Fomento planea "desistir" y dejar sin expropiar a 100 familias que viven cerca de Barajas

Hace ahora un año, cien familias propietarias de casas, terrenos o naves en una zona de 30 hectáreas adyacente al aeropuerto de Barajas recibieron una notificación del Ministerio de Fomento avisando de que serían desalojadas, y sus propiedades expropiadas, a principios de diciembre de 2002. Los vecinos, muchos de los cuales no tenían adónde ir, denunciaron que Fomento les ofrecía una indemnización irrisoria y que los motivos de la expropiación, teóricamente necesaria para ampliar el aeropuerto, no figuraban en ningún sitio. El desalojo se fue posponiendo y Fomento estudia ahora "desistir" de su intención. El Defensor del Pueblo ha intervenido para "recomendar" al ministerio que "concrete" los motivos de la expropiación o renuncie a ella.

Fomento tramitó hace un año la expropiación con carácter de "urgencia" y fijó para el pasado 10 de diciembre la fecha en la que las cien familias -la mitad de las cuales viven en esos terrenos- tendrían que abandonar sus propiedades. Como indemnización les ofreció una media de 18 euros por metro cuadrado de suelo sin construir -tres veces menos de lo establecido por recientes sentencias judiciales para expropiaciones similares- y 420 euros por metro cudrado edificado -aproximadamente la mitad de lo que cuestan las casas en esa zona del distrito-.

A pesar de la teórica "urgencia" del desalojo, Fomento no precisó para qué quería exactamente ese terreno, y los vecinos denunciaron que su uso tampoco figuraba en el plan director que rige la ampliación del aeropuerto de Barajas. Los propietarios se movilizaron y el ministerio dejó pasar el tiempo sin tomar la orden de desalojarlos por la fuerza.

Hasta el pasado mayo. En una carta fechada el 28 de ese mes, y en respuesta a la petición de ayuda realizada por los vecinos ante la Casa Real, el secretario general técnico de Fomento, Francisco Sanz Gandasegui, insiste en el carácter urgente de esas expropiaciones, pero termina con esta frase: "En estos momentos se están analizando y valorando las dos posibilidades existentes, que son continuar con el procedimiento expropiatorio o bien desistir de él".

"Estaríamos muy contentos y esperanzados si no fuera porque, en realidad, el ministerio sigue resistiéndose a dejar claro si nos echará o no", suspira Montserrat Navarro, presidenta de la asociación de afectados (Exproba). "Ahora parece que se lo están pensando, pero después de enviarnos esa carta nadie se puso en contacto con nosotros ni con nuestros abogados, y AENA [Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, el organismo público que tramitó la expropiación] se niega a recibirnos. Llevamos un año sin saber qué va a pasar con nuestras casas, temiendo que, de un día para otro, tendremos que buscar otro sitio para vivir", añade esta mujer, que vive con sus dos hijas pequeñas en una de las casas objeto de la expropiación.

Cuatro meses después de esa carta, otra gestión de los vecinos ha dado resultado: el Defensor del Pueblo, a través de su adjunta primera, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a Fomento para "recomendarle" que introduzca "mayor transparencia" en el proceso. "Es precisa una mayor concreción en la declaración de utilidad pública, de manera que todo expropiado conozca el destino concreto de los bienes de los que se le desposee", razona Cava de Llano, antes de criticar la "vaguedad" del plan director de Barajas y sugerir al ministerio que, "en los casos en los que no está definido el destino de los bienes, se deje sin efecto la urgente ocupación de aquéllos".

El Defensor opina, además, que "sería digno de estimación que las valoraciones de los bienes expropiados se ajusten al precio real de mercado", muy superior al ofrecido por Fomento en su día.