El PSOE elabora un Estatuto de Protección para víctimas de situaciones de guerra

El PSOE quiere que los españoles que se vean obligados a trabajar en situación de guerra disfruten de una protección especial. Militares, funcionarios, cooperantes, periodistas o religiosos, por ejemplo, quedarían bajo el paraguas de un Estatuto de Protección, con indemnizaciones y pensiones extraordinarias, un régimen similar al de las víctimas del terrorismo. Será un compromiso para las elecciones de marzo, aunque antes el PSOE presentará la idea en el Congreso como proposición de ley por si el PP quiere apoyarla. Los beneficiarios actuales serían un centenar de personas.

Un grupo de juristas ha trabajado en la preparación de la iniciativa para incluirla en el programa electoral que el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ofrecerá a los ciudadanos. Los impulsores de la iniciativa han sido el coordinador del programa, Jesús Caldera, y la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega. Ambos han acelerado los trabajos para presentar el proyecto esta misma semana en el Congreso, en forma de proposición de ley.

Se trata de prever pensiones extraordinarias e indemnizaciones a todos los españoles que sean víctimas de actos violentos en un país extranjero como consecuencia de un conflicto armado. El proyecto prevé protección para "todas las víctimas de actos violentos que atenten contra su vida, su libertad o su integridad física o psíquica". También afectará a aquellos que no tengan nacionalidad española, pero resulten incapacitados permanentemente o fallezcan "con ocasión o como consecuencia del cumplimiento de misiones al servicio de las Fuerzas Armadas o la realización de funciones por cuenta de la Administración española en las mencionadas zonas de conflicto".

Beneficiarios

Los beneficiarios serán el cónyuge o la persona que hubiera venido conviviendo con la víctima durante, al menos, los seis meses anteriores al fallecimiento. Ese plazo no se exigirá si existe descendencia en común. También se tendrá en cuenta a los herederos en línea directa, descendente o ascendente, hasta el segundo grado de parentesco.

El proyecto prevé indemnizaciones de acuerdo con el siguiente baremo: por fallecimiento, 138.232,78 euros; por gran invalidez, 390.657,87; por incapacidad permanente parcial, 36.060,73, y por incapacidad permanente absoluta, 96.161,94 euros. En caso de lesiones permanentes que no se consideren invalidez se aplicarán los criterios de la ley de Responsabilidad Civil y Seguro del Automóvil.

Los socialistas han querido dejar pocos cabos sueltos, por lo que su proyecto regula los plazos en los que el Ministerio de Hacienda tiene que resolver los procedimientos para abonar indemnizaciones. Desde la presentación de las solicitudes, la Administración dispondrá de 12 meses para notificar el resultado.

Además de las indemnizaciones, el proyecto de Estatuto de Protección prevé pensiones extraordinarias. Serán equivalentes a las previstas con el mismo carácter en el sistema de la Seguridad Social y en el Régimen de Clases Pasivas. El proyecto del PSOE trata de abarcar toda la casuística que puede presentarse para establecer los casos de compatibilidad.

El proyecto, además de establecer un sistema de previsión y protección para el futuro, tiene en cuenta a los afectados por conflictos bélicos o situaciones de guerra en el pasado. El límite se sitúa en 1978, año de la promulgación de la Constitución.

Además de pensiones e indemnizaciones, se establece otro tipo de ayudas complementarias. Se asegurará a los beneficiarios de la ley, cónyuges e hijos, la exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios de todos los niveles de enseñanza y habrá ayudas específicas para tratamientos médicos y prótesis e intervenciones quirúrgicas, siempre que no lo cubra el sistema público o privado de aseguramiento. Las víctimas y sus familiares recibirán asistencia psicológica y, en su caso, psicope-dagógica, si la necesitan.

Fuentes del PSOE subrayan que si la mayoría parlamentaria del PP accede a tramitar la propuesta y a apoyarla, puede aprobarse antes de que se disuelvan las Cortes. La rápida aprobación de la ley permitiría que las víctimas de situaciones bélicas empezaran a percibir indemnizaciones en pocos meses. Si no se aprueba en el actual periodo de sesiones, el PSOE incorporará en su programa electoral el compromiso de sacar adelante el proyecto.