Pujol lega una gestión irregular

Cuando en 1980 Jordi Pujol llegó a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, contaba con un presupuesto de 40,84 millones de euros y una plantilla que no superaba 500 personas. Ahora gestiona 18.630 millones de euros y cuenta con cerca de 200.000 funcionarios. Una maquinaria que supone el 12% del PIB de Cataluña. En el balance de 23 años de pujolismo cabe todo, desde el acierto en definir un mapa sanitario hasta entender Bienestar Social como una plataforma clientelar, desde un modelo educativo basado en la escuela privada concertada a una política que, con la impagable ayuda de la propia sociedad, no ha roto ningún esquema de convivencia. La talla política de Pujol -como estadista español y europeísta pionero- queda mitigada al repasar su gestión doméstica.

El peso de la economía catalana en el conjunto español ha caído medio punto este año

Ante cualquier denuncia de corrupción, el círculo político y familiar de Pujol se compacta

- Selva de organismos. Llegar al poder sin una maquinaria administrativa suficiente, como le ocurrió a Pujol, es un problema, pero también una oportunidad para hacerla crecer con lógica. Esta ocasión se perdió. Ya en 1986 se advirtió que la Generalitat estaba cayendo en los vicios del mastodonte administrativo. Se creó una Comisión de Desburocratización. El Gobierno se lanzó a crear consorcios, organismos autónomos, empresas públicas, agencias, etcétera. El resultado fue complicar aún más el organigrama, porque a partir de entonces había dos esquemas entremezclados. Al cabo de unos años, la selva de organismos resultante tampoco fue considerada satisfactoria. "No les gustaba lo primero por barroco y habían caído en el rococó", resume el profesor Carles Ramió, especialista en Administración Pública de la Universidad Pompeu Fabra. Entonces fue cuando, en 1996, se optó por la externalización. Es decir, por la prestación de los servicios públicos por organismos privados. Es lo que se está haciendo con las escuelas concertadas y los servicios sanitarios, por ejemplo.

Las acusaciones de corrupción han sido constantes. Pujol, que se considera "el político más investigado en este país, del derecho y del revés", presume de que "nunca me han encontrado nada. Ni un solo rasguño judicial". El mismo año que el Supremo condenaba al socialista Josep Maria Sala por la financiación irregular del PSOE en el caso Filesa, 1997, un juez archivaba el caso Casinos. Se trataba del desvío de 3.000 millones de pesetas de la empresa Casinos-Inverama a Convergència. El juez vio una "sospecha fundamentada" en que el desvío "para el mantenimiento directo o indirecto" de CDC existió, pero no halló "ninguna conducta delictiva" porque el hecho no atentaba contra "el interés social". Ante cualquier denuncia de corrupción o favoritismo, el círculo político y familiar de Pujol se compacta. Sucedió con Banca Catalana o cuando se han cuestionado los negocios de sus hijos.

- Menos pulso económico. Este año, los prudentes empresarios catalanes, con la Cámara de Comercio a la cabeza, proclamaron solemnemente que el déficit de infraestructuras y la desatención culpable del Estado, como gran inversor, estaba dañando la competitividad de Cataluña. Pujol les recriminó que llegaran tarde con este lamento cuando él se había sentido muchas veces "solo" en sus batallas con Madrid. Lo que disparó la alarma es la pérdida de peso de la economía catalana en el conjunto español. Va a menos. Después de haber ganado peso de 1986 a 1996, ha caído medio punto y se sitúa en el 19%. "Cataluña sufre un desajuste. Hoy no puede hablarse de un problema, pero dentro de 15 años puede ser enorme", profetiza Jordi Comas, vicepresidente de The Boston Consulting Group (BCG). En un informe del BCG para el Gobierno catalán se advierten luces y sombras. Entre los datos positivos figura el avance del PIB per cápita de Cataluña respecto del de Europa. La riqueza por habitante de Cataluña, el 21% superior a la media española, ha crecido el 2,8% de media anual, dos décimas más que la europea pero menos que la española (3,4%) y que la de comunidades más pobres, como Extremadura, y de otras ricas, como Madrid. El BCG advierte que este crecimiento se verá reducido entre el 0,3% y 0,4% en el futuro, en buena parte por la evolución de uno de los factores que más han tirado del carro del crecimiento: las exportaciones. En palabras de Comas, "ya están en niveles europeos y tienen un techo como locomotora". Otro aspecto que explora es el avance con el paso cambiado de los servicios y la industria. Mientras que en Europa los servicios pesarán a finales de esta década el 67,5% en la economía, frente al 28,6% de la industria, Cataluña sigue el camino contrario. La tasa de crecimiento medio anual de la industria es del 3,7%, frente al 2,5% de los servicios. Cataluña está bien situada en sectores con un crecimiento que hasta 2010 se prevé inferior a una media del 3,3% (químico, plásticos, maquinaria). En los servicios empresariales y financieros, con Madrid a la cabeza, va rezagada.

CiU achaca los déficit de Cataluña a la escasa inversión del Estado y a un deficiente sistema de financiación autonómico, aunque celebró el último acuerdo con el PP sobre este tema. En cuanto a las cuentas domésticas, el consejero de Economía, Francesc Homs, asegura que la Generalitat "lleva seis años reduciendo el porcentaje de endeudamiento sobre el PIB". Pero los expertos consideran que la Generalitat no es una excepción en los artilugios contables desarrollados por los países para enmascarar deuda (las empresas públicas cobijan deuda que no figura en los presupuestos, el método alemán de pagos aplazados...).

El nivel de endeudamiento, que oscila entre el 7,5% y el 11%, según se mida el oficial (normativa SEC-95) o se tengan en cuenta todas las formas de deuda, ¿significa que la Generalitat está muy endeudada? ¿Cómo y en qué gasta el Gobierno catalán los recursos? El consejero de Economía considera que el volumen de endeudamiento es "perfectamente sostenible" y en términos similares se expresa el socialista Antoni Castells. El problema es que mucha deuda se genera en el capítulo de gastos corrientes más que en el de inversiones. De las cinco comunidades que tienen las mismas competencias, Andalucía, Canarias, Galicia, Valencia y Cataluña, esta última es la que invierte menos: 245 euros por habitante , mientras que es, tras Andalucía, la que tiene más gastos corrientes, con 2.091 euros por habitante.

- Problemas de vivienda, agua y transporte. En 1985, Pujol planeó construir hasta 2001 un total de 2.826 kilómetros de vías. Al terminar el plazo faltaban 970 kilómetros. En 1980, Cataluña tenía el 28,9% de las autopistas de peaje de España. En 2003, el 28,4%. En cambio, en autovías libres de peaje, España tenía, en 1980, 403 kilómetros. Ahora disfruta de 7.700. Sólo un 3,9% están en Cataluña. El argumento de la Generalitat regresa a la desatención del Gobierno con Cataluña. En la última etapa, incluso la oposición reconoce la labor de consenso promovida por el director general de la Autoridad del Transporte Metropolitano, Francesc Ventura, quien detecta en el país un cambio de mentalidad a la hora de enfocar el transporte. "Hace 23 años pedía carreteras y ahora reclama transporte público". El cambio de criterio, sin embargo, llega tarde. En 1980, el metro transportó 214 millones de pasajeros. El año pasado, 221 millones.

Si en transporte hay un tardío cambio de enfoque político, en vivienda, Cataluña se parece cada vez más al resto de España: predominio de la propiedad y encarecimiento salvaje. Pero es que en los años sesenta, el parque de viviendas de alquiler en Cataluña era del 63% sobre el total y ha bajado 50 puntos hasta dar un 16,6% (apenas cinco puntos sobre la media española). La promoción de vivienda de protección oficial ha descansado en el precio tasado y la iniciativa privada. Comunidades como Extremadura, Murcia, País Vasco y Navarra han promovido más viviendas protegidas que Cataluña.

Tarragona ha sido la protagonista de este final de etapa en otro asunto candente, el trasvase del Ebro en el que se debate entre el argumento del desarrollo y el de defensa de la naturaleza. "Hace años que le pregunté a Pujol por el delta del Ebro y él sólo dijo que era un territorio pobre y que lo importante eran las personas", comenta el catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona Narcís Prat. Bajo esta premisa, el Gobierno de Pujol suscribió el Plan Hidrológico. Su defensa se basaba en que la mediación de CiU consiguió establecer medidas reguladoras y condicionantes a la detracción de agua, además de un plan para el delta del Ebro que significaría la aportación de millones de euros. Y segundo porque, decían, dichas medidas permitían, de hecho, paralizar el PHN dado que dejaban al arbitrio del Gobierno catalán la fijación del caudal mínimo medioambiental, que resultaría incompatible con los hectómetros que se trasvasarán. Finalmente, en julio se presentó el plan ideado por el Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro, presidido por CiU y dirigido por el PP. Cifra en 560 millones de euros las inversiones a realizar en 10 años. Pero no señala el caudal mínimo medioambiental. A esto último se han aferrado los dirigentes de CiU para denunciar ahora el plan -denostado por vecinos y oposición- en vísperas electorales.

Con información de Ariadna Trillas, Serafí del Arco, Enric Company, Josep Garriga, Sebastián Tobarra, Enric Company, Lali Cambra, Lluís Visa, Pere Rusiñol y Francesc Arroyo.