Victimistas o víctimas

Uno de los insultos que los españoles dedican a los catalanes es el de victimistas para no reconocer que, efectivamente, somos víctimas. En la palabreja subyace la acusación de que exageramos perezosamente nuestros males y de que preferimos la queja cobarde a la acción decisiva y exigente. No niego que a veces nos merecemos el calificativo, sobre todo por la escasa rotundidad de nuestras exigencias; pero, en cualquier caso, es siempre una invectiva malintencionada. Hace pocos días oí hablar en estos términos a Josep Piqué, candidato del PP a la presidencia de la Generalitat. Decía que muchos catalanes piensan que en Madrid hay una organización dedicada a planear grandes daños contra Cataluña y que esto demuestra el grado de infantilismo de muchos catalanistas. En Madrid, decía, todo el mundo se esfuerza en servir adecuadamente a Cataluña con la mayor buena fe aunque los victimistas no quieran aceptarlo.

Me parece oportuna, por lo tanto, la publicación de un texto promovido por Catalunya Empresa Oberta y Òmnium Cultural con el título Ja n'hi ha prou: manifest per un tracte just i raonable, que han apoyado muchos ciudadanos conspicuos. Es, por fin, un documento de firme contundencia en el que no sólo se demuestra que somos víctimas, sino que, además, se niega el fantasma de la cobardía victimista.

Una primera parte del documento explica de manera precisa algunos malos tratos que recibe Cataluña, especialmente relacionados con el déficit en la financiación de la autonomía. Cataluña padece un déficit fiscal que es injusto e insoportable: pagamos impuestos a nivel europeo y recibimos servicios públicos e infraestructuras a niveles muy inferiores. Pero, además, las infraestructuras que se nos conceden son tan insuficientes y tan mal orientadas que no permiten un normal desarrollo de nuestra economía. Por lo tanto, no hay futuro si no se equilibra el balance fiscal y si no se conquista la capacidad de decisión.

Lo que más me convence del manifiesto es el énfasis en esos temas económicos y en las correspondientes decisiones autónomas porque la mayoría de los partidos -influidos por la pretendida prioridad de los problemas espirituales e identitarios- no se atreven a proclamar que el problema de Cataluña es, fundamentalmente, la pésima financiación, consecuencia de la falta de presión de nuestro Gobierno frente al expolio que se practica desde Madrid, donde -en contra de la afirmación de Piqué- parece que, efectivamente, haya una organización especializada en fastidiar a Cataluña, no se sabe si inducida por el mito de una unidad nacional vacía de contenido o por los celos de una competencia peligrosa.

Al margen del texto básico, el manifiesto ofrece una serie de ejemplos fáciles de entender incluso desde el punto de vista de los intereses particulares: el déficit fiscal está cerca del 10% del PIB y alcanza 1.700 euros anuales por persona; en los últimos dos años, el Estado ha invertido en Barajas el triple que en El Prat, y el cuádruple en los anteriores cinco años; la conexión del AVE con Francia llegará con 15 años de retraso; no hay previsiones para mejorar la deficiente conexión ferroviaria entre ciudades catalanas ni en potenciar el arco mediterráneo; la inversión estatal por habitante de 1995 a 2000 ha sido la mitad de la media española; en Cataluña hay el 9% de vías rápidas y pagamos el 42% de peajes; no se permite que el aeropuerto de El Prat sea transoceánico para potenciar así el de Barajas, etcétera. Si el déficit fiscal se redujera al 3% -superior al de la mayoría de las regiones ricas europeas-, Cataluña alcanzaría un PIB que la convertiría en la cuarta región de Europa, en vez de ser la cuarta de España.

Con este documento de fácil comprensión popular, los ciudadanos entenderán por fin que somos víctimas de unos maltratos que afectan directamente a nuestra economía y a nuestro bienestar. Pero, además, al final del texto entenderán que no podemos ser victimistas refugiados en el conformismo quejumbroso. En él se exige a los parlamentarios surgidos de las próximas elecciones que tomen las medidas necesarias para cambiar radicalmente esta situación y que las tomen con urgencia, como una prioridad ineludible. Pero, además, se les advierte que no van a valer las excusas que hasta ahora se han esgrimido como inapelables, referidas siempre a la imposibilidad de convencer a las guerrillas anticatalanas de Madrid. No hay ninguna razón económica que justifique ese expolio. Las razones son simplemente torceduras y resquemores políticos. Por lo tanto, si a pesar de las exigencias serenas y sensatas de nuestros parlamentarios se demuestra que es imposible lograr lo que es justo, ellos mismos "se deben comprometer a plantear, de manera racional, alternativas nuevas a los ciudadanos, vías innovadoras, claras y transparentes que sirvan para conseguir estos objetivos imprescindibles para nuestro futuro". Ésta es la novedad esencial del manifiesto: si no se logra otro grado de soberanía con un diálogo institucional, hay que buscar otros medios más allá de las instituciones, lo cual insinúa la necesidad de organizar movimientos populares y crear una conciencia exigente que no se conforme con el victimismo. El Gobierno vasco es un ejemplo de esa actitud firme en contra del terrorismo, pero también de la cerrazón de un Madrid que no quiere dialogar. Sabe lo que quiere y adopta los medios legales para lograrlo, estén o no previstos en la burocracia política. Con las próximas elecciones, ¿lograremos en Cataluña un gobierno nacional de parecida firmeza?

Oriol Bohigas es arquitecto.