El PSOE denuncia un caso de supuesto 'pelotazo' urbanístico en Majadahonda

El Ayuntamiento de Majadahonda, que dirige Guillermo Ortega, del PP, ha permitido que un grupo de constructores gane 70 millones de euros con una sencilla operación urbanística: en lugar de construir las 243 viviendas protegidas que debían edificar, el Consistorio les permite construir viviendas de precio libre (mucho más caras). A cambio, los constructores han ingresado en el Ayuntamiento siete millones de euros para que sea el Consistorio el que construya en otra parte del municipio los pisos protegidos. El PSOE planea denunciar esta operación ante la justicia.

El pasado 18 de septiembre, la Empresa Municipal de la Vivienda de Majadahonda (Pammasa) subastó los derechos para construir 249 viviendas privadas en una zona del municipio (Roza-Martín), pero los promotores privados que optaron a la subasta, y que también tenían derechos constructivos en esta zona para levantar viviendas protegidas, pagaron al Ayuntamiento para que les eximiera de esta obligación y poder construir todas las casas en régimen de precio libre. A cambio, el Ayuntamiento asumía construir las casas protegidas en otros terrenos.

Una de las promotoras que ganaron el concurso fue Afar 4, del empresario Antonio Cubo, que desarrolló una amplia actividad en este municipio durante el mandato del anterior alcalde, Ricardo Romero de Tejada, hoy secretario general del PP en Madrid.

'Caso Tamayo'

Romero de Tejada negó ante la comisión de investigación del caso Tamayo que tuviera con Cubo otra relación con él que no fuera la profesional. Dijo conocerlo porque "acudía a todas las subastas de suelo en Majadahonda".

La filosofía que encierra la citada operación urbanística la explica el presidente de Pammasa y primer teniente de alcalde, Narciso de Foxá: "En las parcelas que recibe Pammasa de los empresarios privados por desarrollos urbanísticos [el 10% de cesión urbanística por cada operación], sólo pueden construir viviendas protegidas. Sin embargo, esos suelos sirven para construir vivienda libre. Por tanto, yo tengo unos derechos que no voy a usar [levantar casas de precio libre]. Y es una pena enterrarlos. Por eso se los vendo a los privados, que en su terreno están obligados a construir casas protegidas". En teoría, el municipio no pierde ninguna vivienda protegida, porque Pammasa asume el compromiso de levantar las casas baratas que perdona a los empresarios privados.

El PSOE ve en la operación un grave perjuicio para los intereses públicos. No sólo se encarece el precio de las viviendas que debían ser protegidas y que pasan a ser de precio libre, sino que esquilma el patrimonio municipal, ya que se libera a los privados de construir viviendas protegidas a un coste muy reducido, y, sin embargo, éstos reciben luz verde para hacer casas de precio libre, que acarrean mayor plusvalía.

Las cifras que maneja el PSOE son las siguientes: los constructores han compensado al Ayuntamiento con 330,4 euros por metro cuadrado, lo que les supone abonar al Ayuntamiento unos 30.000 euros en el caso de una vivienda de 90 metros. Un piso de este tipo, si fuera de protección pública, sólo podría ser vendido a un máximo de 84.491 euros.

Para averiguar el beneficio obtenido por los constructores, a esos 84.491 euros habría que sumar 30.000 euros por su catalogación como vivienda de precio libre, más otros 30.000 por los cambios de calidades. Una vivienda de precio libre de 90 metros cuadrados como las que ahora edificará esta constructora no vale menos de 420.000 euros.

La diferencia entre el precio de partida de la vivienda protegida, más estos 60.000 euros adicionales (los 30.000 que la promotora ha pagado al Ayuntamiento por edificar los pisos de precio libre y los otros 30.000 por la mejora de calidades) da un beneficio de 275.509 euros por cada casa. El monto extra que han logrado los promotores, debido al giro urbanístico realizado sobre estas 243 viviendas, es de 70 millones de euros, de los que 45 beneficiarán a Cubo, según el PSOE. Este partido considera que esta plusvalía que ganan los privados es detraída del patrimonio municipal de Majadahonda.

Foxá asegura que la operación ha contado con todos los informes favorables del arquitecto y del interventor, que el PSOE no se opuso durante las sucesivas fases de su desarrollo y que sólo lo denuncia ahora "porque se está en vísperas electorales y el tema urbanístico vende mucho".

"Expolio" municipal

Ricardo Núñez, portavoz del grupo municipal del PSOE, anuncia que acudirá a los tribunales para denunciar este "expolio". Y detalla sus razones: "Nos oponemos ahora porque es ahora cuando hemos sabido, una vez abierta las plicas, que el precio ofertado es rídiculo, y no tenemos obligación de enajenar estos derechos".

"Nuestra propuesta es que Pammasa, que es una empresa municipal, haga viviendas protegidas en su suelo, aunque esté previsto para vivienda libre, y que los privados hagan también vivienda protegida allí donde estén obligados", añade.

"En definitiva", concluye Núñez, "lo que deben saber los ciudadanos es que con su dinero se está permitiendo que los promotores privados se forren. Es una sangría de fondos públicos hacia unas pocas manos privadas".Un auténtico regalo". Afar 4 declinó hablar sobre la operación.