El fiscal niega que la póliza que suscribió la caja a Castillejo sea una indemnización

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón se extiende en su informe en la polémica póliza de 2,9 millones de euros que Cajasur suscribió a favor de su presidente, Miguel Castillejo, y que que permitirá a éste percibir una renta vitalicia cuando abandone la entidad. El fiscal entiende, en contra de la tesis del Gobierno andaluz, que no es una indemnización, figura prohibida por el artículo 50.2 de la Ley de Cajas andaluza, sino una retribución diferida.

Para cerrar aún más el círculo, el fiscal cree que el artículo 50.2 no es de aplicación a Cajasur ya que está "implícitamente" suspendido por el Tribunal Constitucional. La Junta siempre ha defendido que el único artículo que el Constitucional paralizó de la Ley de Cajas andaluza fue la disposición adicional primera, referida al funcionamiento de las cajas fundadas por la Iglesia católica.

En este punto, el informe del fiscal comete el error de asegurar que Cajasur recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cajas andaluza, cuando fue el Gobierno central quien lo hizo, toda vez que la entidad financiera no puede iniciar un litigio de este tipo.

El fiscal da por buenos los datos facilitados por la entidad (elaborados por la auditora Deloitte&Touche) sobre la legalidad y la cuantía de las retribuciones percibidas por Castillejo. Asimismo, dice que las propiedades de Castillejo no suponen "un patrimonio desproporcionado o incompatible con sus ingresos".