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Tribuna:LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

La transición chilena

Los procesos de transición de regímenes autoritarios a democráticos en general carecen de fecha de nacimiento concreta. Simplemente responden a acontecimientos sucesivos y superpuestos, a menudo carentes de hilos conductores, realizados en la búsqueda del objetivo rectificador que a las respectivas comunidades interesa. Por causas cuya importancia relativa aún se discute, Chile había sido afectado por un brutal colapso institucional que quebrantó la tradición histórica del país, apegado desde los orígenes republicanos al respeto de la ley, con uno de los Parlamentos en funciones más antiguo del mundo, con una organización política sólida y respetable. Nunca la sociedad chilena se allanó a lo ocurrido, pero sólo ahora, en la perspectiva del tiempo, es posible encontrar un día preciso que establece la data definitiva de retorno a la democracia. Concretamente, el día en que Chile inició el complejo recorrido hacia la recuperación de la perdida democracia ocurrió el 5 de octubre de 1988, hace 15 años. Ese día la mayoría de la sociedad chilena, no obstante los miedos y la ausencia de auténticas garantías de participación, derrotó en las urnas la propuesta que pretendía, luego de una quincena de años de mandato autoconferido, que se ratificara mediante pronunciamiento electoral uninominal a Augusto Pinochet como presidente de la República por un periodo adicional de ocho años. Para cualquier demócrata del mundo eso era demasiado.

Chile no vivió el doloroso trance de ahogar su sangre con más sangre

En la comunidad internacional no existían expectativas optimistas hacia el resultado de la consulta plebiscitaria. No se sabía de referendos en que el gobernante autoritario fuese derrotado. A mayor abundamiento, la consulta electoral debía efectuarse con arreglo a las normas transitorias de la Constitución impuesta por el régimen militar, cuyo contenido, además, configuraba una especie de "tenida a la medida" para Pinochet. Éste, en definitiva, fue propuesto "a la ratificación de la ciudadanía" por los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el director.

La propuesta oficialista fue enfrentada por una coalición integrada por más de quince partidos políticos que, luego de enormes esfuerzos, superaron las diferencias del pasado y se estructuraron en febrero de 1988 como Concertación de Partidos por el No. Allí confluían sectores inspirados en el humanismo cristiano y en el laico o en las vertientes del socialismo histórico o del renovado. Era, en buena medida, una muestra del rostro político de Chile, del que quedaban marginados quienes se identificaban con el régimen dictatorial vigente, muchos de los cuales habían sido sus directos colaboradores, así como quienes sostenían posiciones ultraliberales, en particular en el plano económico.

Tampoco tenían espacio, por supuesto, aquellos que propiciaban la violencia como método de enfrentamiento al régimen dictatorial vigente. En verdad, en este aspecto radica lo más peculiar de la transición chilena, pues ella, al revés de lo que suele suceder en otros casos semejantes, no recurrió al enfrentamiento violento con el sistema. Hasta entonces las acciones de protesta libradas en contra del régimen, aparte de no lograr ningún resultado, generaban pérdida de vidas humanas, encarcelamientos y daños en los precarios bienes de los pobres. Por ello, con audacia, se optó por incorporarse en las propias reglas que la dictadura había impuesto en la Constitución dictada en 1980, cuyas normas la oposición había rechazado en el fondo y en la forma. Con todo, el ánimo de encontrar una salida pacífica a la situación, tan contraria a la tradición e historia y al propio talante de los chilenos, llevó a aceptar transitoriamente esas reglas repudiadas para que, recurriendo a ellas, la democracia pudiere de nuevo aplicarse en Chile.

Así fue como las agrupaciones políticas se organizaron como partidos y participaron primero en el plebiscito y luego en elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, y han instado a expurgar las disposiciones de perfil totalitario existentes en el texto original de la carta fundamental. Es cierto que algunas de ellas aún persisten, pero no es menos cierto que, gracias a la táctica adoptada, ha sido posible recuperar el pleno funcionamiento de las instituciones democráticas, mantener en operación el Estado de derecho, inclusive en lo que respecta a la sanción de atropellos a los derechos humanos fundamentales, y lograr adecuados niveles de desarrollo económico y equidad social. Chile no vivió, como ha ocurrido en otros países, el doloroso trance de ahogar su sangre con más sangre, destruyendo más profundamente el tejido social y los sustentos económicos. Con ese impulso, la Concertación ha dado tres Gobiernos sucesivos, encabezados por los presidentes Aylwin, Frei y Lagos, cuyas gestiones han sido enjuiciadas positivamente por la comunidad internacional.

Todo el interesante proceso de reintegración de la democracia en Chile se ha logrado a contar desde el 5 de octubre de 1988. Ese día, sin más arma que un lápiz con el cual expresar el sufragio, más de siete millones de sus hombres y mujeres eligieron su camino. De ellos, casi un 55% hizo opción por la democracia, con todas sus limitaciones, si bien con todas sus hermosas posibilidades.

Ortega y Gasset consideraba que la historia es la ciencia de la transición. La de Chile ha tenido los caracteres descritos, producto de sus propias circunstancias, con éxitos y limitaciones, con temas resueltos y pendientes. En todo caso, dejando las sombras atrás, hemos procurado no detener el camino hace 15 años iniciado.

Enrique Krauss Rusque es embajador de Chile en España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 11 de octubre de 2003