El catalán ha pivotado sobre la educación y la cultura

El fomento del catalán y el objetivo identitario ha planeado sobre las políticas de los Gobiernos de CiU en materia de educación y de cultura. Pero ha sido la televisión autonómica, TV-3, con el cien por cien de programación en lengua catalana desde hace 20 años el primer instrumento de normalización lingüística de Cataluña.

- Educación y cultura, herramientas de identidad.

"En estos momentos, Cataluña tiene el porcentaje más alto de sector privado educativo de toda España, el 42%, frente al 30% de media", asegura Carles Martínez, del sindicato USTEC-STES, que impugnó las subvenciones públicas a centros privados de élite. Fabricio Caivano, fundador de la revista Cuadernos de Pedagogía, lamenta que las reivindicaciones de CiU "pivotaran siempre sobre la lengua y no sobre la construcción de un modelo propio". Precisamente la educación ha sido el foco de los mayores conflictos a propósito de la lengua en una sociedad que, sin embargo, nunca ha puesto en crisis su modelo pacífico de convivencia. En 1992 se dictó una circular imponiendo el catalán como lengua vehicular en la enseñanza sin esperar, como hasta entonces, a que este asunto lo decidiera el consejo escolar de cada institución. Ello provocó movimientos de padres hasta que el Tribunal Superior de Justicia avaló la inmersión lingüística con tal de que la Generalitat garantizara la "asistencia personalizada" a los niños castellanohablantes. Los años noventa marcaron un vaivén en la política lingüística con intentos de primar la coerción frente al fomento. La segunda ley de normalización lingüística, que finalmente se desdibujó en sus exigencias más criticadas, se aprobó, por ejemplo, sin consenso. No la apoyaron ni el PP, por excesiva, ni ERC, por tibia. El catedrático Francesc de Carreras, firmante del Foro Babel, afirma que el balance de estos años es de degradación en el respeto de los derechos lingüísticos. Para otros expertos, el catalán sigue siendo la lengua débil y mientras la Constitución impone el deber de conocer el castellano, para las otras lenguas cooficiales sólo habla del "derecho" a conocerlas.

Ahora, más del 94,5% de la población entiende el catalán y un 49,8% lo escribe

El discurso pujolista sobre la inmigración ha procurado no fomentar la xenofobia

La división política de los noventa en cuanto al catalán no existió al inicio del mandato de Pujol. La primera responsable de política lingüística del Gobierno de la Generalitat, Aina Moll, llevó la primera ley del catalán con el total consenso. "Mi situación era atípica", recuerda Moll. "Era una independiente. En mi etapa no hubo grandes escaramuzas políticas. Pero ocho años después todo tenía que ser distinto. La normalidad democrática hace más lógico que el Gobierno ponga personas de su partido y que se entre en una situación de debate donde cada uno defiende sus posturas". Ahora, más del 94,5% de la población entiende el catalán y un 49,8%, lo escribe.

La polémica está en el grado de uso social de esta lengua. Jordi Roigé es el actual responsable de política lingüística. Durante su mandato no se ha aplicado ninguna sanción. Roigé está convencido de que, en este terreno, las leyes tienen que crecer al mismo ritmo que la voluntad de la población. Uno de los factores que más han ayudado a la normalización del catalán ha sido TV-3, que nació, hace 20 años, en contra de los designios del Gobierno central que quería una televisión "antropológica y complementaria". Más respetuosa con sus obligaciones de televisión pública que otros ejemplos españoles, el gran problema de TV-3 es su deuda: más de 763 millones de euros.

El objetivo identitario ha contaminado en demasía las otras políticas del pujolismo. Uno de los ejemplos claros de ello es su política cultural. Esta supeditación de la cultura a la defensa de la identidad, de raíz romántica, ha comportado otras asimilaciones: por ejemplo, la automática identificación de la cultura con la lengua. En octubre de 1985, el consejero Joan Rigol impulsó un pacto cultural con todos los partidos para sacar la cultura de las escaramuzas políticas. Apenas duró un par de meses. "Después de ello se abrió camino la práctica de la pequeña subvención, con la dispersión de recursos y el clientelismo que ello ha comportado", comenta el editor, escritor y crítico literario Josep Maria Castellet.

- Inmigración, factor de crecimiento y tensión.

Uno de los sectores más desvalidos en este tema, y tantos otros, es el de la inmigración extracomunitaria. Cataluña superó el año pasado el umbral de los 6,5 millones de habitantes, una cifra que los demógrafos calculaban para 2030. La inmigración la ha pulverizado. Miguel Ángel Assomba, portavoz de SOS Racismo, admite que la Generalitat fue pionera en 1993 al crear un plan interdepartamental para aunar esfuerzos en la política de integración. Otra cosa es que tuviera éxito en el intento. El discurso pujolista sobre la inmigración ha procurado no fomentar la xenofobia, destacando las aportaciones positivas, pero en cercanías electorales se incrementan los mensajes sobre la necesidad que tienen los catalanes de no perder la identidad -con llamamientos a una mayor natalidad- porque, en el fondo, según el profesor de la Universidad de Barcelona Miquel Caminal, "Pujol y el Gobierno de CiU no ve a los inmigrantes como ciudadanos, sino como mano de obra".

Cataluña ha vivido brotes de violencia urbana y xenófoba. Al margen de las explicaciones socioeconómicas, la mirada de la ciudadanía se ha dirigido al aparato policial. El despliegue de los mossos, que cubren el 70% del territorio y dentro de dos años llegará a Barcelona, ha provocado que varios alcaldes se quejen de que en el tránsito, mientras unos se van y otros llegan, ha habido vacíos con menos policía y más inseguridad. Tarragona, la última provincia a la que llegarán los mossos, con 459 delitos por cada 10.000 habitantes, no sólo supera en esta estadística a Barcelona (238 delitos por 10.000 habitantes) sino a Madrid (317).

- Éxito en sanidad, tropiezo en geriatría. El Gobierno de Pujol ha construido a lo largo de estos años una red sanitaria de primera, descentralizada y accesible, pero que ahora se enfrenta a su sostenimiento económico. La red sanitaria que la Generalitat recibió tenía apenas cinco grandes hospitales públicos y una depauperada red de ambulatorios. Pero esa grave carencia, se convirtió en una oportunidad que permitió crear, en palabras de Ramon Massaguer, secretario general de Sanidad, "una red mixta integrada por grandes hospitales públicos de alta tecnología y una extensa red de centros comarcales que podían escapar al corsé de la estatalización y ser gestionado por entidades de derecho privado". Nadie discute que éste es uno de los grandes activos de la herencia del pujolismo. Xavier Trias fue su hacedor. Pero intereses económicos y profesionales se impusieron a una planificación basada en las prioridades asistenciales. En el área metropolitana de Barcelona hay seis equipos públicos y cinco privados que efectúan operaciones a corazón abierto. En Berlín, dos.

En Barcelona hay un gran número de camas hospitalarias de alta tecnificación ocupadas por ancianos que deberían estar en residencias que no existen, lo que ha criticado profusamente la oposición. "¡No sé por qué nos critican tanto!", expone dolida Irene Rigau, consejera de Bienestar Social. "Hemos doblado el presupuesto en cuatro años, hemos creado 7.000 plazas, damos 240 euros de ayuda al mes a familias con ingresos inferiores a 36.000 euros anuales para que sus ancianos envejezcan en casa. ¿Por qué no se reconoce?" Cataluña cuenta con 48.191 plazas en residencias para ancianos, pero el 60% son privadas y el 40% tienen financiación pública. La proporción, según Rigau, se ajusta al canon europeo. Pero a las públicas sólo acceden personas con recursos muy escasos. La clase media está obligada a abrazar la oferta privada, que cobra de media unos 1.500 euros al mes.

Con información de Josep Maria Martí Font, Tomàs Delclós, Teresa Cendrós, Agustí Fancelli, Milagros Pérez Oliva, Àngels Piñol, Miquel Noguer y Sebastián Tobarra.