Comunidad hostil

¿Puede alguien extrañarse de que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, haya propuesto renegociar las bases en las que descansa la integración del País Vasco en España tras conocerse la calificación de aquel territorio como "autonomía hostil" por parte del delegado del Gobierno en aquella comunidad, Enrique Villar? Subrayo lo de integración, porque ese es el contenido literal de la propuesta. No es una propuesta independentista, como se está diciendo, sino una propuesta de integración en el Estado español. Sobre bases diferentes de las previstas en la Constitución de 1978, pero de integración. Y repito la pregunta: ¿puede alguien extrañarse de esa propuesta, sobre todo tras la intervención de la ministra de Administraciones Públicas, Julia García Valdecasas, en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado miércoles, en la que avaló al delegado del Gobierno y reprochó al parlamentario socialista Ángel Martínez Sanjuán que se preocupara por la mencionada calificación del País Vasco y no por la seguridad de Enrique Villar? Si con base en la Constitución y el Estatuto de Autonomía el Gobierno de la nación piensa que el País Vasco es una "autonomía hostil", ¿por qué no renegociar las condiciones en las que han de relacionarse el Estado y la comunidad autónoma?

Si a los 25 años de la entrada en vigor de la Constitución y a los 23 de la entrada en vigor del Estatuto de Gernika, el Gobierno de la nación considera que las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco son unas relaciones de hostilidad, ¿qué sentido tiene mantenerlas? Si la interpretación que hace el Gobierno del PP de la Constitución y el Estatuto de Autonomía le lleva a resucitar el calificativo de "provincias rebeldes" para las que integran actualmente la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿qué sentido tiene seguir considerando que las relaciones entre el País Vasco y el Estado únicamente pueden establecerse con base en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía?

La Constitución y el Estatuto de Gernika se hicieron para posibilitar una relación no hostil entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Son útiles en la medida en que cumplen esa finalidad. Y dejan de serlo en la medida en que no la cumplen. El Gobierno vasco ya ha hecho saber a través de la propuesta del lehendakari que considera que dichos instrumentos tal como están no son útiles para conseguir una relación no conflictiva de la comunidad autónoma y el Estado. Indirectamente, a través de la ministra de Administraciones Públicas y del delegado del Gobierno en el País Vasco, sabemos que tampoco el Gobierno de la nación considera que la Constitución y el Estatuto sean útiles para una relación no hostil.

Estos son los términos en que el problema está planteado. El Gobierno vasco no ha llegado todavía, al menos que se sepa, a calificar al Estado español como un Estado "hostil", pero podemos admitir que lo piensa. Lo que sí sabemos es que el Gobierno del PP, a través de dos cualificadísimos representantes, sí califica expresamente al País Vasco de "autonomía hostil". ¿A qué se espera para poner fin a esta relación de hostilidad? ¿Qué sentido tiene empecinarse en mantener una relación en la que ninguna de las dos partes se encuentra cómoda? Si la interpretación de la Constitución y el Estatuto que hace el PP le conduce a Julia García Valdecasas y Enrique Villar ¿cómo no se va a entender la propuesta de Juan José Ibarretxe?