Todos los pisos deberán tener la cédula de habitabilidad

Todas las viviendas de Cataluña deberán disponer de la correspondiente cédula de habitabilidad antes de 2014 y tendrán que renovarla al cabo de 15 años, según estipula el decreto aprobado ayer por el Gobierno catalán. El reglamento también recomienda un número máximo de ocupantes según la superficie habitable de la vivienda, pero delega en los ayuntamientos el control de su cumplimiento. Al tratarse tan sólo de una sugerencia, que no imperativa, no podrá evitar fenómenos como la masificación que se produce en algunos barrios por el fenómeno de la inmigración.

El Gobierno catalán desarrolló ayer con un decreto, que entrará en vigor dentro de dos meses, parte de la nueva Ley de la Vivienda que entró en el Parlament el pasado mes de febrero, pero que decayó a raíz de la convocatoria de elecciones autonómicas. En concreto, el reglamento endurece las mínimas condiciones de habilitabilidad de las viviendas, tanto las de nueva construcción como las usadas.

Entre estas medidas, se obligará a todos los pisos a disponer de la correspondiente cédula de habilitabilidad -ahora sólo necesaria en algunos casos- que caducará a los 15 años. La intención del Gobierno catalán es que dentro de 10 años todo el parque de viviendas disponga de este documento. Para evitar un bloqueo de los servicios administrativos, la obtención podrá solicitarse gradualmente. De este modo, las viviendas anteriores a 1960 podrán hasta el año 2009 conseguir la cédula; las construidas en la década de 1960 tendrán tiempo hasta 2010 para hacerlo, y así sucesivamente.

Las cédulas deberán renovarse a los 15 años, lo que en la práctica significa someter a los inmuebles a una especie de ITV. Este permiso supone un desembolso de como máximo 150 euros, entre el certificado del arquitecto técnico (aparejador) y los trámites de la Generalitat.

Por primera vez, la cédula de habilitabilidad incluirá una recomendación sobre el número "idóneo" de personas que podrán habitar una vivienda. El decreto determina una media aproximada de una persona por cada 10 metros cuadrados en pisos de hasta 40 metros, aceptando hasta 9 en los pisos de 80 metros cuadrados. Aunque tan sólo se trata de una sugerencia -la intención final de Convergència i Unió sería imponerlo por ley-, permitirá que los propietarios de los pisos incluyan una cláusula de este tipo en los contratos de alquiler.

Una iniciativa similar, presentada en el Ayuntamiento de Barcelona por el anterior grupo municipal de CiU, quedó bloqueada por la oposición del Gobierno de izquierdas.

Estas medidas no evitarán la masificación que se produce en algunos pisos, ocupados en su mayoría por emigrantes, debido a las dificultades que encuentran para alquilar una vivienda y a su elevado coste. El consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, manifestó ayer que el Gobierno buscará la colaboración de los ayuntamientos para efectuar las tareas de inspección.

El Consell Executiu también tomó, entre otros, los siguientes acuerdos.

- Conflicto por el castellano. La Generalitat presentará ante el Tribunal Constitucional un total de ocho conflictos positivos contra el Gobierno central por invasión de competencias. Entre éstos figura el reglamento que obliga a impartir en las escuelas un mínimo de cuatro horas de lengua castellana a la semana ya que, según el Ejecutivo, "se impide destinar el tiempo necesario a la enseñanza de la lengua y la literatura catalanas". El resto de recursos se refieren a las ayudas municipales para obras y a la obtención de títulos de formación profesional.

- Atención sanitaria infantil. La Generalitat emitirá un decreto que universaliza la atención precoz gratuita a los niños de entre 0 y 6 años con algún trastorno en su desarrollo neurológico, psicológico o sensorial. En la actualidad estas ayudas se otorgaban en función de la renta.

- Administración abierta. El Gobierno destinará 130 millones de euros al desarrollo de la Administración Abierta de Cataluña, el portal de Internet de la Generalitat para realizar trámites administrativos.

- Desdoblamiento del Eix del Llobregat. La Generalitat adjudicó a una agrupación de empresas por un importe de 188 millones la ejecución de las obras de desdoblamiento de la C-16 (Eix del Llobregat) entre los municipios de Puig-reig y Berga (Berguedà), último tramo de esta carretera que falta por desdoblar.