Bruselas decidirá el miércoles sobre la ley electoral de Gibraltar

La Comisión Europea decidirá el miércoles si los ciudadanos de la Commonwealth (la comunidad de 49 naciones presidida por la reina de Inglaterra) residentes en Gibraltar tienen derecho a votar en las elecciones al Parlamento Europeo en aplicación de la nueva ley electoral británica vigente desde hace cinco meses. España denunció al Reino Unido ante la Comisión en julio a causa de esta ley electoral.

España considera que la votación de nacionales de terceros países en las elecciones para la Eurocámara atenta contra el derecho comunitario y afecta al propio concepto de ciudadanía europea.

La UE concede a los países miembros plena autonomía en la elaboración de sus leyes electorales, pero una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó en 1999 al Reino Unido a reconocer a los gibraltareños el derecho de voto del que hasta entonces carecían para elegir eurodiputados. En aplicación de la sentencia, Londres promulgó el pasado mes de mayo una nueva ley electoral específica para el Parlamento europeo que adscribía Gibraltar a una circunscripción de la 10 ya existentes en Inglaterra y Gales.

El número de potenciales electores de la colonia del Estrecho hacía inviable la creación de una demarcación gibraltareña. La colonia quedó más tarde incluida como una subregión de la circunscripción inglesa llamada del Suroeste.

España acepta el derecho de los ciudadanos gibraltareños a votar en los comicios para el Parlamento Europeo, pero cuestiona por partida doble la aplicación realizada de la sentencia de 1999. Por un lado, duda del derecho de los británicos a asumir en su censo para Europa a los electores aportados por Gibraltar sólo por el hecho de que estén inscritos en el registro correspondiente de la colonia. Para figurar en este censo basta con ser residente en el Peñón o ciudadano de la UE o de cualquier país de la Commonwealth. Por otra parte, expresa serias dudas sobre la legalidad de la decisión de combinar los votos de la colonia con los de una circunscripción electoral existente en Inglaterra.

La legislación comunitaria establece que podrán votar en los comicios locales, regionales o del Parlamento Europeo los ciudadanos de pleno derecho de los países de la Unión que sean residentes en otro país de la propia Unión. El peculiar sistema de asociación de la Commonwealth, la comunidad de países que fueron colonias británicas, crea zonas de ambigüedad legal. Los ciudadanos de esos países tienen derecho de voto en el Reino Unido en su calidad de súbditos británicos que cumplen determinados requisitos, pero fuentes de la UE subrayan que ese derecho no equivale a ser ciudadanos británicos, que como tales tienen incuestionable derecho al voto en las elecciones al Parlamento Europeo.

Los servicios jurídicos de la Comisión estaban ayer elevando sus impresiones a los gabinetes de los distintos comisarios, a quienes como organismo colegiado hará su recomendación oficial el próximo miércoles Antonio Vitorino, comisario de Justicia e Interior. "La Comisión tiene que manifestarse, pero su opinión no es vinculante", explican los expertos. En caso de respuesta insatisfactoria, España podría denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero ya en julio fuentes del Gobierno español apuntaron que si la Comisión no aprecia ilegalidad, dará el caso por cerrado.