La rebelión del territorio

A finales de década de los ochenta, el plan de residuos levantó contra el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) a los agricultores de la Conca de Barberà, contrarios a convertir sus municipios en un macrovertedero. El pulso se llevó por delante a la mayoría de alcaldes nacionalistas de la zona y dejó abierta una herida en aquellas comarcas que aún no está cerrada: olvidada la guerra por el plan de residuos, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, abandona su mandato con un nuevo conflicto popular abierto en el que el medio ambiente es el caballo de batalla: las comarcas del Ebro, feudos de CiU, se niegan a ceder más agua.

Ahora, el helicóptero del presidente no ha sido apedreado, pero los militantes antitrasvase, que no perdonan que CiU firmara el Plan Hidrológico Nacional (PHN) impulsado por el Gobierno del PP, llevan tres años haciéndole pisar una cañería anudada y pintada con sal (símbolo de la que ascenderá desde el mar por el río si éste sufre más detracción de agua) en el asfalto cada vez que pone un pie en las comarcas del Ebro.

"Jordi Pujol tiene una concepción desarrollista, en la que el progreso pasa por encima de la naturaleza", afirma Narcís Prat, de la UB

La ira por el apoyo de Pujol al PHN no proviene sólo de los ciudadanos de a pie. Un gran número de científicos -entre ellos Pedro Arrojo, de la Universidad de Zaragoza y reciente premio Goldman de medio ambiente- ha alertado de las graves consecuencias que el trasvase supondrá para el ecosistema fluvial y para el parque natural del delta del Ebro. El catedrático en ecología de la Universidad de Barcelona Narcís Prat, autor de un estudio sobre las consecuencias de la detracción de los 1.050 hectómetros cúbicos al año previstos en el PHN, asegura que la acción de los gobiernos de Pujol en medio ambiente equivale a la propia noción de éste al respecto: "[Pujol] tiene una concepción desarrollista, en la que el progreso supone pasar por encima de la naturaleza", afirma. Y añade: "Hace años que le pregunté a Pujol por el delta del Ebro y él sólo dijo que era un territorio pobre y que lo importante eran las personas".

Bajo esta premisa, el Gobierno de Pujol suscribió el Plan Hidrológico, y su actuación fue defendida por los suyos a capa y espada. Primero, alegando que la mediación de CiU consiguió establecer medidas reguladoras y condicionantes a la detracción de agua, además de un plan para el delta del Ebro que significaría la aportación de millones de euros. Y segundo porque, decían, dichas medidas permitían, de hecho, paralizar el PHN dado que dejaban al arbitrio del Gobierno catalán la fijación del caudal mínimo medioambiental, que resultaría incompatible con los hectómetros que se trasvasarán.

Finalmente, el pasado julio se presentó el plan ideado por el Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (CPIDE), presidido por CiU y dirigido por representantes del PP. Elaborado por 40 expertos, cifra en 560 millones de euros las inversiones para realizar en 10 años en el tramo final del río Ebro y en el delta. Incluye operaciones destinadas a mejorar la calidad del agua, evitar la subsidencia y el avance de la cuña salina y para la mejora de los cultivos en la zona. Pero no señala el caudal mínimo medioambiental y lo deja para mayores estudios. A esto último se han aferrado los dirigentes de CiU para denunciar ahora el plan, romper el supuesto pacto en el Consorcio y apoyarse en su mayoría numérica en el organismo para devolver el plan por donde había venido, todo ello a escasas semanas de las elecciones. "Hoy el río no tiene suficiente agua y el Gobierno tiene que escuchar a las comunidades autónomas", explica el presidente del CPIDE, Francesc Sancho (CiU), quien se ha visto obligado en estos tres años a dar la cara por el Gobierno catalán como delegado en las convulsas comarcas del Ebro. Una figura creada al calor del PHN y que ha tenido que lidiar contra la crispación popular provocada por el plan, la propuesta de implantación de una gigantesca central de ciclo combinado de gas de la multinacional Enron, y el mapa que permitía la implantación de centrales eólicas en las inmediaciones de los espacios naturales.

Los tres aspectos, relacionados con el medio ambiente en una zona productora de energía -alberga dos de las tres centrales nucleares de Cataluña- y de agua, pero escasa receptora de riqueza. Si el PHN se encuentra al borde del marasmo jurídico (según amenazan los convergentes) y Enron tuvo que renunciar a implantarse en Móra la Nova fruto de la oposición popular, el mapa eólico, otra apuesta del Gobierno de CiU, tampoco goza de buena salud.