudios. Otra exigencia se refiere al incumplimiento de las horas lectivas: "Es evidente que los programas docentes son más amplios que el tiempo que se tiene".

La calidad docente está en tela de juicio. Llorenç Gomis entiende que, del mismo modo que los alumnos son examinados, los profesores deben pasar por la misma prueba: "Las encuestas sobre el profesorado no se realizan debidamente", sostiene Gomis. Adam agrega que, además de la calidad docente, los alumnos demandan un buen trato y que el docente tienda más a ser un "orientador accesible".

De los 19.000 universitarios de Córdoba, se recibieron un centenar de reclamaciones de estudiantes dirigidas al profesorado en el último año, un 1,9% del alumnado. No obstante, Adam señala que aún se producen casos graves, como alumnos a los que le quedan una sola asignatura en séptima convocatoria, con lo que no pueden ser admitidos en otras universidades y se juegan su futuro: "Hay casos en los que la relación entre profesor y alumno está muy enquistada", comenta. Y, de momento, como señalan los defensores, el débil es el estudiante.

Las quejas de los profesores van por otro sentido. La mayoría aluden a la oferta de plazas y a la baremación de sus currículos con vistas a estos puestos, aunque también se quejan de alumnos que pretenden cambiarse de grupos. Las reclamaciones del Personal de Administración y Servicios (PAS) también se mueven fundamentalmente por preocupaciones laborales, "aunque ellos tienen otros resortes, como los sindicatos", explica Adam, profesora de Derecho Internacional Privado y que lleva cuatro años como defensora en Córdoba.

Uno de los temas tratados en la reunión ha sido la atención a los miembros de la comunidad universitaria discapacitados. "Se remitirá un documento a los rectores para que la Universidad adopte medidas de eliminación de barreras", exige Adam. La defensora de Córdoba cree más necesaria una atención personalizada a través de programas adaptados que la eliminación de barreras físicas.

Ante este panorama, la figura del defensor tiene sus límites. Es un árbitro cuyas resoluciones no son vinculantes. Gomis aboga por que la situación continúe así, "ya que su "autonomía radica principalmente en esas limitaciones". Gomis reconoce que algunos defensores cuentan con más autoridad y "a otros no se le hace tanto caso".

Tanto Gomis como Adam han visto como al principio la figura del defensor cuenta con reticencias de la Administración educativa: "Al principio piensan que eres un censor, pero con el tiempo se ve que sólo buscamos los caminos para resolver problemas", acentúa Gomis. Adam reconoce que inicialmente "existen presiones".

También exigen los defensores que cada año se publique una memoria que refleje las actuaciones realizadas y que muestra "en que falla la universidad", según Adam, para quien esta memoria debe respetar la confidencialidad.