Técnicos de Medio Ambiente inspeccionan la granja de monos de Camarles

Técnicos del Departamento de Medio Ambiente revisaron ayer las instalaciones de la granja de Camarles (Baix Ebre) en la que la Generalitat decomisó el viernes 300 macacos, con objeto de comprobar el estado de los primates. La población en pleno y organizaciones ecologistas y conservacionistas se oponen a la granja. Los técnicos suscribieron las tesis del Gobierno autónomo según las cuales sólo el Ministerio de Economía es competente para revocar el permiso de importación de los macacos, que a falta de otro lugar y a la espera de su retorno a Islas Mauricio, su lugar de origen, permanecerán en Camarles.

La comisión para la inspección de núcleos zoológicos de fauna salvaje, integrada por tres personas, una de ellas un experto en primates externo al Departamento de Medio Ambiente, no encontró oposición alguna para realizar su trabajo, aunque sus miembros no pudieron acceder al interior de las jaulas y se limitaron a observar a los primates desde un vehículo.

Análisis previos

Según Ignasi Rodríguez, secretario de Medio Ambiente, los inspectores deberían haberse sometido a diversos análisis para evitar infectar a los macacos. El protocolo de la empresa recoge la necesidad de que las personas que entren en contacto con los monos, cuyo destino final son los laboratorios de investigación, se realicen cuatro pruebas analíticas: de tuberculina, sangre, orina y heces.

Como no tenían estos análisis, los técnicos se limitaron ayer a comprobar de forma visual el comportamiento de los primates, que han nacido en cautividad, y precisaron que de sus movimientos no se puede concluir que padezcan estrés o haya rivalidad entre ellos, y que su alimentación es la correcta. Las inspecciones serán más rigurosas cuando los técnicos puedan seguir el protocolo marcado por la empresa. Los monos permanecerán en la granja puesto que, según reconocieron las autoridades de Medio Ambiente, en Cataluña no existe otro lugar que pueda acoger tal cantidad de animales.

Camarles descubrió con sorpresa el viernes que 300 primates habían llegado a la granja de la empresa Centre de Recherches Primatologiques y desde entonces han presionado al Gobierno catalán para que los monos sean devueltos a su lugar de origen. La población ha creado una asociación para luchar contra la granja, a la que en un principio tanto el Ayuntamiento como la Generalitat dieron permisos que, tras la oposición popular, revocaron. Los argumentos de los opositores son la ubicación de la granja en una zona de alto valor ecológico como es el delta del Ebro y el temor a que los monos puedan ser transmisores de enfermedades. La población no es la única que se llevó una sorpresa, dado que el Ejecutivo catalán desconoce qué vía se utilizó para transportar los animales a Camarles.