Alonso logra un apoyo unánime al plan para hacer 2.800 pisos más en Vitoria

El Ayuntamiento de Vitoria, que preside el popular Alfonso Alonso, ha sumado todos los apoyos precisos para construir 2.831 pisos más de los previstos, todos de protección oficial, en las zonas de expansión de la ciudad: Salburua y Zabalgana. Tras conseguir el respaldo del Gobierno y la Diputación, todos los grupos municipales acordaron ayer adoptar "una posición unitaria" para aumentar la densidad hasta casi 70 viviendas por hectárea. Sólo queda el acuerdo, imprescindible, de los dueños del suelo.

La ventaja de la operación está en que, al construir más pisos, se ahorra unos 72 millones en gastos de urbanización, que podrían repartirse el Ayuntamiento y los particulares.

No obstante, urge el acuerdo porque las zonas afectadas comenzarán a urbanizarse en breve.

Todos los grupos municipales acordaron crear una comisión que negocie con los representantes de los 200 propietarios de Salburua y Zabalgana. No se dieron un plazo concreto, pero ha quedado claro que la operación no se sacará adelante si implica retrasos en los plazos de edificación ya establecidos. Por ahora, Alonso ha ordenado a los técnicos municipales que durante dos meses preparen los trámites para modificar el Plan General, un requisito indispensable.

La construcción de 2.831 pisos, además de los 21.704 previstos en principio, supondrá ahorrar unos 72 millones de euros en la urbanización. El Ayuntamiento y los particulares deben negociar el reparto de ese beneficio, ya que ambos costean esos gastos. Los partidos comparten la idea de destinar parte de ese dinero a construir equipamientos en Salburua y Zabalgana, tales como centros cívicos. A propuesta del portavoz socialista, Patxi Lazcoz, también acordaron financiar la rehabilitación urbana de algunos de los barrios más antiguos de la ciudad, como Adurza, Zaramaga, Ariznabarra, Coronación, Errekaleor y San Cristóbal.

En la reunión, la oposición venció sus reticencias al plan en cuanto a las dudas jurídicas que les generaba. Diversos informes advertían del riesgo de posibles recursos contra la operación por parte de particulares que no quieran adherirse a ellos. Los grupos políticos creen que si prospera la negociación con los representantes de los propietarios pueden resolverse esos problemas.