Los malos humos del desarrollo
Las emisiones de gases de efecto invernadero se han duplicado en Andalucía desde 1990
En 1997, y después de intensos debates, la comunidad internacional adoptó un plan de acción para enfrentarse al temido cambio climático. Aunque los compromisos que se fijaron en el Protocolo de Kyoto fueron juzgados como insuficientes por numerosos especialistas, ésta era la única herramienta consensuada a escala planetaria y suponía, en la práctica, una reducción en los vertidos de gases de efecto invernadero, reducción que debían soportar los países más desarrollados.
Tomando como referencia las emisiones de 1990, la Unión Europea (UE) se comprometió a reducirlas en un 8% antes de 2012. Para lograr este objetivo el esfuerzo debe repartirse de manera desigual, ya que los países más desarrollados (como Alemania o Dinamarca) tienen que recortar sus emisiones hasta un 21%, mientras que los países con menor grado de industrialización pueden, incluso, aumentarlas.
España pertenece a este segundo grupo, por lo que, en el reparto fijado por Bruselas, le correspondió un aumento del 15% en sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este compromiso está lejos de cumplirse ya que, hasta ahora, el crecimiento registrado se acerca al 38%, más del doble de lo permitido.
En opinión de Joaquín Nieto, secretario confederal de medio ambiente de CC OO, "no hay una relación directa entre el crecimiento económico y el aumento de las emisiones", por lo que no cabe utilizar como justificación este argumento. "Los vertidos han aumentado en España siete veces más que en China, a pesar del bajo nivel de partida de este país y el mayor crecimiento que experimentó su PIB, y también hemos doblado el incremento que se anota en los Estados Unidos", señala. Es posible, añade, "mejorar el nivel de vida sin que esto suponga un crecimiento desmesurado de las emisiones".
Cumplimiento vasco
Adelantándose a los informes que periódicamente publica el Ministerio de Medio Ambiente, CC OO ofrecía hasta ahora su propio balance que, por vez primera, incluye datos sobre el grado de cumplimiento de estos compromisos en las diferentes comunidades autónomas. En valores absolutos, y a lo largo del periodo 1990-2002, los mayores incrementos en el vertido de este tipo de gases se registraron en Canarias (76%), País Valenciano (62%), Baleares (57%) y Madrid (55%), mientras que la única comunidad autónoma que se ajustó a los límites pactados en la UE fue el País Vasco, donde el incremento no superó el 14%.
En Andalucía las emisiones han aumentado un 46%. Si en 1990 los vertidos de dióxido de carbono (CO2) equivalente se situaban en torno a las 37 millones de toneladas, el pasado año se acercaron a las 54 millones de toneladas, convirtiéndose en la región que mayor cuota tiene en el conjunto de las emisiones españolas (13,69%). Estos datos, sin embargo, pueden matizarse incorporando otras variables como, por ejemplo, el PIB, el volumen de población o la presencia de industrias particularmente agresivas en lo que respecta a su potencial contaminante (refinerías y centrales térmicas de carbón).
Si comparamos las emisiones con la población, Andalucía no queda en mal lugar, ya que reúne a un 18% de la población española, mientras que su participación en el total de emisiones no alcanza el 14%. Mayores desequilibrios se registran en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León o Galicia, donde el porcentaje de población es muy inferior a su cuota de emisiones. Algo parecido ocurre si tomamos como referencia el PIB, ya que la participación de Andalucía en esta variable es de un 13,07%, cifra muy similar a su porcentaje de emisiones, mientras que los desajustes vuelven a manifestarse en las comunidades ya citadas.
El informe de CC OO matiza aún más este balance suprimiendo las aportaciones de centrales térmicas y refinerías, de manera que cada región muestre, con menos distorsiones, su nivel de industrialización y renta per cápita. Con esta fórmula, las comunidades cuya cuota de emisiones es inferior a la media nacional son Andalucía, Baleares, Canarias, País Valenciano, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla. Con respecto a su PIB, las comunidades que mayor cantidad de gases aportan vuelven a ser Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Galicia, grupo al que se suman Extremadura, Cantabria y Navarra.
El sector de la energía y los transportes es el que mayor cantidad de contaminantes de efecto invernadero origina en el conjunto nacional y también en Andalucía. El volumen de gases que se atribuye a este sector supone más del 76% del total, con índices de crecimiento que rondan el 70% entre 1990 y 2002. Por tanto, los esfuerzos para conseguir frenar las emisiones deben concentrarse en estas parcelas, ya que la contribución de otros procesos industriales, la ganadería o la agricultura, es muy moderada.
Comentarios y sugerencias en el e-mail: sandoval@arrakis.es
Cuestión de energía
A diferencia de otras comunidades autónomas, Andalucía aprobó en septiembre de 2002 en Consejo de Gobierno una estrategia ante el cambio climático que, coordinada por la Consejería de Medio Ambiente, implica a los departamentos de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Obras Públicas y Transportes, Educación y Ciencia, y Salud. Para el periodo 2002-2006 se han presupuestado más de 945 millones de euros en diversas acciones.
Los mayores esfuerzos se concentran en el sector energético, ya que el Gobierno andaluz pretende que, en 2010, el 15% de la energía primaria consumida proceda de fuentes renovables. Para conseguirlo se han previsto diversas instalaciones para la generación de energía solar térmica a alta temperatura, con una potencia total de 230 megavatios. Además, habría que incrementar la dotación de paneles solares térmicos de baja temperatura en un millón de metros cuadrados, lo que obligará a potenciar las ayudas públicas a equipamientos, destinados, sobre todo, a viviendas particulares.
También se contempla un aumento de la energía procedente de paneles fotovoltaicos e instalaciones capaces de aprovechar la biomasa (residuos agrícolas y forestales). Los parques eólicos ya en funcionamiento, más los proyectados, deberían aportar 2.700 megavatios en 2006, aún cuando el debate sobre estas instalaciones y su impacto en algunas comarcas, está frenando su desarrollo. Los planes de ordenación del territorio también deben redactarse tomando como referencia esta estrategia, ya que deben reducir el transporte privado y fomentar la promoción de viviendas más eficientes desde el punto de vista energético.
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