Cuenta atrás

El Gobierno vasco aprobó ayer, día del Estatuto de Gernika, el proyecto de ley para reformar, ensanchar, ampliar, superar, liquidar el Estatuto. Es fácil quedarse en la superficie, porque en torno a la propuesta se han construido demasiados escenarios secundarios, porque hay mucho ruido, algunas reacciones intempestivas, sucesos paralelos como los relacionados con Egunkaria, y sobre todo, el interés de los nacionalistas de mantener el debate en esos escenarios secundarios. ¿Qué es lo que debiera preocupar de verdad? La libertad de los ciudadanos vascos, que depende de la forma institucional que se dé a la sociedad vasca, que depende de si la pluralidad de sus sentimientos de pertenencia informa la naturaleza institucional que se decida para ella y, en última instancia, del respeto a los procedimientos y normas acordados, sin los cuales no existe libertad ni garantía de derechos individuales. Debiera preocupar primero la convivencia entre vascos y, como consecuencia, la convivencia con el Estado.

La cuestión no radica en si se puede o no cambiar la Constitución o el Estatuto de Gernika. Claro que se pueden cambiar. Lo que no es de recibo es negarlos en su sustancia bajo la máscara del cambio. La cuestión está en si se mantiene la sustancia de pacto entre nacionalistas y no nacionalistas en la definición institucional de la sociedad vasca, en si lo que se plantea se debe entender en el contexto de una relación de igual a igual entre Euskadi y España (si España es Estado, la igualdad en la relación exige que Euskadi también lo sea), aunque, paternalistamente, se condescienda a establecer acuerdos preferenciales.

La verdadera cuestión, en definitiva, es si se quiere -no en la intención subjetiva, sino en la consecuencia objetiva de lo que se plantea- que Euskadi, lejos de hipostasiar identidades milenarias y concepciones esencialistas de pueblo, sea una sociedad por pacto o, por el contrario, se constituya como un núcleo con derecho primario a definir unilateralmente la sociedad vasca, dejando fuera a una parte considerable de ella, a la que secundariamente se le reconocen, por otorgamiento, determinados derechos.

La afirmación que más se repite es la de la legitimidad democrática de una decisión sobre la naturaleza institucional de la sociedad vasca por mayoría directa, sin mediar pacto previo. ¿No radica la democracia en el respeto al principio de la mayoría? Los vascos decidirán su futuro, dice el lehendakari. Pero unos vascos, una mayoría exigua, decidirá la definición institucional de Euskadi, válida para todos, sin que una amplísima minoría pueda verse reflejada en esa definición. Será una sociedad definida institucionalmente por unos contra otros, mientras que lo que constituye ahora Euskadi es el pacto de unos con otros.

Las sociedades se constituyen por pactos amplios y diversos entre las distintas formas de entender y definir la misma sociedad. Esos pactos son refrendados por la mayoría. Y es en ese marco pactado en el que tiene sentido el respeto al principio de mayoría, con su correspondiente respeto a los derechos de la o las minorías (lo cual ya es indicativo de la limitación misma del principio de mayoría).

Está bien reclamar, y es necesario hacerlo, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado. Pero esta reclamación quedará siempre coja mientras no vaya acompañada del reconocimiento efectivo e institucionalizado en Euskadi de la pluralidad en el sentimiento de pertenencia en la sociedad vasca. Un reconocimiento hace viable el otro, y viceversa.

No se trata de un debate abstracto. Estamos hablando en condiciones de falta de libertad real y de riesgo para la vida de muchos ciudadanos vascos, por representar un estorbo al ideal de sociedad vasca homogénea en el sentimiento de pertenencia exclusivo a la nación vasca, que es lo que se quiere instaurar por mayoría exigua. Estamos hablando no de una posible división de la sociedad vasca, sino de una situación que ya es de división y enfrentamiento político y social. Pues si una sociedad, como sujeto político, está representada en su Parlamento, esa división y enfrentamiento es lo que está evidenciando en los últimos meses y años el Parlamento de Vitoria.

Desde una visión nacionalista, ¿cómo se puede construir nación por medio de la destrucción, vía división y enfrentamiento, de la sociedad? ¿Dónde queda la significación política de los asesinados por ETA por ser estorbo en el camino de una Euskadi definida por una identidad homogénea y exclusiva? La cuenta atrás no empieza ahora. Empezó después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y la negociación del nacionalismo institucional con HB y ETA, el Acuerdo de Lizarra. La tregua y su fracaso son los jalones de esta cuenta atrás.

El éxito de la operación es más que dudoso. Lo que no admite dudas es el destrozo ya provocado en el camino y el que aún va a causar.

Joseba Arregi es ex consejero de Cultura (PNV) del Gobierno vasco.