AENA obliga a las empresas de seguridad a cubrir riesgos ilimitados por atentados

La empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) obliga a las empresas de seguridad privada a asumir una responsabilidad ilimitada por riesgos de "guerra, terrorismo y similares". Una condición nueva en los concursos de seguridad para los aeropuertos que traslada a las compañías de seguridad la responsabilidad civil en casos de atentados, después de los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001. Las compañías están dispuestas a suscribir una póliza de 120 millones de euros, que es el mínimo exigido por AENA, pero a partir de esa cantidad han decidido plantarse.

Se trata del contrato estrella del sector por el que las empresas de seguridad compiten para ofrecer sus servicios durante un periodo de cuatro años a todos los aeropuertos españoles. El próximo 20 de noviembre concluye el plazo de presentación de ofertas, y pese a los 74,3 millones de euros anuales que hay en juego, las grandes compañías no están dispuestas a acudir, según manifiestan fuentes del sector, entre las que figuran firmas como Securitas, Prosegur, Prosesa, Vinsa, Segur Ibérica, Imán y Cess.

Para este concurso, la empresa pública AENA ha incluido una nueva cláusula sobre responsabilidad civil "por daños materiales y/o personales como consecuencia de riesgos de Guerra y Terrorismo y similares" que ha sorprendido a las empresas. Esta novedosa exigencia se sustenta en la inseguridad surgida tras los atentados terroristas de Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001. Esas acciones terroristas han multiplicado por cuatro el coste de los seguros relacionados con la aviación.

El valor mínimo de las pólizas que deben suscribir las compañías de seguridad que opten al concurso es de 120 millones de euros en el caso de los aeropuertos de primera categoría para cubrir los daños por atentados, según las condiciones de AENA. Esta cantidad se reduce hasta 90 millones para los de segunda y a 50 millones para los de tercera. Estas categorías se otorgan en función del número de pasajeros que anualmente transitan por los aeropuertos. El contrato se reparte entre distintas empresas y no queda encomendada la seguridad de los aeropuertos a una sola.

Fuentes de AENA han confirmado la inclusión, por primera vez, de esta cláusula. "Exigimos ese mínimo para que puedan afrontar sus responsabilidades en caso de un acto terrorista. Además, aunque no estableciésemos ninguna cláusula un juez podría exigir estas responsabilidades a las compañías, y estarían en la misma situación". No obstante, AENA ya cuenta, según esas fuentes, con una póliza de 1.000 millones de euros para casos de terrorismo.Por lo tanto, la exigencia que ahora pide a las compañías de seguridad abundan en ese sentido.

Nuevas funciones

Hasta la fecha es el Estado el que cubre los costes de un atentado terrorista. Las compañías han venido cubriendo riesgos de "responsabilidad en daños materiales o personales derivados de su actividad o de la circulación de vehículos dentro de la zona restringida del aeropuerto", tal como se recoge en el anterior concurso. En ningún caso se les exigía una responsabilidad civil específica por actos de terrorismo.

Además, han asumido nuevas responsabilidades desde enero de este año con la aprobación del reglamento comunitario sobre empresas de seguridad el pasado diciembre. Por ejemplo, se les han delegado nuevas funciones y se les hace responsables de la seguridad de la bodega de la aeronave, misión que antes compartían con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las compañías de seguridad entienden que se trata de una responsabilidad ilimitada por cuanto que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, no se establece en el concurso la actuación subsidiaria de AENA o del propio Estado cuando el siniestro supere los 120 millones de euros exigidos en la póliza.

Desde el sector de empresas de seguridad apuntan que se han solicitado informes jurídicos sobre esta responsabilidad ilimitada en casos de terrorismo o guerra y sus asesores les recomiendan que no acudan al concurso. "Un siniestro grave podría suponer la descapitalización de la empresa. Por ejemplo, si se produjese un atentado terrorista similar al del 11 de septiembre y se nos declarase responsables pondríamos en peligro el patrimonio de toda la compañía", explica un responsable de una de las principales compañías de seguridad que operan en España. "Por ello, preferimos no acudir al concurso y no arriesgarnos a hundir nuestras empresas".