Obras Públicas ordena de nuevo el derribo de Las Beatillas

La Dirección General de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha emitido una orden de derribo del complejo turístico Las Beatillas, en El Puerto de Santa María (Cádiz), por considerar que ha sido construido en suelo urbanizable no programado y ejecutado "sin licencia".

El expediente de Obras Públicas detalla que "la comisión de gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María otorgó licencia sólo para las obras de rehabilitación del cortijo existente y para usos de hostelería". Sin embargo la empresa Jale, según consta en la resolución de la Dirección General de Urbanismo de la Junta, ha construido un palacio de congresos de planta baja (más subterráneo) de 1.700 metros cuadrados, un restaurante de 284 metros cuadrados anexionado a un edificio ya existente con anterioridad, cinco pistas deportivas, una carpa de 700 metros cuadrados y un parque infantil, entre otras dotaciones.

El constructor, según la Junta, ha desarrollado las obras "desatendiendo" las sucesivas órdenes de suspensión del Ayuntamiento de El Puerto, por lo que ya el pasado mes de abril estableció una sanción de 2,16 millones de euros contra el promotor.

Se trata de la segunda orden de derribo que dicta la Junta. El pasado mes de abril, el delegado provincial de Obras Públicas en Cádiz, José de Mier, presentó un primer procedimiento de "adecuación a la legalidad", que fue recurrido en forma y fondo por el empresario.

Según la empresa Jale, el delegado de la Junta no estaba cualificado para firmar la orden que, en su caso, debía emanar de una instancia superior del Gobierno andaluz.

Recurso

El propio De Mier explicó ayer que el recurso ha sido atendido y, por tanto, es ahora la Dirección General de los Servicios Centrales de la Consejería de Obras Públicas la que reafirma la intención de derribar el complejo.

En esta ocasión, la resolución está "más solidamente justificada desde el punto de vista legal", según explicó ayer el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, que abogó por una solución negociada al contencioso. "El Ayuntamiento tiene subrogadas estas competencias, por lo que no tiene derecho de decisión. Espero que se encuentre una postura política entre ambos que satisfaga a todas las partes, sobre todo, por los puestos de trabajo que están en juego", afirmó.

La nueva orden de la Junta da un plazo de tres meses al propietario de la instalación, José Antonio López Esteras (de la empresa Jale), para ejecutar la orden de demolición. El escrito de Obras Públicas advierte, no obstante, que contra la decisión cabe recurso por la vía administrativa y judicial.

Por su parte, el empresario, que ya anunció su intención de recurrir la decisión de la Junta, no se pronunció sobre el contenido de la nueva resolución y prefirió esperar a que el documento sea estudiado en detalle por su equipo jurídico.