Uribe agita el fantasma de la crisis argentina para sacar adelante su reforma en Colombia

Durante meses, el presidente Álvaro Uribe se manifestó tremendista para animar a la participación en el reñido referéndum constitucional de mañana: Colombia puede precipitarse por los despeñaderos argentinos de no aprobarse la reducción de los gastos de funcionamiento del Estado, entre ellos la congelación salarial de los funcionarios y la limitación de las pensiones, establecidos en la consulta "contra la corrupción y la politiquería". Los ajustes fiscales son el aspecto más concreto de la iniciativa, y su cumplimiento, a través del referéndum, fue pactado con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un crédito de 2.100 millones de dólares, concedido en enero.

"Yo no veo muchas diferencias entre lo que le pasó a Argentina y lo que le podría ocurrir a Colombia con semejante déficit y semejante endeudamiento", afirmó el gobernante. La movilización en contra de los planteamientos contenidos en un complejo cuestionario de 15 preguntas, que modifican otros tantos artículos de la Constitución de 1991, ha sido masiva y encabezada por la oposición política y los sindicatos de los funcionarios afectados por los recortes. "Se trata, de hecho, de un referéndum sobre ajuste fiscal y el presidente exagera las consecuencias de su eventual derrota", subrayan sus portavoces.

Colombia tiene 40 millones de habitantes, más de la mitad pobres o míseros, y la violencia política causó cerca de 100.000 muertos en cuatro decenios y millones de desplazados, en su mayoría campesinos. Desde hace 20 años, el narcotráfico financia a las guerrillas y a los paramilitares, que pagan a verdaderos ejércitos. Los gastos militares del Estado para combatirlos aumentaron un 28% en el último presupuesto y Juan Camilo Restrepo, ministro de Hacienda durante el Gobierno del conservador Andrés Pastrana (1998-2002), no los discute. Pero la maquinaria bélica puede tragarse dos o tres o cuatro reformas tributarias y Restrepo pide que su financiación sea equitativa: "Que no se vaya a hacer sobre las rentas de trabajo de los pensionados, olvidando a los grandes capitales".

Lo cierto es que la quinta economía de América Latina gasta más de lo que ingresa, y registró un déficit fiscal del 3,6% del PIB en el año 2002, que pretende reducirse hasta el 2,8% al término del presente ejercicio, sin haberse podido alcanzar el 2,5% comprometido con el FMI. La Administración lo hará apretando el cinturón a un país ya agobiado por los impuestos. El endeudamiento público, contraído en buena medida por los bancos, supone casi el 50% del PIB y la deuda externa asciende a 22.0000 millones de dólares. Su servidumbre se lleva más del 36% del presupuesto nacional, según fuentes oficiales, y es posible que el Gobierno deba endeudarse más para pagar intereses. "No pasar el referendo, en especial los artículos económicos, podría encarecer el crédito para Colombia", según advierte Rudolf Hommes, consejero presidencial.

El Gobierno calcula unos ahorros de unos 7.000 millones de dólares entre los años 2004 y 2010, poco más del 1% anual del PIB, si se aprueba. Tiene prisa y convocó a la ciudadanía para sortear la tramitación del Congreso. La consulta es casi un plebiscito sobre Uribe, que confía en su gran popularidad, más del 70%, y ambiciona su reelección a través de otra enmienda constitucional.

Desequilibrio

La atormentada nación latinoamericana creció económicamente menos de un punto de promedio en el último lustro, y su crecimiento demográfico fue de 1,8%. Ese desequilibrio agudiza la pobreza al reducir la cuantía de los ingresos nacionales. Un total de 25.069.379 colombianos podrán votar hoy sobre el saneamiento de las costumbres políticas y las finanzas, y deberá hacerlo al menos el 25% del padrón, 6.267.244 personas, para que el referéndum sea validado. Se trata del segundo desde 1957, tres años después de la atroz guerra interna desarrollada entre los años 1948 y 1953. Cada una de las 15 preguntas se vota de manera independiente. Puede votarse "sí" y "no".

El referéndum, aparte de las discutidas medidas contra la corrupción, congela durante dos años los salarios de los funcionarios y pensionistas, salvo los militares, superiores a dos salarios mínimos mensuales, es decir unos 230 dólares. El número de funcionarios y empleados estatales asciende a 947.768.