La Fiscalía Anticorrupción considera "censurable" la gestión de las dietas en Cajasur

La Fiscalía Anticorrupción apreció "falta de celo" y decisiones "censurables" en Cajasur, la caja presidida por el sacerdote Miguel Castillejo, pero sostiene que las "irregularidades apreciadas carecen de entidad para entrar en la órbita penal", por lo que archivó la denuncia que presentó la Junta de Andalucía contra la entidad. El informe que decretó el archivo es especialmente crítico con el reparto de dietas entre los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la caja. "Puede sin duda censurarse la austeridad que preside el pago de dietas por asistir a películas, conciertos o funerales y discutirse si esa asistencia es o no necesaria", dice el fiscal, quien, sin embargo, señala "la intrascendencia penal" de estos hechos.

A principios de septiembre, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón dio por concluida la investigación iniciada tras la denuncia que presentó el Gobierno andaluz contra los mandatarios de la caja, a los que acusaba de falsedad documental y apropiación indebida de 10,3 millones de euros.

Este informe, de 23 folios, analiza punto por punto los extremos recogidos en la denuncia del Gobierno autonómico y concluye que, tras las diligencias realizadas, lo que subyace son diferencias de criterio entre la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, y Cajasur acerca de las normas por las que ha de regirse la caja. "Los criterios mantenidos por la Junta son generalmente más estrictos y austeros que los defendidos por Cajasur", dice el fiscal, quien, pese a apreciar "irregularidades", no cree que los hechos cometidos por los dirigentes de la caja sean lo suficientemente graves como para ser catalogados de delitos.

En tres de los 13 puntos del informe, el fiscal censura el reparto de fondos entre los vocales del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, que celebraba dos sesiones cada día que se celebraba una reunión y cuyos vocales cobraban, por tanto, dos dietas. "Resulta sin duda llamativa esta manera de celebrar las reuniones (...), que no parece tener otra finalidad que la de percibir una mayor remuneración en concepto de dietas", dice el fiscal, quien "ve censurable desde el punto de vista de la gestión" esta circunstancia, pero que apunta que los estatutos de Cajasur avalan esta forma de actuar.

El Gobierno andaluz aseguraba que el cobro de dietas por parte de algunos vocales no era más que una remuneración encubierta, ya que en algún caso se detectaron cobros de dos dietas por actos que se celebraban a la misma hora o que el vicepresidente ejecutivo, el canónigo Juan Arias, todos los meses cobrase lo mismo por dietas.

En la denuncia, y así está recogido en el informe del fiscal, algunos vocales cobraron dietas por ir a misa, a ver películas, exposiciones, inauguraciones, conferencias o un concierto de Rosa, de Operación Triunfo. La caja argumentó al fiscal que todos estos pagos están justificados como "actos de representación".

En la denuncia, la Junta señalaba que en una Asamblea General celebrada el 22 de junio de 2002 el presidente de la Comisión de Control, el canónigo Juan Mairena, había dicho que este órgano había analizado un informe de auditoría, algo que no había ocurrido. En opinión de la Consejería de Economía, este hecho constituía falsear el acta de la comisión.

El fiscal señala que "es cierto que lo manifestado por el presidente de la comisión ante la comisión no era rigurosamente exacto", pero en su opinión "no se trata de una caso de ocultación o tergiversación de información", sino que sólo se constata "una posible falta de celo" en el cumplimiento de sus obligaciones.

Luzón, basándose en un informe del jefe de la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado, recoge en el informe este comentario exculpatorio de Mairena: "No es infrecuente que en las actas se incluyan hechos que no se han cumplido formalmente en su estricta literalidad pero que los miembros de la Junta, Consejo o Comisión salvan y aceptan al estar todos conformes con lo acordado".

Fuentes del Gobierno andaluz han manifestado que "las irregularidades apreciadas" por el fiscal pueden dar lugar a responsabilidades administrativas, una vez que se ha zanjado la vía penal. Además, destacaron que la investigación de Anticorrupción ha sido "desigual o desequilibrada" ya que en algunas partes de la denuncia ha investigado en base a distintas fuentes, mientras que en otras ha dado por bueno "lo que Cajasur ha tenido a bien declarar".