Cardenal califica de "avalancha incontrolada" la llegada de menores extranjeros

Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, ha ordenado a todos los fiscales que intenten frenar "la incontrolada avalancha de inmigrantes clandestinos menores de edad" para evitar "la parálisis del sistema asistencial" y el "desbordamiento del sistema de protección". El fiscal general ha instruido a los fiscales para que con carácter general dictaminen "el retorno del menor a su punto de origen a la mayor brevedad posible", especialmente a los mayores de 16 años y menores de 18. Cardenal entiende que ni España "está obligada a asumir la tutela" de todos los menores que llegan ni la Ley de Extranjería "prohíbe su retorno o devolución".

La instrucción de Cardenal explica que la "avalancha de extranjeros menores indocumentados" crece a un ritmo de 1.000 al año. La mayoría procede de Marruecos, donde, advierte, el 40% de los 9,18 millones de menores de 15 años se ven empujados "a emigrar a edades cada vez más tempranas". Ésta es, alega, una de las causas de la "incontrolada avalancha".

Cardenal escribe que no puede permitirse que "la minoría de edad se convierta en una coartada legal que legitime la violación sistemática de las normas del Estado", por lo que estima que las normas de protección de menores no deben ser aplicadas "a los menores de edad emancipados". Es decir, que el mero hecho de llegar solos a España no quiere decir que estén desamparados, porque algunos de ellos, pese a tener 16 años, están emancipados y tienen "capacidad civil de obrar". La prueba de esta emancipación, esgrime, es el simple hecho de que "pretenden la entrada clandestina sin estar acompañados de sus padres".

El fiscal explica que lo mismo que el absentismo escolar no es sinónimo de desamparo, tampoco lo es la entrada de un menor en España sin familia. Por ello pide a los fiscales que, en adelante, consideren que los mayores de 16 tienen capacidad para regir su persona y sus bienes como mayores de edad y, por tanto, pueden ser expulsados. También pide que impulsen el retorno de los menores y que no se opongan a ninguna decisión administrativa de expulsión sin autorización expresa de su superior.