IC y ERC llaman a los municipios a negar el acceso policial al padrón

ICV y ERC presentarán mociones en los ayuntamientos en los que tienen representación municipal para que los municipios se nieguen a facilitar datos del padrón sobre los inmigrantes al Ministerio del Interior. ICV y ERC sostienen que el acceso policial al padrón, una posibilidad que prevé la nueva Ley de Extranjería pactada por el PP y el PSOE, disuadirá a los sin papeles de empadronarse, lo cual les impedirá acceder a servicios básicos.

Los ayuntamientos de Badalona, Vilanova i la Geltrú y Manresa ya han aprobado mociones, auspiciadas por Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y apoyadas por Esquerra Republicana (ERC) -y por el Partit dels Socialistes (PSC) en el caso de Manresa-, en las que se acuerda que el consistorio no facilite al Ministerio del Interior datos del padrón sobre los inmigrantes cuando el requerimiento no obedezca a motivos delictivos. Actualmente, el ayuntamiento sólo está obligado a dar información confidencial del padrón sobre cualquier ciudadano -inmigrante o no- cuando existen razones relacionadas con algún delito. La reforma de la Ley de Extranjería aprobada la semana pasada en el Congreso gracias a un pacto entre el PP y el PSOE, permite a Interior consultar periódicamente el padrón municipal, lo cual ha generado el rechazo de ICV, ERC, ONG y los sindicatos CC OO y UGT.

En la ciudad de Barcelona, ICV y ERC advierten que la nueva ley, que tiene que entrar en vigor el próximo enero, "boicoteará" el Plan Municipal de Inmigración, que precisamente fomenta el "empadronamiento activo" de los inmigrantes como una herramienta de "acogida" que no sólo permite acceder a los servicios sociales básicos, sino también solicitar la reagrupación familiar o los permisos de trabajo y de residencia.

"ICV defenderá la aplicación del plan municipal por encima de la ley", advirtió ayer la tercera teniente de alcalde de Barcelona y presidenta del grupo municipal de ICV, Imma Mayol. La formación ecosocialista considera justificable la "desobediencia civil" de los ayuntamientos ante una norma que supone un "recorte de los derechos humanos".

ICV planteará, en la próxima reunión de la comisión municipal de inmigración, una actitud de insumisión ante la nueva norma. La portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Pilar Vallugera, eludió hablar de "desobediencia civil", aunque aseguró que su formación, que forma parte junto a ICV del equipo de gobierno encabezado por el socialista Joan Clos, apoyará cualquier medida destinada a "evitar que la policía acceda a datos de ciudadanos por el simple hecho de ser inmigrantes". ERC e ICV señalaron que el grupo socialista en el Ayuntamiento de Barcelona no ha tomado posición aún sobre el asunto. ICV entiende que la obligación de los ayuntamientos de ceder datos del padrón a Interior atenta contra la intimidad de las personas, entra en contradicción con la Ley de Protección de Datos e invade la autonomía local, además de tener un carácter "fuertemente intimidatorio".

Ricard Gomà, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona, destacó la "contradicción flagrante" que existe entre el acceso policial al padrón y la "política de fomento del empadronamiento activo" que prevé el Plan Municipal de Inmigración, aprobado por "unanimidad" por todos los grupos, incluidos el PP y el PSC. Mayol y Gomà consideraron que el apoyo del PSOE a "este nuevo endurecimiento de la Ley de Extranjería que supone esta segunda reforma" responde a motivos "electorales". "El PSOE ha aceptado un acuerdo inaceptable a cambio de evitar una confrontación electoral en esta cuestión", dijo Mayol.El Plan Municipal de Inmigración, destacó Mayol, se pactó tras un año y medio de negociaciones para dar respuesta "a una realidad a la que no se podía dar la espalda". En Barcelona se calcula que hay unos 25.000 inmigrantes sin papeles que, de no estar empadronados, no podrían acceder a servicios básicos como la sanidad o la educación.