El Sindicato de Madres cuidadoras: “Queremos que el sistema deje de funcionar a costa de nuestro agotamiento”

Agotadas, sin reconocimiento social ni de las administraciones y, muchas, cuidando solas siete días a la semanas las 24 horas, lo que las obliga a dejar el trabajo remunerado. Cansadas de que les llamen valientes o fuertes cuando lo que quieren es un sistema público de cuidados. Las madres y hermanas que cuidan a familiares con discapacidad y grandes dependientes agrupadas en el Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional han vuelto a montárselo como han podido para salir a la calle en Barcelona la víspera del 8M, que este año se centra precisamente en los cuidados. Si el año pasado se manifestaron en el Instituto Catalán de la Mujer, este 2025 lo han hecho ante la sede del Departamento de Derechos Sociales, donde tenían intención de protestar y no les han dejado entrar. Pero lo han empapelado de pancartas, consignas y pañales y material sanitario.

“¡Aquí estem, les mares que cuidem!” [Aquí estamos, las madres que cuidamos], han gritado denunciando el ninguneo por parte de los servicios públicos y arropadas por otros colectivos del invisibilizado pero imprescindible ecosistema de los cuidados: como la Red por el derecho a los cuidados, el sindicato Sindillar (de trabajadoras en situación irregular en domicilios), o empleadas del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de ayuntamientos o la propia Generalitat, asalariadas en empresas subcontratadas. “Queremos que el sistema deje de funcionar a costa de nuestro agotamiento”, han clamado en un manifiesto conjunto.

Las cuidadoras han recordado algo tan sorprendente como desconocido: que “la sanidad pública es universal, pero los derechos sociales no”. “Hemos sido y somos el apoyo de la vida, las manos que alimentan, limpian, abrazan, calman, resisten y sostienen lo cotidiano”, han leído en un manifiesto que en el que evocan “jornadas extenuantes”, y relatan que enferman o renuncian a su propio “tiempo, descanso y vida para cuidar”. “No estamos aquí para sostener la responsabilidad que la administración se niega a asumir”, han denunciado tras exponer su situación “precaria y de explotación”, para concluir que “cuidar no es un destino, es un trabajo. Y el trabajo sin derechos es explotación”.

En representación del sindicato, Maria José Tavira, cuyo hijo tiene autismo de grado tres (el más agudo) y alta complejidad, ha explicado que la protesta busca “visibilizar el entorno de los cuidados, donde miles de mujeres sostienen un sistema injusto, con situaciones de explotación, de trabajo en domicilios en la economía sumergida”. “Si los cuidadores fueran hombres, habría dos ministerios”, suele decir Tavira, que ha denunciado los derechos existentes para hijos como el suyo “no se hacen efectivos” y también “cómo grandes empresas se benefician a costa de nuestros hijos y a ellos les llega muy poco”.

Por parte de las trabajadoras del SAD y su sindicato, Pilar Nogués, ha alertado de que “las administraciones han convertido los cuidados en un negocio, privatizando los cuidados, cediéndolos a empresas y convirtiéndolo lo social en un negocio, cuando debería ser un derecho protegido”. Y ha asegurado: “En el sector se nos paga con precariedad y en el caso de las madres sin remuneración, los cuidados deberían ser un servicio público, pero la administración mira hacia otro lado y lo privatiza, ante un silencio social y también de los sindicatos mayoritarios, que no han apoyado a quienes sostenemos la vida”.

Elba Mansilla, de la Red por el derecho a los cuidados, ha señalado “un sector que es esencial, pero es también donde más precariedad y economía sumergida hay”. La red nació durante la pandemia, “por parte de activistas, gente de entidades y el mundo académico ante la necesidad de crear una identidad de sector, como agente político que busca apoyar al sector y las movilizaciones que surgen de sus protagonistas”, aunque muchas veces su situación, al cuidado de grandes dependientes, les dificulta incluso salir a la calle.

Por último, Francesca Poggi, de Sindillar, ha puesto sobre la mesa “la situación de mujeres migrantes en situación irregular que no pueden ejercer un trabajo sino es en domicilios, en cuidados y en la economía sumergida, en un Estado donde históricamente no se ha reconocido el trabajo del hogar como trabajo y cuando lo ha hecho no forma parte del régimen general”.

Tras casi una hora de protesta y ante la ausencia de la Consejera, Mònica Martínez Bravo, con quien las manifestantes reclamaban reunirse, una representación de las manifestantes ha sido recibida por el director general de autonomía y discapacidad, Antoni Galiano, y la directora general de servicios sociales, Anna Vila.