El Gobierno italiano acepta negociar la reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones en Italia entra hoy en una fase crítica. El ministro del Bienestar Social, Roberto Maroni, anunció ayer su disposición a negociar con los sindicatos tras la huelga general de cuatro horas del viernes, pero afirmó que el proyecto de reforma sería enviado hoy mismo al Senado, al margen de cualquier posible diálogo. Los dirigentes sindicales insistieron en que la tramitación parlamentaria impediría los contactos y provocaría una ruptura total.

Pese a la disposición al diálogo, el tono del Gobierno no es precisamente de mano tendida. Roberto Maroni desafió ayer a los sindicatos y proclamó que la reforma debía seguir adelante, aunque se dijera dispuesto a hablar mientras tanto de los aspectos secundarios de la ley. En un acto público en Varese, Maroni declaró: "Estamos preparados para reabrir la negociación con los agentes sociales si existe una propuesta alternativa".

La batalla de las pensiones se ha trasladado, después de la huelga, al seno del propio gobierno. El partido central de la coalición conservadora, la Forza Italia de Silvio Berlusconi, estaba decidido a seguir adelante con el plan de retrasar la edad de jubilación sin atender a la presión de los sindicatos. La Liga Norte, como de costumbre, se alineaba con Forza Italia. Alianza Nacional, la formación neofascista de rasgos dialogantes, pedía en cambio que se suspendiera el envío del texto al Senado y se abriera una negociación para buscar fórmulas de consenso.

Las diferencias entre el bloque de los sindicatos y los partidos de izquierda, por un lado, y la coalición derechista en el gobierno, por otro, no parecían insalvables. El secretario general de la CISL, Savino Pezzotta, declaró en una entrevista a Il Corriere della Sera que estaba dispuesto a dialogar y sugirió que no se oponía frontalmente a una prolongación de la vida laboral (de los 60 a los 65 años para los hombres a partir de 2008), pero sí a que ésta se efectuara de forma brusca, lo que hacía que, para un trabajador cercano al retiro, haber nacido una semana antes o después supusiera una enorme diferencia.

Pezzotta señaló que un sistema de incentivos podría conducir a un acuerdo. Agregó, sin embargo, que el presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, debía realizar un gesto de buena voluntad y hablar con los interlocutores sociales antes de iniciar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

Paolo Nerozzi, secretario general del sindicato CGIL, fue más tajante y declaró que no sería posible ninguna negociación si el Gobierno no daba por suprimido su proyecto e iniciaba una negociación "a partir de cero". Nerozzi hizo notar que esta semana se reuniría de nuevo la coordinadora de los tres grandes sindicatos nacionales para estudiar nuevas medidas de protesta, entre ellas una posible huelga general de jornada completa a celebrar en diciembre.

La huelga parcial del viernes pasado hizo que ambas partes se sintieran relativamente fuertes. Los sindicatos sacaron a la calle casi 1,5 millones de personas y consiguieron paralizar la mayor parte del sector público; el gobierno comprobó que en la empresa privada y el comercio la convocatoria de huelga fue acogida con tibieza.

Negociar el desempate

El resultado del viernes fue tan incierto que Gobierno y centrales sindicales empezaron a pensar inmediatamente en un desempate. Los sindicatos, conscientes de que la popularidad de Silvio Berlusconi iba a la baja, sopesaron la opción de una nueva huelga, más rotunda, que tratara de abarcar a todos los descontentos con el gobierno de la derecha.

El partido de Berlusconi, Forza Italia, presintió en cambio que la reforma de las pensiones (a la que se opone, según los sondeos, un 58% de los italianos) podía ser la vía para desgajar definitivamente a los sindicatos de la empresa privada y sofocar el instrumento más vivo de la izquierda política. Y ayer, terció el ministro de Bienestar con una tíbia oferta de diálogo.