Mesa insumisa
El conflicto institucional suscitado por la resistencia de la Mesa del Parlamento vasco a cumplir los autos dictados por la Sala Especial del Supremo ha llegado a un punto de difícil encauzamiento jurídico. La mayoría de la Mesa, integrada por los partidos del Gobierno vasco (PNV, EA e IU), ha vuelto a negarse a acatar el auto del Supremo que anuló anteriores decisiones de este y otros órganos de la Cámara, y anunciado la presentación de un nuevo incidente de nulidad contra la resolución. Intentar explicar el choque en los términos jurídicos invocados por esos tres grupos supone desconocer su origen y naturaleza esencialmente políticos.
Al negar la "jurisdicción" del Supremo para anular acuerdos de los órganos parlamentarios y rechazar su "intromisión" en la autonomía de la Cámara, la Mesa define unilateralmente el conflicto y su solución. Es decir, el Supremo tendría que renunciar a su prerrogativa constitucional de ejecutar lo juzgado: en este caso, la disolución del grupo parlamentario de Batasuna (Sozialista Abertzaleak) como consecuencia de la ilegalización de ese partido. Se invoca también la soberanía del Parlamento para obviar el cumplimiento de resoluciones del órgano jurisdiccional supremo y colaborar con la justicia. Y se alegan supuestas lagunas del Reglamento de la Cámara a la hora de disolver un grupo para no incurrir en una actitud manifiesta de insumisión y porque no sería presentable argumentar que el motivo esencial es el rechazo político a la Ley de Partidos
. Sin embargo, el propio tribunal ha reiterado que el grupo de Batasuna ya está disuelto por sentencia judicial y que la Mesa sólo debe hacer lo que sí está contemplado en el Reglamento: pasar al Grupo Mixto a los parlamentarios no adscritos a un grupo.
En estos largos meses, los partidos del Gobierno vasco han desdeñado encauzar esa supuesta pugna de competencias planteando un conflicto de jurisdicción. Ahora sugieren un recurso de amparo ante el Constitucional. Pero lo que mantiene vivo este conflicto es el interés ventajista del nacionalismo en el poder por configurar dos legitimidades antagónicas, la vasca y la del Estado, para crear así la necesidad del "nuevo pacto de convivencia" promovido por el lehendakari Ibarretxe.
