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Tribuna:EL ESTADO DE LA JUSTICIA

Tres ejes para un cambio en la justicia

El autor analiza la "defunción" del pacto, los juicios rápidos, la "ocupación partidista del Ministerio Fiscal" y la falta de respuestas a la gran delincuencia y a la criminalidad financiera

I. El presupuesto de Justicia del Ejecutivo central ha experimentado desde 2001, año en que se firmó el Pacto de Estado de la Justicia, una evolución descendente. Lo contrario de lo que se había pactado. Aún peor, en 2004 el gasto directo del Ministerio de Justicia baja en un 2,1% respecto del ejercicio anterior.

El radical incumplimiento por parte del Gobierno del PP del fundamental aspecto presupuestario -de hecho, no se alcanzó ni el 16% de lo comprometido- fue, como se sabe, una de las causas principales de la defunción del Pacto de Estado de la Justicia. La oposición socialista detectó la vulneración objetiva del acuerdo de gasto, pero también una consecuencia política indeseable y menos aparente, de la que no podía hacerse cómplice en modo alguno. En esencia, es la siguiente: como no hay dinero -ni ideas- para construir un marco operativo estable y global para la justicia, el Ejecutivo se ve obligado a una sistemática, y redundante, campaña de propaganda. En la cual enfatiza aspectos parciales de la Administración de Justicia -que estén de moda a ser posible- mientras oculta el resto del muy ineficiente sistema. Un buen ejemplo de lo que digo lo constituyen los juicios rápidos. Los ponen de moda, el ministro de Justicia dice que van bien (no es cierto, pero vamos a suponer que lo fuera), presentan estadísticas banales y se presiona en los media para convencer al público de la bondad de la gestión. Se le dice a usted, estimado lector, que si le roban la radio del coche, que vale 200 euros, y cogen al supuesto autor, tendrá un juicio en 15 días. No se le dice, en cambio, que si le estafan cuando compra su piso de 200.000 euros ya puede prepararse para un proceso de 6, 8 o 10 años, que en el mejor de los casos podrá sobrellevar con un importante coste económico y emocional.

El fiscal anticorrupción debe actuar sin que le habilite previamente la Fiscalía del Estado

Tenemos, de lejos, la peor proporción de jueces por habitante de la Unión Europea

La justicia española gestionó unos siete millones de asuntos el año pasado; los pendientes aumentaron hasta más de dos millones; tenemos, de lejos, la peor proporción de jueces por habitante de la Unión Europea, donde ofrecemos los peores tiempos de respuesta... Hablemos claro a los ciudadanos: la justicia no va bien.

Un servicio tan dañado como éste necesita otra política de gasto público y un marco organizativo global y proporcionado. La decisión estratégica de fondo debe orientarse a la creación de una justicia de primer nivel -de proximidad, dicen algunos- con una fuerte capacidad resolutiva y basada en esquemas procesales no rígidos, para los asuntos más cotidianos y determinantes de la calidad de vida como, por ejemplo, la mayor parte de los temas de consumo, o los pequeños ilícitos penales. Los números de la justicia nos indican que la simplificación, aumento de eficacia y abaratamiento del sistema constituyen un conjunto alcanzable, pero sólo con planteamientos organizativos de fondo.

II. La ocupación partidista del Ministerio Fiscal conforma una situación potencialmente tiránica y, por añadidura, deslegitimadora para el propio Estado. En los últimos años, el Ministerio Fiscal ha sufrido tres andanadas nada inocentes: el partidismo del fiscal general del Estado, la reforma legal que desalojó de las principales jefaturas de la fiscalía sólo a los fiscales incómodos para el Gobierno y el desmoronamiento de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Podemos arreglar democráticamente esos estropicios?

Lo que indica nuestra Constitución es que la fiscalía debe estar sometida a la orientación general de la política criminal del Gobierno; pero en los casos concretos debe obediencia sólo a la ley. Ésta es la tesis garante de la neutralidad que debe ser trasladada a la realidad política y jurídica. Para ello, la persona propuesta por el Gobierno para fiscal general del Estado debe comparecer previamente en el Parlamento, donde se ha de juzgar su idoneidad. Luego, el Gobierno podrá nombrar o no al propuesto, pero la actuación del Parlamento nos permitirá conocer el perfil del candidato, y posibilitará un control público de tan importante nombramiento. Además, la discrecionalidad casi absoluta que tiene el Gobierno para cesar al fiscal general tendría que ser recortada, estableciendo un periodo de mandato dentro del cual el Gobierno sólo pudiera cesarle por causas tasadas.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción tiene que disponer de un marco legal claro que apuntale sus competencias actuales, en vez de dispersarlas hacia la nada, como parece que quiere hacer el área de justicia del Gobierno. Además, hay que eliminar el freno que supone el plácet del fiscal general, de modo que la Fiscalía Anticorrupción actúe cuando objetivamente deba hacerlo, sin necesidad de la actual habilitación previa. Esta fiscalía, bien dotada, resultará decisiva en la investigación y represión de la gran delincuencia en España y, como se verá, en Europa.

III. "Vamos a barrer la calle de delincuentes". Una afirmación fragorosa que contiene y define la política criminal del Gobierno. Política que consiste en la pura e ineficaz represión del pequeño delincuente y que no ofrece respuesta ni a la delincuencia violenta ni a la criminalidad organizada y financiera.

La delincuencia menor tiene una característica estructural bien conocida; es, seguramente, el único terreno penal donde la reinserción es posible. Como es lógico, el poder público debe perseguir la pequeña criminalidad, pero con miras a rehabilitar a todos los delincuentes de este tipo que sea posible. Por imperativo constitucional, pero también por una cuestión de eficacia. Ya que si no son reinsertados, volverán a delinquir al salir de la cárcel. Justo lo que está ocurriendo, y lo que explica que la inseguridad agregada siga en los altos niveles conocidos.

La delincuencia financiera y organizada es otro cantar. Está en la raíz del crimen como fenómeno, y tiene una importante capacidad para desestabilizar la democracia. Ante ella, el Estado tiene que aumentar la consistencia de fiscalías especializadas, definir con claridad el concepto y los diversos niveles de criminalidad organizada y financiera, y realizar una radiografía completa de este tipo de delincuencia, para poder tomar decisiones estratégicas. Esto es, una política criminal inteligente que va a necesitar un nuevo proceso penal acusatorio y flexible para el enganche con la conexión europea.

La realidad nos indica, con total evidencia, que la criminalidad organizada es global, transfronteriza. Esos rasgos determinan la geografía en que se ha de producir la respuesta del sistema democrático. Europa es la cuestión. A partir de la futura Constitución Europea podremos desarrollar el esquema de conceptos indispensables para la lucha contra la gran criminalidad: armonización de las legislaciones de los diferentes países europeos, más cooperación operativa, un fiscal europeo -sobre el que ya hay trabajos sólidos- y el reconocimiento incondicional, en todo el territorio europeo, de las decisiones de los jueces nacionales. Toda una tarea de construcción política y jurídica sobre la que en nuestro país apenas oímos balbuceos.

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José Antonio Alonso es vocal del Consejo General del Poder Judicial

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de octubre de 2003