El director del marjal atribuye a Pascual las agresiones al humedal
Urios declaró que los operarios acataban órdenes del ex alcalde
El director conservador del marjal de Pego-Oliva, Vicente Urios, ratificó ayer ante el tribunal sus denuncias relativas a las "alteraciones" físicas sufridas por el humedal, desde 1996 y 1998 cuando se desecaron e incendiaron 600 hectáreas, y al veto por parte del alcalde de acceder al paraje, según reveló la acusación popular. Según Urios, los operarios le indicaron que actuaban por orden de Carlos Pascual.
La sexta sesión del juicio al ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, prosiguió ayer, a puerta cerrada a petición de la sala -la sección 3ª de la Audiencia de Alicante-, con la testifical del director conservador del parque, Vicente Urios. Según desveló la letrada de la acusación popular, Urios se ratificó en sus denuncias relativas a las "alteraciones" sufridas por el humedal, desde 1996 y hasta 1998.
Durante casi dos horas, Urios, uno de los testigos claves en el proceso por su responsabilidad en el paraje, narró que los operarios que desarrollaban actuaciones en el parque protegido le comunicaron que trabajaban por indicación del entonces alcalde, Carlos Pascual, o del teniente alcalde y, a su vez, presidente de la comunidad de regantes, José Orihuel. Sin embargo, según Iván Hernández, abogado de la defensa, Urios reconoció que "nadie le acreditó que esto fuera así".
El fiscal imputa a Pascual y a Orihuel un delito medioambiental, como supuestos responsables de realizar actuaciones en el humedal para, según el ministerio público, recuperar los cultivos de arroz y revalorizar los precios de las fincas particulares. Para ellos, según el fiscal, los enjuiciados acordaron la "quema" de la vegetación y "rebajaron" el nivel del agua de las zonas húmedas. Al respecto, el director corroboró que los incendios autorizados por el ex primer edil afectaron a la vegetación autóctona. Además, agregó, que las actuaciones causaron una mortandad de peces. Por estos hechos, el fiscal pide siete años de cárcel.Urios reiteró que la Policía Local le vetó, por orden del alcalde, su acceso al parque. Por este asunto, el fiscal pide tres años de cárcel a Pascual. Urios declarará la próxima semana en calidad de perito.
En la sesión también testificó un forestal que reiteró las denuncias vertidas por declarantes anteriores.
