Vivienda: derecho social o especulación

Al fin la problemática de la vivienda centra el debate social y político, y eso por sí solo es una buena noticia. Aún resuenan las palabras del ministro Francisco Álvarez-Cascos negando el problema, pero las apariencias engañan, porque estamos lejos de tener el asunto encarrilado. Así, un debate que surge como denuncia por los desmesurados precios de la vivienda se transforma en una polémica sobre la burbuja inmobiliaria, y es lógico que así sea porque no tenemos un problema, sino tres. Desde una perspectiva social, el derecho a la vivienda que reconoce la Constitución se ha vuelto inaccesible a la mayoría de trabajadores. Desde una perspectiva económica, el producto financiero con grandes plusvalías en que se ha convertido la inversión en vivienda está sobrevalorado y puede explotar, y desde una perspectiva política al PP ya le va bien que el crecimiento de la construcción camufle los desequilibrios económicos de otros sectores y le permita hacer propaganda.

En la UE, la propiedad privada de la vivienda está limitada por su uso social. En España es una mercancía más

Ésta es la explicación de que el Gobierno español exprese más preocupación por la burbuja inmobiliaria y el riesgo de pinchazo súbito que por la falta de viviendas asequibles. Para acertar en las soluciones lo importante es tener un diagnóstico compartido sobre las razones que nos han llevado hasta aquí, porque si se plantea, como hace la derecha y algún acompañante, como un problema motivado por la mayor capacidad adquisitiva de los salarios o la mayor demanda de vivienda de los inmigrantes, se acaba proponiendo una total liberalización del suelo, con lo que el problema no sólo no se resuelve, sino que se agrava.

La receta ultraliberal no sirve, porque una vivienda no es una mercancía más, como un yate, es un bien destinado a satisfacer un derecho social, y porque la experiencia demuestra que la sobredemanda no viene generada por las necesidades de las familias, sino por el carácter de producto financiero refugio con altas plusvalías en que se han convertido la vivienda y el suelo que la hace posible. Sólo así se explica que en 15 años el precio de la vivienda haya subido tres veces más que los salarios; que los trabajadores deban destinar el 42% del salario -el 52% en Cataluña- a comprar un piso; que en España se construya el 40% de las viviendas de la UE, lo que no se justifica ni por el porcentaje de nuestra población, ni por la demanda de segundas residencias del resto de europeos, como dice el Gobierno. Todas estas sinrazones confluyen en un último dato: entre el 25% y el 30% de las compras de vivienda no van destinadas a su uso, sino a inversión, de las familias, pero sobre todo de empresas y fondos de inversión. Las razones de tanta sinrazón son diversas y complejas, pero pueden resumirse en una idea. Estamos ante las consecuencias acumuladas de dos décadas de hiperactividad del mercado y parálisis de los poderes públicos.

El punto de partida en los años ochenta fue un incremento de las necesidades de jóvenes y familias de acceder a una vivienda, y desde entonces los poderes públicos no han hecho políticas para compensar los desequilibrios del mercado. Incluso los recursos destinados a planes de vivienda en los presupuestos estaban más orientados a ayudar a mantener la actividad constructora en épocas de crisis que a facilitar el acceso a una vivienda asequible. La prueba de ello es que cuando el sector de la construcción funciona, los planes públicos de vivienda se paralizan, deja de haber suelo público, como en Cataluña. Pero sobre todo las administraciones han olvidado el alquiler. Con los recursos destinados a planes de vivienda pasa como con las ofertas de turismo para gente mayor del Inserso: se presentan como políticas sociales cuando su verdadero objetivo es el apoyo a sectores económicos. En unos casos, apoyo a la construcción cuando está en crisis; en otros, a mantener abiertos los hoteles fuera de temporada. Esta falta de políticas públicas es más evidente cuando se contrasta con Europa. El 27% del parque de viviendas de alquiler de Estocolmo es de titularidad pública, y una cosa parecida sucede en otros países, como Francia. Dinamarca tiene leyes que permiten a las administraciones públicas alquilar de oficio las viviendas vacías que sus propietarios no alquilan, y eso significa que mientras que en la UE se tiene claro que la propiedad privada de la vivienda está limitada por su uso social, en España se trata como una mercancía más, y la vivienda que no ha sido tratada como derecho social pasa de mercancía a producto financiero refugio.

Las bolsas mundiales pinchan la burbuja bursátil, cae en picado la rentabilidad de los productos financieros y en España todo coincide con una bajada de los tipos de interés marcados por el Banco Central Europeo y una elevada inflación, que nos sitúa como el país con el precio real del dinero más bajo, cercano a cero. Las consecuencias son de momento las que conocemos: grandes flujos de dinero de todo el mundo, blanco, opaco, negro o criminal -cada vez se diferencian menos, sobre todo en los circuitos financieros-, orientados a la compra de vivienda, y la burbuja se convierte en un globo que no para de subir. Sólo si se comparte este diagnóstico es posible provocar un cambio de la situación que pasa por la intervención pública en el mercado con políticas fiscales agresivas que penalicen la propiedad de la vivienda y el suelo no utilizado -no incentivando más la demanda como hacen algunas ofertas electorales-, y destinando grandes recursos públicos y privados a potenciar la vivienda asequible de alquiler.

Joan Coscubiela es secretario general de CC OO de Cataluña.