Un acuerdo con polémica asegurada

Repsol YPF ha logrado en México un contrato de obras y servicios por valor de 2.437 millones de dólares para desarrollar los yacimientos de gas natural de la cuenca de Burgos. Pero la polémica ya está abierta en el país azteca: los legisladores contrarios a la privatización del sector energético amenazan con llevar ante los tribunales a los funcionarios que firmaron el acuerdo.

Repsol es la primera petrolera extranjera que recibe autorización para explotar los hidrocarburos de México en los últimos tres decenios

Los legisladores mexicanos contrarios a la progresiva privatización del sector energético y a las concesiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) han amenazado con llevar a los tribunales a los funcionarios del Gobierno que otorgaron un contrato de obras y servicios de 2.437 millones de dólares a Repsol YPF, el primero bajo la figura de Contratos de Servicios Múltiples (CSM). El grupo español desarrollará durante 20 años los ricos yacimientos de gas natural de la cuenca de Burgos, situada a 1.000 kilómetros de Ciudad de México, en el norte nacional. La producción de gas y su administración pertenecerá al monopolio petrolero mexicano.

La envergadura de la concesión convertirá a Repsol en la primera gran empresa petrolera extranjera, con autorización para explotar el sector de los hidrocarburos en México en más de tres decenios. Repsol ganó la licitación después de que se retiraran Exxon Mobil, de Estados Unidos, el mayor consorcio del mundo, y la francesa Total.

"Con más pena que sorpresa, nos enteramos de que Petróleos Mexicanos adjudicó el primer contrato de servicios múltiples a la empresa petrolera española Repsol", reaccionó la pasada semana el diputado Francisco Rojas, miembro del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno de los ex directores de Pemex.

Repsol invertirá 170 millones en los primeros tres años de contrato y el desembolso total incluye el coste de las obras y servicios que ejecutará la empresa durante las dos décadas del contrato, según Pemex. Sectores priístas y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, consideran que se ha violado la Constitución porque su artículo 27, según argumentan, garantiza al Estado la explotación y exploración de gas natural y petróleo y prohíbe las concesiones. La interpretación del Gobierno es otra. Para el ministro de Energía, Felipe Calderón, se trata de contratos de obra y servicios con personas físicas o jurídicas para mejorar la eficacia de la estatal, que respetan el artículo 27.

Desde la expropiación petrolera del año 1938, que afectó a empresas extranjeras, el sector energético constituye un símbolo de la soberanía nacional para los mexicanos más nacionalistas, aunque el manejo de ese sentimiento está plagado de electoralismo e intereses variopintos. La necesidad de reducir las costosas importaciones obligó a abrir la mano. El Gobierno propuso modificar la Constitución para facilitar una mayor entrada de capital privado, fundamentalmente procedente del exterior, y a la espera de que el Congreso decida sobre su propuesta estableció los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), a los que deberá ajustarse Repsol.

Son compromisos de obras públicas sobre la base de precios unitarios que cumplen con la Constitución y las leyes mexicanas, según fuentes oficiales, al agrupar en un solo contrato "los servicios que Pemex siempre ha contratado". Los polémicos CSM amplían la capacidad operativa de las compañías foráneas, pero la propiedad y rectoría de los hidrocarburos corresponde a México porque Pemex "mantiene el control de la exploración y explotación. El contratista únicamente recibe un pago fijo por las obras realizadas y los servicios prestados". El monopolio, de hecho, abona un precio unitario a los contratistas para producir el gas, pero no un porcentaje sobre el monto producido, que será administrado por la firma mexicana, la séptima mayor empresa petrolera del mundo.

El trabajo de Repsol se limitará al gas natural: 13 sitios en los 2.500 kilómetros cuadrados del bloque Reynosa-Laredo. A pesar de sus grandes reservas, más de 4.000 pozos en la cuenca de Burgos, que tiene una extensión de 12.500 kilómetros cuadrados, México debe importar anualmente 28 millones de metros cúbicos de gas, con un desembolso de unos 2.000 millones de dólares. El contrato con Repsol forma parte de una licitación de 10.000 millones de dólares para extraer gas en siete regiones de la cuenca, situada entre los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, al sur de la frontera con Tejas.

Ahorros de Pemex

La estatal Pemex debiera ahorrarse un 15% en concepto de gastos bajo los nuevos contratos de gas, en los que están interesadas 19 compañías, según Sergio Guaso, director del programa de contratos múltiples de Pemex. La experiencia internacional de Repsol y su reputación técnica, de acuerdo con la valoración de los peritos del monopolio mexicano, "garantiza la ejecución eficiente" de las obras y operación de los yacimientos de gas de la Cuenca de Burgos.

"Vamos a pedir que se les finquen (incoen) responsabilidades (a los funcionarios de Pemex) porque los contratos de servicios múltiples son ilegales", amenaza el senador Manuel Bartlett, del PRI, que encabeza la ofensiva contra la privatización. "Los vamos a llevar a los tribunales". La senadora Laura Alicia Garza, también priísta, califica el acuerdo de Repsol como una "privatización silenciosa". El desarrollo de las negociaciones en el Congreso parece indicar que el gubernamental Partido Acción Nacional (PAN) y los legisladores afines a las posiciones de la dirección del PRI sumarán sus votos para aprobar algún tipo de reforma energética que facilite una mayor penetración del capital privado en el sector.